Por Joel Pizá Batiz*
Muchos comerciantes han levantado su voz en contra de las altas tarifas que muchas compañías de tarjetas de crédito les imponen para que estos puedan aceptar dicho método de pago en sus establecimientos. En especial, hemos escuchado este tipo de críticas en contra de la compañía American Express. En consecuencia, los comerciantes han querido impugnar los altos costos en contra de la antedicha compañía en los tribunales de justicia, pero se han encontrado con un gran obstáculo: el arbitraje.
American Express, junto con otro tipo de compañías, han adoptado la práctica de requerirles a sus clientes que para hacer negocios con ellos deben firmar un contrato que expresa que, de surgir algún pleito, el mismo será resuelto a través de arbitraje y no a través de los tribunales. El contrato también expone que las alegaciones se harán de forma individual, eludiendo así los pleitos de clase. Tales casos se llevaran conforme a la ley llamada: “Federal Arbitration Act” mejor conocida como FAA por sus siglas en ingles.
En el año 1925 el Congreso aprobó la ley llamada “Federal Arbitration Act” – FAA- firmada por el presidente Calvin Coolidge. El propósito de esta ley era agilizar la resolución de disputas de forma extrajudicial y proteger a los comercios de los costosos pleitos de clase. Pero la ley proveía ciertos escenarios específicos para la revisión judicial de dichas determinaciones. Esta ley federal aplica a contratos donde las partes estén llevando acabo transacciones bajo la cláusula de comercio interestatal y bajo contratos realizados fundamentados en leyes estatales. Esta ultima aplicación fue como resultado del la decisión del caso “Southland Corp. v. Keating” en el 1984.
El pasado junio 20 de 2013, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una opinión en el caso llamado: “American Express Co. v. Italian Colors Restaurant”. En este caso, el Tribunal Supremo Federal dictaminó que el requerimiento mandatario de resolución de disputas a través de arbitrajes individuales son válidos, aunque los costos del litigio sean más elevados que la posible cuantía a recuperar. Veamos los hechos de este caso.
Todo comenzó con una demanda de clase antimonopolística liderada por un establecimiento llamado “Italian Colors Restaurant” en el estado de California. Dicha demanda se presentó en contra de la compañía American Express por las altas tarifas que esta compañía les impone a los negocios. Un 30% más en comparación con otras compañías de tarjetas de crédito. El contrato que estos negocios habían firmado con la compañía expresaba que todo conflicto se dirimiría a través de arbitraje. En la primera parte de este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó en esta ocasión como el negocio había firmado el contrato de manera voluntaria y con total anuencia, la cláusula del antedicho contrato era válida, aunque se tratara de un pleito antimonopolístico.
Luego, en febrero del 2012, los abogados de este mismo caso le solicitaron a los tribunales que declararan inválido el acuerdo de arbitraje por poseer una cláusula que requería que los pleitos se llevaran en forma individual y no de forma colectiva. La argumentación jurídica para este reclamo era que los gastos en los cuales tendría que incurrir el comerciante en este tipo de controversia monopolística excedía el millón de dólares y el monto controvertido que Italian Colors Restaurant podría recuperar, de salir favorecido, solo sería de unos $38,000. Por lo tanto, era un costo prohibitivo para el comerciante iniciar el reclamo por si mismo, pues los altos costos tenían el efecto de condenar a los comerciantes al ostracismo judicial y sin acceso a la justicia. Algo que los pleitos de clase podían subsanar, ya que los gastos de la defensa se distribuirían entre varios afectados por dichas altas tarifas.
El segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones Federal fallo a favor de “Italian Colors Restaurant” sustentando su decisión en un caso llamado “Tree Financial Corp.-Alabama v. Randolph” del año 2001. En este caso, el Juez presidente del Tribunal Supremo para dicho año, Willima Rehnquist, expresó de manera ambigua que en un contrato de arbitraje donde la parte tenía que sufragar altos costos de dicho arbitraje poseía un efecto de impedir la vindicación de sus reclamos. Una corriente de pensamiento que venía sonando desde 1985. El segundo Circuito sustentó su decisión en que sí existía una excepción en los contratos de arbitraje que exigían que los reclamos se ejerzan de manera individual. Esta excepción se activaba cuando los altos costos que la parte afectada tenía que incurrir impedían la vindicación de sus derechos y reclamos.
Es importante destacar como el Tribunal Supremo últimamente ha validado las cláusulas en los contratos que requieren que el arbitraje sea individual y no a través de pleitos de clase. En un caso sumamente importante llamado “AT&T Mobility LLC v. Concepción” del año 2011, el Tribunal Supremo Federal dictaminó que el “Federal Arbitration Act” desplazada y ocupaba el campo estatal y que los requerimientos de reclamos de forma individual a través del arbitraje eran válidos aunque la ley del estado de donde surgía la controversia los prohibiera.
El 20 de junio de 2013 a través de una opinión del Juez Scalia y una mayoría compuesta de 5 jueces a favor y 3 en contra (con la inhibición de la jueza Sotomayor por haber participado en la decisión de este caso en el Circuito de Apelaciones), el Supremo Federal dictaminó que el contrato de arbitraje era válido y no violaba el “Federal Arbitration Act”. El exigirle a los firmantes del contrato la resolución de disputas de manera individual en un proceso de arbitraje y no a través de un pleito de clase, aún cuando los gastos de la parte afectada sean sumamente altos, no violaba el FAA porque dicho estatuto del Congreso no establecía de manera explicita dicha excepción. El juez Scalia expresó que en el contexto en que se expresó la excepción de carencia de vindicación se dio ante un contrato de arbitraje que uno proveía remedio a la disputa y no en uno en que existían altos costos.
La jueza asociada del Tribunal Supremo, Elena Kagan, expresó en su opinión disidente que la opinión de la mayoría lograba que las compañías eludieran la revisión judicial en actividades monopolísticas a través de un contrato de arbitraje. El Procurador General de los Estados Unidos en representación de la administración del Presidente Obama, también argumentó en contra de este tipo de prácticas.
Esta decisión sin duda alguna logró fortalecer a las compañías, especialmente en el sector financiero. Ahora poseen permiso directo de la Corte Suprema Federal para realizar contratos en donde cualquier reclamo se va a realizar a través de arbitraje aunque los costos de estos sean sumamente altos.
Las alternativas que poseen los comerciantes son: (1) Que el congreso apruebe legislación enmendando el “Federal Arbitration Act e incluya la excepción y así revocar la antedicha decisión; (2) Que el mismo Tribunal Supremo se revoque a sí mismo y (3) que el “Consumer Financial Protection Consumer Bureau” (CFPB) tome acción. El Congreso le delegó al CFCF el poder para regular los contratos de arbitraje que afecten al consumidor.
Existe mucha esperanza por parte de los comerciantes; y mucha preocupación por parte de las compañías que realizan este tipo de contratos por el curso de acción que pueda tomar la CFPB.
Algunos podrán decir que el gobierno federal puede, por sí mismo, iniciar acciones anti-monopolísticas en contra de los negocios. Pero como expresó Constantine Cannon, un abogado especializado en pleitos de clase en la revista Forbes: “el gobierno federal no puede recuperar ganancias para terceros” en este caso, los comerciantes.
* El autor es estudiante de Derecho de la Universidad Católica.
