Por redacción de Sin Comillas
El Concilio de la Industria de la Construcción solicitó que se extienda a por lo menos un año el proceso de evaluación, revisión y adopción del Plan de Uso de Terrenos (PUT). Señalan que se necesita ese tiempo para corregir las deficiencias actuales y asegurar que responda a la realidad cultural, económica y social de Puerto Rico.
Según el Concilio, el PUT no fue creado tomando en cuenta la realidad de Puerto Rico, aparenta congelar el desarrollo planificado de obras residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura en más de un 80% del territorio de Puerto Rico, en un modelo territorial de preservación que amenaza prácticamente toda posibilidad de reactivación económica.
El Concilio está compuesto por la Asociación de Contratistas Generales (AGC), la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR).
Los miembros del Concilio se reunieron en días recientes con el presidente de la Junta de Planificación, Plan. Luis García Pelatti, para discutir el borrador del PUT y ofrecer sus hallazgos y recomendaciones, tras lo cual se acordó establecer diversos grupos de trabajo distribuyendo los temas principales entre las entidades del Concilio allí representadas para así poder trabajar un plan más completo y de un modo ágil.
“El Concilio está a favor de un PUT que guíe el desarrollo adecuado de Puerto Rico, siempre y cuando el mismo responda a la realidad económica, social, cultural y ambiental del País y permita un desarrollo armonioso y respetuoso con nuestro medio ambiente. Por tal razón, el Concilio se reafirma en que el período de adopción se debe extender y evitar así que se adopte un instrumento de forma apresurada que no responda a las necesidades de Puerto Rico. Los representantes del Concilio reiteraron que están en la mejor disposición -como siempre lo han estado- de colaborar con sus conocimientos, ideas y experiencia para lograr que el tema se atienda con la seriedad y responsabilidad que el País merece”.
El presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Roberto “Tito” Trápaga, dijo que “el PUT propuesto tiene el grave problema de que al forzar que el desarrollo de vivienda formal se concentre en los centros urbanos, donde el costo de construcción es más elevado, hace más onerosa la oferta de vivienda y le imposibilita a las familias trabajadoras adquirir una vivienda propia que sea accesible a su realidad económica. Asimismo, el reservar para desarrollo futuro menos del 1% del territorio del país, desalienta nueva inversión en construcción de vivienda asequible para atender la necesidad acumulada de vivienda de más de 100,000 familias”.
Mientras que el presidente de la Asociación de Contratistas Generales, Raúl J. Brás Cummings, dijo que “esta es una iniciativa con un fin deseado, pero con gran camino por andar aún. Haciendo énfasis en el actual estancamiento económico, debemos trabajar juntos para asegurar un plan que elimine todo espacio para arbitrariedad y subjetividad, basándonos en datos sustanciados y buena ciencia, proyecciones, capacidad del estado a respaldarlo a corto, mediano y largo plazo. Aprobar el plan según presentado sería nefasto para el bienestar del país. Una vez más el AGCPR pone a la disposición sus recursos para este fin y confiamos que la actual administración atenderá los elementos aquí expresados”.
De igual modo, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Ing. Edgar Rodríguez Pérez, agregó que “los ingenieros y agrimensores creemos firmemente en un desarrollo sostenible en donde responsablemente puedan coexistir la conservación de nuestro ambiente y un desarrollo ordenado. El PUT es vital para nuestra planificación como país y dentro de esta planificación tiene que darse el espacio al desarrollo responsable el cual es realizado por miles de colegas siguiendo los estándares y códigos vigentes. Nuestra principal preocupación es que de no ser así, seguiremos viendo la proliferación del desarrollo informal de viviendas; lo cual representa un riesgo a la salud y seguridad de los propios dueños”.
