Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Alejandro García Padilla nombró en propiedad a Carlos Del Valle Cruz, Salvador Antonetti Stutts, José Colón Santana, Wanda Rivera Ortiz y a Martha Quiñones Domínguez a la Junta Administrativa del Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico.
Carlos Del Valle Cruz, que se desempeñará como presidente de esta Junta, fue catedrático en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (1990-1991); laboró en el Departamento de Justicia, donde, además de fungir como asesor en asuntos de política pública, fue director de la división de Derechos Civiles (2001-2009/2013); y, desde el 2009, mantiene su práctica privada, la cual se especializa en los temas de discriminación laboral, derechos civiles, litigio constitucional y apelaciones federales.
Salvador Antonetti Stutts trabajó en el Departamento de Justicia como supervisor de la oficina de apelaciones (2005-2008) y, del 2001 al 2002, dirigió la división de litigios federales de la agencia; fue asesor de la exgobernadora Sila María Calderón en asuntos federales (2002-2003); y, en la actualidad, es socio de la firma O’Neill & Borges, donde se concentra en litigación comercial.
Por su parte, José Colón Santana se especializa en litigación comercial y corporativa, derecho laboral y ambiental, entre otros; tiene amplia experiencia en litigación en las cortes del país, la corte federal, el Primer Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Estados Unidos; fue integrante del Comité Coordinador de Hogares Crea, Barrio Tortugo, San Juan (1996-1998); y estuvo a cargo de todas las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional para liberar a la joven Rosa de la Cruz, secuestrada en Colombia, y liberada como resultado de estas gestiones.
Asimismo, la CPA Wanda Rivera Ortiz es profesora en la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; es la vicepresidenta de Cardona Cardona & Associates CPAs; y fue vicepresidenta y auditora interna general del Banco de Desarrollo Económico (1987-1993).
Mientras, Martha Quiñones Domínguez es catedrática del Departamento de Ciencias Sociales en la UPR, Recinto de Arecibo; fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (2008-2010) y vicepresidenta del Caribe de la Asociación de Economistas de América Latina y del Caribe (2010); presidenta del Centro Cultural de Barceloneta (2010-2013); y, actualmente, es consultora, asesora e investigadora de comunidades en forma voluntaria en temas de planificación ambiental y social, ecología social y salud ambiental, entre otros temas.
El 26 de diciembre de 2013, mediante la Ley 165, se creó el Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico. Este organismo tiene como objetivo principal crear un fondo destinado a proveer recursos a las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen representación legal gratuita a personas de escasos recursos económicos en casos de naturaleza civil, Tribunal de Menores y Salones Especializados en Sustancias Controladas.
Para administrar el fondo, se creó la Junta Administrativa, que está compuesta por cinco miembros mayores de 21 años y con experiencia en el proceso de ofrecimiento de servicios legales gratuitos a clientes de escasos recursos económicos. Estos miembros se dividen en: tres abogados admitidos a la práctica legal en Puerto Rico, con un mínimo de cinco años de experiencia laboral en la profesión legal; un profesional de las finanzas y/o la contabilidad, con experiencia mínima de cinco años en su quehacer profesional; y 1 una persona que forme parte del ámbito académico, cívico, comunitario o de notable participación y con amplio reconocimiento en la sociedad civil.
Todos los nombramientos son hechos por el gobernador de forma directa, con excepción del presidente, quien deberá contar con el consejo y consentimiento del Senado.
