Nota: Con la intención de escribir un artículo sobre las siempre tirantes relaciones entre las agencias acreditadoras de deuda y el Gobierno hace un año enviamos un cuestionario a varios ex-presidentes de Banco Gubernamental del Fomento (BGF). Sólo dos contestaron y lo hicieron bajo condición de anonimato. Las respuestas se quedaron olvidadas durante un año. Las rescatamos hoy porque mantienen su vigencia.
Por Luisa García Pelatti
El 4 de febrero de 2014, Standard & Poor’s (S&P) degradó la deuda de las Obligaciones Generales de Gobierno a nivel especulativo o chatarra (BB+). Tres días después, Moody’s Investors Service (Moody’s) degradó la deuda dos niveles, y el 11 de febrero era el turno de Fitch Ratings. En esos días la tensión entre el Gobierno y las casas acreditadoras alcanzaban cuotas máximas. Unos meses antes el Gobierno había logrado evitar in extremis la chatarra, pero, como vimos después, no por mucho tiempo.
Después, las agencias han seguido degradando la clasificación de la deuda. A finales de junio, se probó la ley para reestructurar las deudas de corporaciones públicas, y eso desembocó en el llamado “martes negro” (el 1 de julio). Moody’s degradó la deuda tres niveles. El 9 de julio vino la degradación de Fitch y dos días después actuó S&P. La última degradación fue el 10 de septiembre, cuando S&P la degradó a “CC”, el penúltimo nivel en la clasificación de la agencia.
Una vez en la chatarra, el Gobierno parece haber dejado de “pelear” con las agencias acreditadoras y ahora el frente de batalla está en los acreedores y en lograr una negociación de la deuda.
Un expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) explica que la relación con las casas acreditoras es solo un elemento de la relación con los inversionistas en bonos de Puerto Rico y no siempre se ha manejado de la misma forma.
Había un tiempo en que la relación con las agencia acreditadoras se manejaba directamente desde la oficina de BGF en Wall Street. Durante muchos años tres expertos en el tema (Irving Dalin, David Carter y Charles Zimmerman) mantenían contacto personal continuo con los inversionistas y las casas acreditoras. “Ellos eran los ojos y oídos de BGF en Wall Street”, explica otro presidente del BGF. Esa oficina perdió su rol de comunicador principal con los inversionistas y las casas acreditoras en la década de 1990. En el 2008 se decidió que los contactos se manejarían desde la sede del BGF en San Juan.
¿Por qué es importante la opinión de las agencias? Los ex presidentes coinciden en que la opinión de las casas acreditoras afecta directamente la opinión de los inversionistas y su capacidad para invertir en bonos de Puerto Rico. Si Puerto Rico quiere recuperar el acceso a los mercados de financiamiento debe mejorar la clasificación de su deuda, y para ello depende de las decisiones de las agencias clasificadoras de deuda para salir del nivel de chatarra.
Algunas voces señalan que Moody’s, S&P y Fitch no siempre entienden la situación económica y fiscal de Puerto Rico y que por lo tanto toman decisiones equivocada o injustas. “El entendimiento que las agencias acreditadoras tiene de Puerto Rico depende directamente de la información que poseen, y que utilizan para evaluar cuatro factores”. Este ex presidente del BGF explica que las casas acreditoras evalúan cuatro factores objetivos y subjetivos para asignar una clasificación a los instrumentos de deuda. La economía es uno de eso factores y tiene una importancia del 20%; el segundo es la gobernanza, con una ponderación del 30%; el tercero es la fortaleza financiera (30%) y el cuarto la deuda (20%).
“Los factores (1), (3) y (4) son principalmente de naturaleza cuantitativa, y por tanto, su medición es objetiva. El factor (2) Gobernanza es de naturaleza cualitativa, y por tanto, requiere que las casas acreditoras examinen la actitud de los administradores para determinar su disposición a tomar todas las acciones necesarias para pagar las obligaciones a tiempo”, apunta.
“Por ejemplo, cuando la Legislatura aprobó en 24 horas la Ley de Quiebra Criolla, las casas acreditoras interpretaron correctamente que se había terminado el compromiso de pagar todas las deudas del Gobierno y sus empresas. Por esta razón, degradaron todos los bonos. La decisión de aprobar la Ley de Quiebra Criolla afectó negativamente el factor de Gobernanza”.
¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación con ellas? le preguntamos a los ex funcionarios. La respuesta es transparencia. Mejorar la información que ofrece el Gobierno de forma que la puedan usar para evaluar esos cuatro factores, responden.
Reclaman que se publiquen los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico en o antes de diciembre de cada año, o sea, seis meses después del cierre del año fiscal. Ahora mismo no se han podido entregar ni siquiera los estados financieros del año fiscal 2013-2014, cuando el Gobierno debería estar a punto de entregar los del año fiscal 2014-2015. También piden que se publiquen en Internet los ingresos y gastos mensuales del Gobierno mensualmente, siete días después del fin de mes.
