Por Luisa García Pelatti
El Gobierno tiene la obligación de mantener un presupuesto balanceado. Lo exige la Constitución y las agencias clasificadoras. Pero no puede pedir más dinero prestado para financiar el déficit porque ha perdido la confianza de los mercados. Tampoco puede reducir drásticamente los gastos o aumentar los impuestos porque se agudizaría la recesión. Este es el análisis que realiza el Centro para una Nueva Economía (CNE) y que publica en su blog bajo el título de “Cofina III”.
“En medio de esta ‘tormenta perfecta’ el gobierno de Puerto Rico ha decido hacer exactamente lo que hizo la pasada administración: aumentar la cantidad de fondos generados por el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que se le traspasan a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) para que ésta emita bonos a largo plazo. Los fondos generados por la emisión de bonos se utilizarán para financiar gastos operacionales, para cuadrar el presupuesto de este año fiscal y del año que viene, así como para el repago de deudas incurridas con el Banco Gubernamental de Fomento”, explica Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE.
Marxuach opina que es “un error garrafal” emitir deuda a largo plazo para financiar consumo y gastos operacionales a corto plazo. Pero además, es moralmente injusto para las generaciones futuras.
Pero nada de esto debería sorprendernos, ya que como dice Marxuach “Puerto Rico lleva años operando en un estado de insolvencia estructural crónica”.
