Por redacción de Sin Comillas
La jueza Laureana Pérez Pérez emitió una sentencia el viernes en la que declara válido el acuerdo alcanzado entre Doral Financial Corporation (NYSE:DRL) y el Departamento de Hacienda. El acuerdo le da a Doral derecho a un reembolso de unos $229 millones por haber pagado en contribuciones sobre ingresos en exceso. En el mes de mayo Hacienda había declarado nulo el acuerdo que reconocía ese reembolso.
En una sentencia de 48 páginas, la jueza determina que el gobierno no probó el falseamiento y que se probó la amplia facultad que tienen los secretarios de Hacienda para formular los acuerdos.
“El Departamento de Hacienda ha defendido vigorosamente los intereses del Pueblo de Puerto Rico en la reclamación de Doral contra el Gobierno. Respetuosamente discrepamos de la decisión del tribunal en este caso, la misma no es cónsona con las disposiciones del Código de Rentas Internas, las leyes y los reglamentos aplicables. Esta determinación judicial establece un mal precedente, por lo que ejercitaremos todas las opciones legales a nuestro alcance para apelarla”, dijo Melba Acosta Febo, Secretaria de Hacienda,
El Gobierno dijo que continuará impugnando el pago de un reintegro de más de $200 millones, que conforme al acuerdo de 2012 se pagaría en cinco plazos a lo largo de un periodo de cinco años, hasta tanto concluyan los procesos apelativos en el sistema judicial. El derecho aplicable exige planes de pago a plazos más largos para el pago de sentencias en contra del Gobierno con el fin de apoyar los esfuerzos actuales del Gobierno en favor de la estabilidad fiscal.
“El Departamento de Hacienda se sostiene en la corrección de sus planteamientos acerca de la nulidad del Acuerdo de 2012 y en que las alegaciones de Doral carecen de fundamentos. Nuestro compromiso siempre ha sido proteger los intereses del Pueblo de Puerto Rico y continuaremos haciéndolo”.
Por su parte, el Secretario de Justicia, César Miranda indicó: “estamos en total desacuerdo con la opinión emitida hoy, la cual entendemos no se ajusta al desfile de prueba que se le presentó al tribunal en este caso tan importante para Puerto Rico. El Departamento de Justicia, conjuntamente con el Departamento de Hacienda, en la protección de los intereses del pueblo, en este caso la cuantía de $229 millones de dinero público, no habremos de claudicar en el reclamo de que se declare la ilegalidad de dicha transacción”.
“En primera instancia, solicitaremos la reconsideración, a la que entendemos que el tribunal debe acceder por ser meritoria, y en todo caso agotaremos los mecanismos apelativos de nuestro proceso judicial”, agregó el Secretario.
Por su parte, el principal asesor legal de Doral, Matthew D. McGill, del bufete Gibson, Dunn y Crutcher, declaró: “estamos profundamente satisfechos por la decisión del tribunal. El tribunal consideró cuidadosamente toda la evidencia y ha determinado que el acuerdo contributivo de Doral es válido. Es un gran día no sólo para Doral, sino también para el estado de derecho en Puerto Rico. Doral está dispuesto a trabajar con el Departamento de Hacienda para dejar este litigio a un lado y trabajar todos por el bien de Puerto Rico”.
Los títulos de Doral se dispararon 30% tras el cierre de la sesión del viernes hasta $7.25. Al cierre de los mercados la acción cayó 3.29% hasta $5.29. El nivel más bajo en las últimas 52 semanas fue $19.00 y el más bajo $1.87.
En el mes de mayo Doral le reclamó a Hacienda el pago de los $229.9 millones después de que el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) le dejara saber a Doral que no podía incluir en sus cuentas esa cantidad de créditos contributivos y que, como resultado, el banco ya no cumplía con los requisitos de capital bajo la Orden de Consentimiento con el FDIC del 2012. Doral, que no obtiene ganancias anuales desde 2005, estaba obligado a levantar capital.
Hacienda responde que el contrato es nulo y que no corresponde el reintegro. Dijo que se pretendió crear un derecho de reintegro por un pago en exceso de contribuciones, cuando en realidad nunca se realizó tal sobrepago. En junio, Doral demanda al Gobierno.
El 20 de junio, el Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC) señala que considera que Doral Bank está descapitalizado y le ordena aumentar su capital en un plazo de 60 días. La entidad empieza a vender algunos de sus activos: $824 millones en préstamos hipotecarios y comerciales morosos a Abbey Finance Holdings PR; $430 millones a Abbey Depositor Inc.; $16.7 millones en préstamos comerciales e hipotecarios; y $192.7 millones en préstamos hipotecarios a FirstBank. Doral señala que los $230 millones que le reclama a Hacienda son parte importante del plan para aumentar su capital.
En agosto, la Securities and Exchange Commission (SEC) informa que está investigando a Doral por ciertos asuntos, entre ellos la decisión de la corporación de incluir ciertos créditos contributivos del Gobierno como parte de su capital Tier 1.
A principios de octubre, el FDIC le exige a Doral que aumente su capital inmediatamente y que entregue el plan de contingencia para la venta, fusión o liquidación de Doral Bank que debía haber entregado el 7 de julio. El FDIC advierte que Doral Bank pasa de la categoría de entidad “descapitalizada”, en la que estaba en junio, a “significativamente descapitalizada” y le da 45 días para entregar al FDIC un plan de restitución de capital.
