Por Luisa García Pelatti
Un impuesto similar a la patente municipal, pero aplicable a nivel del gobierno central, podría ser una alternativa a los cambios en el Impuesto sobre Ventas y Uso (USO) que ha planteado el Gobierno (Proyecto de la Cámara 1073) y a los que se oponen todas las organizaciones profesionales. La propuesta es de José J. Villamil, presidente de la junta de directores de Estudios Técnicos, Inc., una firma de consultoría económica. Villamil propone una “patente nacional” que variaría entre 1.0% y 1.5% del volumen total de ventas de una empresa o entidad profesional, y que pagarían las empresas que en la actualidad pagan la patente municipal. Se podría eximir del pago a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Con un 1.5% se generarían más de $1,100 millones y sería viable mantener las exenciones del IVU y eliminar otras medidas, como el impuesto sobre bienes muebles, el 1.0% en primas de seguros y la sobretasa de 2.0% a los empleados que trabajan por su cuenta y tienen ingresos superiores a los $100,000. La “patente” se cobraría una vez al año, el 1 de julio y aplicaría a las ventas reportadas en el año calendario anterior, tal y como se calcula la patente municipal.
“El objetivo es recaudar lo necesario de la manera más sencilla, que evite la evasión, y que tenga el menor impacto en cuanto a distorsionar la asignación de recursos”, explica Villamil. Otro efecto buscado es que el impuesto tenga el menor impacto multiplicador. Esto último resulta ser un problema particularmente serio en el PC 1073 pues el impuesto se aplica a todos los niveles de la cadena de producción. “Aunque hay mecanismos para mitigar este efecto, los mismos implican costos adicionales para la administración del sistema contributivo y no garantizan que se protege el flujo de efectivo de las empresas, ni que mejorarán el impacto en el consumidor notablemente. El impacto de las medidas propuestas en las empresas pequeñas y medianas y en profesionales puede ser severo, no solo por el 6.5%, sino también por el costo de cumplimiento”, opina.
Villamil propone tres maneras de aplicar este impuesto: 1. aplicar el mismo por ciento a todas las empresas; 2. segmentar por tamaño y 3. segmentar por tipo de empresa. “Lo primero sería lo más sencillo y lo tercero lo más complejo”. En cuanto a la segunda opción, es viable eximir del pago del nuevo impuesto a empresas o entidades profesionales con un volumen menor de $500,000 y aumentar el impuesto a 2.0% a empresas con ventas en Puerto Rico de sobre $25 millones. Si el volumen es sobre $25 millones pero se genera mediante exportaciones pagaría el 1.0% o 1.5%. Las grandes superficies de ventas al detal pagarían el 2.0%.
“Obviamente hay que elaborar la medida en mayor detalle y analizar los impactos y la manera de implantación, pero es claro que es una mejor solución que las medidas en los proyectos de ley”, señala Villamil, que advierte que ante el riesgo inminente de una degradación de la deuda del gobierno, hay urgencia en que se aprueben medidas que aumenten los recaudos. “Lo que no se puede hacer es aprobar medidas que reduzcan significativamente el nivel de éstos. Hay asignaciones del Presupuesto que pueden recortarse, pero aún lográndose algunas economías, será necesario recaudar una cifra cercana a la que la Administración ha indicado”.
“Aunque hay urgencia en aprobar medidas para aumentar los recaudos, no es menos urgente poner en marcha un proceso de reformar el sistema contributivo de Puerto Rico. Esto tomará tiempo y recursos, y es un proceso complejo que requerirá la incorporación de los diversos sectores de la economía. Una vez se apruebe dicha reforma, es muy posible que las medidas que se tomen ahora sean sustituidas por otras. De hecho las mismas deben contener un ‘sunset provision’ con una fecha límite de dos años”.
