Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 848 que enmienda la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña”, un proyecto peticionado por la misma comunidad. Con esto el primer ejecutivo deja sin efecto tanto la Ley 32 del 2009 como la Ley 70 del 2011 que restaban derechos a la gente del Caño y logra proteger el proyecto comunitario para que en el futuro no sufra cambios arbitrarios.
La Ley 32 del 2009 pretendía detener el traspaso de propiedades inmuebles por parte del Municipio de San Juan a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Por su parte, la Ley 70 del 2011 procuraba imponerle trabas a la titularidad colectiva que había sido otorgada a la comunidad durante la administración de la gobernadora Sila Calderón. Con su firma, García Padilla logra reinstalar los derechos adquiridos que otorgaba la ley original del 2004 y habían sido desvirtuados por estos dos estatutos.
El PC 848 también establece la naturaleza privada, perpetua y única del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Al darle personalidad jurídica propia y duración perpetua al Fideicomiso, se privilegia la titularidad colectiva de tierras que logra agilizar y reducir los costos asociados al dragado del Caño Martín Peña. Con esta acción se previene el desalojo involuntario de las comunidades del distrito. Además, sirve como instrumento de superación de la pobreza para los residentes y promueve la disponibilidad de vivienda digna y asequible a largo plazo.
