Por redacción de Sin Comillas
A partir de diciembre llegará a Puerto Rico un grupo de funcionarios federales que “asistirán” al Gobierno del ELA a capear la crisis económica por la que atravesamos. Son “expertos federales” en áreas como educación, vivienda, protección ambiental, desarrollo energético y manejo fiscal de fondos. La noticia indica que no se trata de asignar más dinero sino aconsejar en cuanto a cómo obtener y hacer uso correcto y óptimo de los fondos federales ya disponibles.
Ante eso, el presidente de la Alianza pro libre asociación soberana (ALAS), profesor José L. Arbona, indica que la organización no se declara antagónica a la presencia de funcionarios federales, condicionado a que realmente se trate de un esfuerzo de colaboración en calidad consultiva y no una sindicatura federal disfrazada. Pero ALAS sí deplora la falta de foco estratégico de ambos gobiernos, el federal y el de Puerto Rico.
Señala Arbona que “el problema actual de la economía puertorriqueña es que está orientada más al consumo que hacia la producción. Si los fondos federales siguen auspiciando el vicio del consumo sobre la virtud de levantar la capacidad productiva, nuestro problema de insuficiencia económica no se resolverá.”
Según el presidente de ALAS, “el gobierno federal contribuiría mucho más al fortalecimiento de nuestra economía y a superar el desbalance fiscal si nos permitiese desarrollar un plan económico estratégico para estimular actividades productivas locales. Para eso tendría que estar dispuesto a eximirnos de ciertas leyes y regulaciones que hoy traban nuestras posibles estrategias. Por ejemplo, librarnos de las leyes de cabotaje y no aplicarnos las reglas uniformes de comercio interestatal. Además, ayudaría que nos reconocieran la capacidad de negociar acuerdos comerciales particulares con otros países, fuera del redil federal. Otra contribución sustancial del gobierno federal sería reinstituir el beneficio de exención contributiva federal para las empresas estadounidenses industriales que se establezcan en la isla o, en su defecto, conceder un crédito contributivo federal por los empleos creados en PR por dichas empresas. Y todo lo anterior complementarlo con una redistribución de los fondos federales ya asignados, concediéndolos en bloque para que los podamos utilizar conforme con las prioridades de desarrollo que nosotros identifiquemos.”
Pero ALAS reconoce que lo que propone no es muy probable de lograr dentro del actual régimen político y jurídico del ELA existente. Por lo tanto, reitera lo que casi todas las otras organizaciones políticas de PR también reconocen: el ELA languidece y se requiere su sustitución. “La situación nos obliga –dice Arbona– a plantear la patente necesidad de que se aligeren las gestiones gubernamentales para convocar a un proceso efectivo y legítimo de autodeterminación que lleve a nuestra descolonización. Que no se utilice la “iniciativa” federal que se ha anunciado, con anuencia del gobierno de PR, para detener la consideración de acciones descolonizadoras, sea por vía de un plebiscito con opciones no coloniales o convocando a una Asamblea de estatus aceptable a todas las partes concernidas”.
