Puerto Rico recibirá $1,436 millones en inversión privada como resultado de la Alianza Público-Privada (APP) anunciada hoy para mejorar, rehabilitar y asegurar estándares de clase mundial en las autopistas PR-22 y PR-5. Se trata de la inversión privada en infraestructura más grande que se ha realizado en lo que va de año en Puerto Rico y Estados Unidos. La inversión permitirá también saldar parte de la deuda pública de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
El consorcio formado por Abertis y Goldman Sachs ganó la concesión para operar las autopistas durante los próximos 40 años al ofrecer $1,080 millones, y otros $356 millones en inversiones. El otro consorcio interesado era el formado por OHL Concesiones y JP Morgan, que ofreció una cantidad inferior $960 millones. La cantidad ofrecida por Abertis es 13% superior a la propuesta de OHL y está 20% por encima de lo que el Gobierno esperaba. Para operar la PR-22 y la PR-5 el consorcio ganador ha creado la compañía Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC.
Como parte de la inversión total de $1,436 millones, más de $350 millones en inversión estimada irán para mejoras y conservación de la PR-22 y PR-5. Específicamente, un estimado de $56 millones se invertirá de manera inmediata—empezando este año y durante los próximos tres años—en obra dirigida a rehabilitar y mejorar la seguridad de estas dos autopistas. Esta obra incluirá mejoras al alumbrado, al pavimento, al sistema de desagüe, a las barreras de seguridad, a la rotulación de las autopistas, y a la rehabilitación de puentes y elevados, entre otras. Esta inversión inmediata deberá generar unos 1,000 nuevos empleos directos, indirectos e inducidos. Además, unos $300 millones se invertirán en los años subsiguientes para asegurar un mantenimiento recurrente en estas autopistas.
Como parte de la Alianza, el consorcio seleccionado deberá cumplir con una serie de estándares de operación, servicio, conservación y manejo ambiental específicamente estipulados en el acuerdo de concesión que incluirán requerimientos de clase mundial como: servicio de respuesta rápida en 15 minutos en caso de incidentes vehiculares; reparación de huecos en 24 horas; manejo de incidentes de vandalismo, como graffiti, en 24 horas; envío de personal en 15 minutos en caso de derrames de material no tóxico; y remoción de animales muertos de la vía en 8 horas, entre otros requisitos. El consorcio también hará un pago de $450,000 anuales a la Policía de Puerto Rico para mejorar el equipo de patrullaje y seguridad en las autopistas.
La inversión financiera del consorcio irá dirigida a reducir la billonaria deuda pública de la ACT, lo que le permitirá a ésta comenzar a rehabilitar sus finanzas para poder hacer obra en las otras carreteras y autopistas del país. Entre los años 2000 y 2006, la deuda pública de la ACT casi se duplicó, de $3,968 millones en el año fiscal 2000 a $6,462 millones en el año fiscal 2006. Este alto volumen de deuda impide a la ACT realizar inversiones necesarias en el mantenimiento y desarrollo de infraestructura y transporte colectivo para Puerto Rico.
El consorcio ganador es un líder global en la gestión de infraestructuras. Por un lado, Goldman Sachs Infrastructure Partners es un fondo de inversiones especializado en infraestructura con sobre $10,000 millones en capital. Por otro lado, Abertis es una compañía global que se sitúa entre los primeros 10 operadores de infraestructuras de transporte en el mundo con presencia en 15 países y maneja directamente sobre 2,300 millas de autopistas, incluyendo el Puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico.
“Nos honra haber sido parte de un proceso de tan alto nivel y, más aún, haber sido seleccionados para dar paso, junto al Gobierno de Puerto Rico, al primer proyecto de Alianza Público-Privada de autopistas en Estados Unidos desde el 2006”, indicó Luis Palazzi, representante del consorcio Goldman Sachs / Abertis.
Las Alianzas Público-Privadas son contratos entre el gobierno y una entidad no gubernamental que permiten estimular la economía de Puerto Rico, crear empleos y echar adelante proyectos de infraestructura para beneficio de todos los puertorriqueños. Este tipo de contrato, llamado concesión administrativa, está contemplado en la Constitución de Puerto Rico, en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria de Puerto Rico y en el Reglamento del Registro de la Propiedad. Las Alianzas permiten el desarrollo de infraestructura de calidad mundial en un tiempo en el que la difícil situación financiera por la que atraviesan las corporaciones públicas no permite lograrlo de otra manera. A través de las Alianzas, el Pueblo de Puerto Rico sigue siendo el dueño de los proyectos, pero los riesgos de los mismos se le transfieren al sector privado, el cual los desarrolla más rápida y efectivamente, garantizando al mismo tiempo la más alta calidad en el desempeño. Puede encontrar más información en la página de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.
