Por David R. Martín
Partiendo de la premisa que la función primordial de un gobierno es optimizar el bienestar común de las personas dentro de su jurisdicción, es razonable plantear que el número de empleados públicos debe ser proporcional a su población. Es decir, mientras más personas residan en un estado, más empleados públicos se justifican. Utilizando este criterio, examinemos algunos datos para contrastar el tamaño del gobierno de Puerto Rico con el de las demás jurisdicciones de Estados Unidos.
Si comparamos el número de empleados públicos de los otros estados con la población de cada uno, vemos que Puerto Rico se distingue entre los estados que menos empleados públicos tiene.
¿Sorprendente, no?
Puerto Rico ni siquiera cae dentro de los primero diez estados que tienen el mayor porcentaje de empleados públicos según el número de residentes. En particular, bajo este criterio, nuestra Isla cae número 37 de 52 jurisdicciones de EE.UU., incluyendo al Distrito de Columbia. Dicho sea de paso, esta última jurisdicción es la que más empleados públicos tiene como porcentaje de su de población (36.9%), aún antes de contar a los empleados federales. El porcentaje de empleados públicos según la población de los próximos 10 estados y luego saltando a Puerto Rico se presenta gráficamente a continuación:
Otro hecho importante es que durante los últimos diez años, el número de empleados públicos en Puerto Rico se ha desplomado. Desde el 2004 hasta el 2013, la cantidad de empleos públicos (estatales y municipales) ha bajado unos 60,000 puestos o un 20%. Por cierto, durante este mismo periodo, los puestos eliminados del gobierno fueron más que los 41,600 empleos desaparecidos en la manufactura.
Si bien esta reducción de empleados públicos ha acompañado el declive de nuestra población, parece que hemos llegado a un nivel apropiado de servidores públicos. Por supuesto, la cantidad de empleados gubernamentales y la calidad de su gestión son cosas distintas. Pero hablar en términos categóricos de tener que seguir recortando los puestos públicos no se ajusta a los datos comparativos de otros gobiernos con mejores economías que la nuestra.
Debemos, además, reexaminar este hecho conjuntamente con la falta de inversión en proyectos públicos y en nuestro capital humano. La prioridad oficial parece ser aumentar recaudos con el fin principal de “salvar nuestro crédito” frente a los acreedores del gobierno, en vez de adquirir los recursos necesarios para invertir en nuestro futuro y mejorar el país.
Sin embargo, las estrategias del gobierno son inequitativas y contraproducentes. Por un lado, los nuevos impuestos generalmente recaen sobre la clase trabajadora y pequeños comerciantes cuyos ingresos se van cada día disminuyendo. Por otro lado, la herramienta de desarrollo económico más utilizada por el gobierno son los incentivos contributivos para las grandes empresas y personas acaudaladas extranjeras. Para rematar, se conceden estos incentivos a actividades en que Puerto Rico no es competitivo; por ejemplo, la manufactura, la alta tecnología y las finanzas complejas. Por consiguiente, esta estrategia mal concebida promete poco desde el punto de vista de nuevos recaudos adicionales. Las inversiones más grandes son las que estarán exentas de impuestos y son inversiones que pocos empleos generan.
Debemos estar atrayendo a empresas e individuos que vengan a Puerto Rico por sus ventajas inherentes y que estén dispuestos a pagar contribuciones por el privilegio de operar en la isla. Pero las atracciones de Puerto Rico tienen que ser de otra naturaleza y no meramente de bajos impuestos. Me refiero a cosas que requieren el gasto público: una calidad de vida más alta, escuelas de primera categoría, ciudades limpias y seguras, espacios verdes, transporte público eficiente, y servidores del gobierno dedicados a la excelencia.
* Abogado corporativo y autor de “Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico” (2013)
