Por David R. Martín

A principios de abril, el gobierno de Puerto Rico reveló la contratación de un bufete de Nueva York que ha trabajado en más de 30 reestructuraciones de deuda soberana, incluyendo las de Grecia, Argentina, Irak y Rusia.

Según fuentes de noticias locales, esta firma fue contratada antes de la emisión en marzo de los $3.5 mil millones en nuestros bonos (previamente clasificados como chatarra). Este peritaje se suma a la de otra firma de consultores financieros que están asesorando a la Isla.

No obstante las afirmaciones del gobernador durante su mensaje a la legislatura el 29 de abril, la re-estructuración de la deuda gubernamental parece ser inevitable. En vista de nuestra creencia cuasi-religiosa en las exenciones contributivas para el capital foráneo, el improbable porvenir de inversiones sustanciales del exterior promete poco en cuanto a los recaudos necesarios para controlar la deuda pública de $72 mil millones.

A pesar de este cuadro asombroso, el gobierno persiste en su búsqueda quijotesca de su destino mitológico como una meca de biotecnología, industria aeroespacial y servicios complejos financieros. Poniendo en su correcto contexto unos logros marginales, los resultados de estos esfuerzos han sido un fracaso: ochos años de crecimiento negativo o anémico, aumentos en el desempleo y la creciente fuga de capital humano.

Los orígenes de esta crisis se remontan al 1961 cuando EE.UU. se encontraba enfrascado en la pugna geopolítica entre el comunismo y el capitalismo. Es justo decir que EE.UU. consideraba a Puerto Rico como un contrapeso del mercado libre latinoamericano frente a la ficha caída del comunismo cubano.

Como ejemplo de nuestros avances impresionantes económicos, el entonces gobernador Luis Muñoz Marín ya había salido dos veces en la portada de la revista TIME. Aunque gran parte de nuestro progreso económico se debía a incentivos contributivos federales, la astucia y visión de Muñoz fueron primordiales en optimizar esta ayuda federal mientras duraba.

Sin embargo, para que estos incentivos funcionaran, era necesario adoptar exenciones contributivas locales. No obstante, para los fines de la década de 1950, el sacrificio de nuestros recaudos a cambio de empleos comenzó a dar contra el fondo del barril fiscal. Para poder financiar obras públicas, era necesario tomar prestado. El obstáculo principal que enfrentaba Muñoz era el límite federal de la deuda pública contenido en la Ley de Relaciones Federales. Este límite – esencialmente el mismo límite que todavía tiene el territorio de Guam – se basaba en el valor de los inmuebles en Puerto Rico.

Evidentemente maravillados con Muñoz, que tenía excelentes relaciones con la administración de Kennedy, el Congreso derogó el límite de la deuda en la Ley de Relaciones Federales. Sin embargo, esta derogación llevaba una condición: Puerto Rico tenía que adoptar su propio límite a la deuda pública con una enmienda en la constitución. Sin entrar en los detalles semánticos, el límite de la deuda pública en nuestra constitución es una obra maestra de lenguaje evasivo, restringiendo sólo la deuda “directa” y ciertas deudas “garantizadas”.

Mientras el propósito declarado de la expansión de nuestra capacidad prestataria era para financiar obras públicas que – según Muñoz – se podían “ver” y “tocar”, décadas después, todo bajo el sol comenzó a nutrirse de nuestro excelente crédito de antaño. Un manglar de autoridades, instrumentalidades, fondos y corporaciones públicas se juntan para sufragar sus costos operacionales y deudas en perjuicio del Fondo General.

El resultado es lo que vemos hoy día: contribuyentes puertorriqueños – la mayoría de los cuales siendo individuos con ingresos modestos – naufragados en una montaña tóxica de deuda, pagando lo poco que tienen a bonistas mayormente exentos de impuestos.

Para muchas cosas, el año 1961 fue un año fabuloso. La presidencia de Kennedy comenzó la época moderna del manejo de estados. Chateau Lafite Rothschild tuvo una de sus mejores cosechas de vino. West Side Story ganó el Oscar de la mejor película.

Pero para el bienestar fiscal a largo plazo de Puerto Rico, el 1961 fue el año de un profundo y trascendental error de parte del Congreso.

* Abogado corporativo y autor de Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico (2013)