Por redacción de Sin Comillas

El Senado de Puerto Rico acordó solicitar al Congreso de los Estados Unidos la aprobación de una legislación que otorgue  a la Isla una exención parcial del cumplimiento de las leyes de cabotaje.

La acción está contenida en la Resolución Concurrente del Senado 21, de la autoría del portavoz del PNP, Larry Seilhamer Rodríguez, que ordena solicitar al Congreso de los Estados Unidos aprobar legislación para lograr exención parcial del cumplimiento de la legislación federal sobre  cabotaje que permita el uso de los grandes buques oceánicos construidos fuera de los Estados Unidos en las rutas de puertos de los estados de Hawaii, Alaska y Puerto Rico.

En la Exposición de Motivos, la medida expresa que la legislación federal de cabotaje establece que la transportación marítima entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos tiene que llevarse a cabo solamente en barcos construidos, con bandera, propietarios y de tripulación estadounidenses.

Asimismo, sostiene que la legislación federal sobre cabotaje rige en cuatro de las siete jurisdicciones nacionales no contiguas, es decir, los estados de Hawaii, de Alaska, el territorio de Guam y Puerto Rico. Mientras que el territorio de Samoa Americana, la comunidad de las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están completamente exentas.

Un reciente estudio del Government Accountability Office (GAO, por sus siglas en inglés) investigó el efecto de las leyes de cabotaje en Puerto Rico. La GAO reconoció que para Puerto Rico sería más económico utilizar otros barcos y no solamente la flota con bandera estadounidense. Los resultados del estudio fueron muy criticados para la falta de rigor científico del análisis.

Además, se aprobó la Resolución del Senado 237, de la autoría de la senadora Rossana López León, que ordena a las comisiones de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica y de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social realizar un estudio sobre el informe realizado por la Government Accountability Office (GAO) en 14 de marzo de 2013, relacionado al impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos, a consecuencia de la imposición de las Leyes de Cabotaje federal.