Por Elías Gutiérrez*
La Secretaria de Hacienda intenta cumplir con una difícil misión. Ha de identificar fuentes y medios para cubrir la brecha entre lo legislado y lo necesario en el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA; ha de encontrar recursos para abonar a la deuda de gobierno central; ha de encontrar recursos para mantener al día al gobierno central con el servicio de una deuda que rebasa en magnitud el producto bruto de la economía de Puerto Rico; ha de encontrar recursos suficientes para reducir el déficit estructural corriente y achicar el futuro.
Además, la secretaria tiene que intentar el cumplimiento de su misión limitada por parámetros políticos. Por ejemplo, no podrán elevarse los peajes para ayudar a solventar a la Autoridad de Carreteras; tendrá que eximir los servicios publicitarios de la expansión del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) porque el gobernador ha descubierto que esa industria es clave para el desarrollo económico.
En su afán por defender las acciones de Hacienda, la Secretaria entra en una confusión entre la necesidad de recaudos mayores y la incidencia y los efectos que tendrían sus propuestas. No hay duda que el gobierno necesita recursos adicionales para financiar un presupuesto que ha resultado ser $800 millones mayor que el vigente. Claro que establecer una base de aplicación más amplia al IVU genera, en papel, una recaudación proyectada mayor. No hay duda que la captación del IVU en la actualidad es inaceptable –¡no olvidemos que se legisló a propósito para que así fuese!
El problema que la Secretaria no acaba de aceptar, porque el gobernador no lo admite, es que la solución que sugiere Hacienda consiste en aplicar un gravamen, que nominalmente incide sobre el consumo, pero que al aplicarse a transacciones anteriores a la venta final, penalizará la producción. Para complicar aun más la posición de la Secretaria, el gobernador insiste en decir que el impuesto será absorbido por las empresas. Es decir, el gobierno convierte un impuesto al consumo en un gravamen a los ingresos de las empresas.
Como he explicado antes, al gravar los insumos de producción, se haría un gran daño a la capacidad de producción del país. Todos los profesionales relacionados con el funcionamiento de la economía están de acuerdo con éste diagnóstico. Los empresarios lo saben por experiencia propia. Hasta ahora, el ejecutivo solo lo admite con relación a la industria de la publicidad.
Aparentemente, la desesperación ha permitido que prevalezca la inmediatez y el simple cálculo estático contable sobre el análisis económico que reconoce la complejidad del sistema. La Legislatura probablemente empeorará el coctel de medidas enviadas por el Ejecutivo, creando un monstruo que aumentará el coste de las transacciones interindustriales y restará competitividad a la producción originada en Puerto Rico.
* El autor es director de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico.
