Por David R. Martín*  

El mes pasado, dos economistas venezolanos y catedráticos de Harvard, Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, criticaron la decisión del gobierno de Venezuela de seguir pagando a bonistas cuando el país ha incumplido con otros acreedores de suministros vitales. Estos acreedores incluyen a vendedores de medicamentos, comestibles y servicios de transporte. Para poder pagar unos $5.2 mil millones de bonos que vencen en este mes, ahora se rumora la venta de CITGO, la refinería americana y subsidiaria de Petróleos de Venezuela.

Luego de observar que muchos de los bonistas preferidos son venezolanos acaudalados, los dos economistas recomendaron que los bonistas deben compartir los sacrificios de la crisis fiscal con otros acreedores, tal como ha sucedido en la reestructuración de Grecia.

Según The Economist (edición del 20 de septiembre del 2014), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con procesar criminalmente al Sr. Hausmann por decir que incumplir con 30 millones de venezolanos para pagar a bonistas era la “quiebra moral”.

A diferencia de Venezuela, en Puerto Rico las leyes nos protegen de represalias del gobierno cuando criticamos a su política económica y fiscal.  Sin embargo, parecido a Venezuela, las dos últimas administraciones han emulado a este país en el sentido de afirmar su preferencia a los bonistas sobre otros acreedores en vez del bienestar y desarrollo de nuestra isla.

Unos ejemplos específicos incluyen a los despidos en masa de empleados públicos y los intentos de reducir los beneficios de los jubilados del gobierno.  También hemos visto los aumentos de la deuda pública (en particular a la de COFINA) y en los impuestos a consumidores.

Finalmente hemos presenciado las ventas – a precios de quemarropa – de los flujos de caja de dos carreteras importantes de peaje y del Aeropuerto Internacional Luis Munoz Marín.  Cada transacción se hizo bajo los pretextos de “mejorar los servicios públicos” y “salvar el crédito” de las respectivas autoridades que operaban estos activos vitales del estado.

Estas medidas y transacciones han tenido el objetivo principal – no de invertir en activos productivos y nuestro capital humano – sino de pagar a bonistas.

No se sabe a ciencia cierta la cantidad y el perfil característico financiero de los bonistas puertorriqueños.  Pero, por lo general, es de anticiparse que los compradores de bonos puertorriqueños – cuyos intereses son libres de impuestos – sean personas que gozan de una seguridad financiera que no tiene nuestro típico residente.

Ya de una vez, debemos reconocer que no vamos a poder saldar los $73 mil millones que debe el país. Por lo tanto, no debemos seguir intentándolo hacer. Cada dólar que se remite a los bonistas es un dólar menos que podría invertirse en el país.

Como expliqué en un artículo publicado el 5 de agosto en este diario (“No toda nuestra deuda es igual”), los únicos acreedores que tienen derecho a preferencia bajo nuestra constitución son los tenedores de bonos de obligaciones generales y los bonos garantizados por el estado.  Estos ascienden a unos de $15.86 mil millones.  Los bonistas de las demás deudas del gobierno no tienen preferencia y deben compartir el sacrificio con el resto del pueblo. Es decir, no debemos  seguir aumentando impuestos sobre nuestros humildes residentes, o tomando más dinero prestado o vendiendo activos con el fin primordial de pagar a estos bonistas.

De los estimados $1,000 millones que ahorraríamos anualmente del servicio de deuda, deberíamos invertirlos para embellecer a nuestra isla, crear ciudades vivibles y seguras, desarrollar sistemas eficientes y comprensivos de transporte público, y capacitar a nuestra gente para competir en los mercados mundiales.  De esta manera empezaríamos a reconstruir el país y evitaríamos a la quiebra moral.

* El autor es abogado corporativo y autor de Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico (2013).