Por Luisa García Pelatti
El 14% de los estudiantes universitarios, unos 33,000, están en alto riesgo de no poder continuar sus estudios universitarios debido a los cambios en las becas Pell. Otro 16%, unos 37,000 estudiantes adicionales se consideran que están en riesgo moderado. En total, alrededor de 70,0000 estudiantes universitarios se afectarán con los cambios, según el “Estudio de los efectos que tendría en la educación postsecundaria de Puerto Rico un cambio en los fondos de Título IV (becas Pell), comisionado por el Consejo de Educación Superior.
Los estudiantes que estudiante en instituciones privadas son los que están en mayor riesgo. Los cambios afectarán también a las instituciones privadas, principalmente a los que tienen una mayor dependencia de las becas Pell.
Tomando en cuenta que cada estudiante recibe cerca de $5,000 en becas, los cambios podría significar un impacto de $350 millones. Los economistas Juan Lara y Carlos Colón de Armas, que estuvieron a cargo del estudio, identificaron que los cambios en las becas incluyen: reducción en el monto máximo ($5,000) y en el mínimo ($500); reducción en la duración de la beca, de 18 semestres a no más de 12; reducción de $30,000 a $23,000 en el ingreso familiar máximo para ser elegible; y la exigencia de haberse graduado de escuela superior.
Puerto Rico ocupa el primer lugar en dinero recibido por los estudiantes y las instituciones privadas, cuando se compara con Estados Unidos. Las becas Pell cubren entre en 80% y el 90% del costo de matrícula.
El estudio encontró mayor vulnerabilidad en instituciones privadas debido a que tienen una mayor dependencia de las becas.
Lara y Colón de Armas señalaron que el programa de becas estatales podría ayudar a mitigar los efectos de los cambios en las becas Pell, pero el problema es que en los últimos años se han asignado sólo $20 millones de los $25 millones que exige la ley, y habría que añadir una cantidad significativa de fondos, que en este momento la precaria situación fiscal del Gobierno no permite llevar a cabo. Por lo tanto, la capacidad del programa de becas estatales es muy limitada.
El fondo que consiste de $25 millones según lo dispone la Ley 435 de 2004, ha sido el recurso principal de ayuda suplementaria para que miles de estudiantes puedan sufragar sus estudios de educación postsecundaria.
Existen otros factores de riesgo para las universidades que reducen la demanda: el envejecimiento de la población y la emigración.
Otro tema de preocupación es la morosidad en el pago de préstamos de estudiantes con fondos federales. Puerto Rico es segundo en esta poco honrosa lista de jurisdicciones con más problemas de morosidad. Colón de Armas advierte que una posible consecuencia de esa alta morosidad podría ser una reducción de los beneficios, además de que pone al estudiante en una situación financiera de riesgo.
Los economistas a cargo del estudio proponen lanzar una campaña de concienciación en la Legislatura para promover un aumento sustancial en los fondos del programa de becas estatales. Que en los criterios de entrega de las becas se combine mérito y necesidad.
