Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Constructores de Hogares, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y la Asociación de Contratistas Generales emplazaron a la Junta de Planificación y al Departamento de Recursos Naturales a que desistan de su intento de aprobar el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso como está propuesto en mapas y documentos presentados por ambas agencias, entienden que desvirtúa el compromiso de trabajar en consenso con la redacción de un Plan de Uso de Terrenos apropiado.
Las organizaciones solicitan a la actual Administración a que continúe el diálogo iniciado con el sector productivo del país, para juntos establecer estrategias que redunden en una planificación justa y sostenible que promulgue la protección del ambiente y el desarrollo económico.
“Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la conservación y mejor utilización de los recursos naturales, reconocemos la importancia de la zona cársica. Por tal razón y luego de un amplio diálogo entre los sectores productivos solicitamos que, tanto la Junta como el Departamento de Recursos Naturales desista de la discusión de este nuevo reglamento, que traería consigo la paralización del desarrollo responsable contrario a la Ley 292 de -1999, conocida como “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico”, señaló el Presidente de la ACH, Alejandro Brito.
Brito señala que mediante la Ley 292 se establece como “política pública del Gobierno de Puerto Rico” proteger, conservar y manejar para beneficio de ésta y futuras generaciones la fisiografía cársica de Puerto Rico. “El Reglamento no logrará ese objetivo mientras que, en esencia, congelará la actividad productiva en el norte de Puerto Rico y sectores del sur y oeste”.
Por su parte, Santiago Domenech, Presidente de la (ACG) explicó que el reglamento propuesto es contrario a la “Ley Núm. 161- de 2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, la cual se estableció con el propósito de “facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en el crecimiento de más, mejores y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado”.
“Como profesionales velamos y somos responsables con el ambiente, porque tenemos la preparación y los recursos técnicos para atender las particularidades de la fisiografía cársica. Contamos con ingenieros de suelo, geólogos, ingenieros ambientales, estructurales, ingenieros civiles, todos enfocados en lograr desarrollos sostenibles, responsables y que sirvan para impulsar la economía y la creación de empleos, añadió Domenech.
La presidenta del CAAPPR, Pilarín Ferrer Dicho señaló que el reglamento que estará discutiendo en vistas públicas, la Junta de Planificacion y el Departamento de Recursos Naturales, es una iniciativa que pretende, exigir una consulta de ubicación a todo proyecto dentro de la zona carsíca que se extenderá por más de 52 municipios, incluyendo la islas Vieques y Culebra. Este requisito vendría a complicar aún más el ya complejo trámite de permisología, y podría comprometer la viabilidad de cualquier tipo de desarrollo en el area Norte de la Isla, además de que tendría un impacto sobre los costos por solicitar un permiso.
Ferrer, señaló que el Colegio “entiende que el Plan de Uso de Terrenos debe trabajarse y ser aprobado, antes de discutir un plan de tanta envergadura como este, el cual sin duda debe ser parte integral de dicho Plan de Usos de Terrenos. Trabajar, por separado, en la delimitación de la Zona del Carso no deja claro como se integraría a los planes de ordenación territorial actuales y de los municipios autónomos. La experiencia ha demostrado que el encarecer y complicar el trán mite de permisos lejos de promover el cumplimiento con los mismos fomenta la construcción informal que no reconoce ni códigos ni zonificación”, sostuvo.
Para Brito que el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso, según propuesto, amplia un área de protección de la zona cársica que limitaría casi por completo el desarrollo en una franja que va desde el municipio de Loiza hasta Aguadilla. Esta zona aparece en los nuevos mapas identificada como (APE-ZC).
“De manera disparatada han creado una zona de protección que va de la costa a la montaña incluyendo de manera absurda áreas como el Aeropuerto Luis Munoz Marín, el Viejo San Juan entre otras que no guarda relación alguna con la zona cársica del país. Este intento produce grandes preocupaciones, no sólo al sector de la construcción del país, sino que pone en riesgo cualquier tipo de desarrollo que se pueda llevar a cabo en 52 municipios”, denuncio Brito.
“Primero que todo, tratar de imponer un reglamento por encima de una Ley, nos parece una decisión que deja mucho que decir de quienes desean realizar cambios, sin ser discutidos con los sectores que directamente se pueden ver afectados con la decisión. Además, este intento da al traste con la urgente política pública de esta administración y esfuerzos por crear empleos dentro del contexto de un desarrollo económico sustentable en el país En toda gestión de protección del ambiente se tiene que procurar un balance entre desarrollo y naturaleza, pero de esta manera no se lograra”, expresó el Presidente de la ACH.
Los líderes del esta organizaciones coincidieron en su análisis que con este reglamento da un paso atrás de grandes proporciones ya que nuevamente pone el criterio evaluativo y decisional en manos de Recursos Naturales, algo que en el pasado detuvo por años el desarrollo económico y provoco un estancamiento en la permisología del país.
“El Departamento de Recursos Naturales no tiene ni el personal ni los recursos para atender con efectividad las cientos de solicitudes que le llegarían mediante este reglamento. Este nuevo reglamento violenta la Ley 161 (OGPE) de Permisos y La Ley de Municipios Autónomos al intentar sobre imponer limitaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios”.
“Nuestro reclamo es cónsono con la política pública del gobierno, la conservación de nuestro ambiente creando las oportunidades de desarrollo organizado y planificado. Hoy exigimos a que no traigan por la cocina y de manera apresurada un reglamento sin consultar con los sectores productivos y de creación de empleo en el país”, señala el comunicado emitido en conjunto por las tres organizaciones.
