Por José J. Villamil*
Un comunicado emitido luego de una vista del Senado sobre la Ley de Cabotaje puede haber ocasionado alguna confusión. Por eso quiero hacer esta aclaración en torno a mi posición. Posiblemente lo que mejor la define es mi insistencia en que las decisiones de política pública se hagan sobre las bases de un análisis cuidadoso y objetivo, lo que en inglés llaman “evidence based policymaking”. Tomar decisiones de política pública por razones ideológicas, por preferencias individuales o por intuición no conduce a buenos resultados, particularmente cuando se trata de temas de carácter técnico, muy complejos y cuyos efectos se sentirán por mucho tiempo.
Hasta este momento los únicos números presentados han sido los mencionados por mí y lo que sugieren es que el impacto del cabotaje es mínimo en la economía y que, inclusive, pueden haber beneficios debido al servicio dedicado, la variedad en tamaños de los furgones y algunas otras características del servicio de carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Los estimados hechos por algunos de mis colegas y por otras personas sobre el impacto de la Ley Jones sufren de serias limitaciones:
1. Se limitan al tráfico de EE.UU. a Puerto Rico (“southbound”) y no incluyen el tráfico en la otra dirección (“northbound”) en que los costos son muy bajos.
2. La comparación se hace con los costos actuales de líneas internacionales y no, como debe ser, con los costos que tendrían que incurrir dichas líneas si entraran al mercado doméstico, que serían mucho mayor.
3. Atribuyen la totalidad del costo de mover un furgón de EE.UU. a Puerto Rico a la Ley de Cabotaje, cuando en realidad alrededor del 80 por ciento del costo nada tiene que ver con la Ley y no se modificaría en absoluto de eliminarse la Ley.
4. Se basan sobre un desconocimiento de cómo funciona la industria de carga marítima a nivel internacional suponiendo, por ejemplo, que es un mercado competitivo cuando en realidad no lo es, y pasando por alto otras tendencias como es el aumento en la capacidad de los barcos y lo que esto implica para Puerto Rico.
5. No le atribuyen beneficio alguno a la certeza que conlleva el “servicio dedicado” actual para las empresas locales, tanto importadoras como exportadoras.
Posiblemente hay razones para solicitar que se elimine o se enmiende la Ley de Cabotaje, pero la evidencia empírica sugiere que el impacto económico negativo es muy poco y que eliminar la Ley no tendrá el impacto positivo que se le atribuye. En muchas ocasiones he dicho que si se encuentra que los números son erróneos cambio de opinión. Estoy seguro que ya debe haber un esfuerzo encaminado en busca de esos errores.
Con los retos económicos inmediatos que tenemos ante nosotros, se trata de un tema que debe pasar a segundo plano. Los recursos políticos e intelectuales dedicados al tema deben dedicarse a otros de mayor urgencia e importancia. En todo caso, de querer seguir adelante con el tema de la Ley de Cabotaje, lo indicado es organizar un equipo de analistas conocedores de la industria, particularmente a nivel internacional, con la capacidad de hacer un análisis objetivo de la Ley y de lo que conllevaría su eliminación.
* El autor es presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, Inc.
