Por redacción de Sin Comillas
El estudio realizado por el General Accountability Office (GAO) sobre los efectos de modificar la Ley de Cabotaje no ofrece resultados muy claros. Aunque dice que la ley puede resultar en tarifas de carga más altas, por otro lado, señala la ley ha ayudado a garantizar un servicio confiable y regular entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El estudio, que no estima los efectos de la ley, sólo recoge las expresiones de las partes involucradas y no pudo determinar si las tarifas de embarcaciones que no tienen bandera de Estados Unidos tiene tarifas más bajas o más altas.
“Lo puedes echar al zafacón”, dijo Rafael Cox Alomar, ex candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington, sobre el informe de la GAO. “Tal y como le comuniqué al País durante el año pasado, el informe que recién recibimos es simplemente un repaso de las posiciones de los navieros. Ni se molesten en leerlo, es exactamente lo que les adelanté”, dijo el académico graduado de Oxford y Harvard, que aboga por una derogación total de la ley.
“Ese documento, que no merece llamarse informe, es una chapucería de marca mayor. No tiene datos empíricos ni análisis alguno. No siquera se toma en consideración lo que expresó el propio Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre el tema. Aquí estamos hablando de leyes injustas que nos imponen una carga anual de $1,300 millones a los puertorriqueños”, detalló Cox Alomar. “Yo lo que quiero es que se le haga justicia a Puerto Rico, ¿por qué Islas Vírgenes están exentas de eso?, tenemos que reclamar justicia”.
Destacó además que el Foro Económico Mundial este pasado mes de enero, reunido en Davos (Suiza), tambien concluyó que las leyes de cabotaje son negativas para la competitividad de la propia economía americana, y por consiguiente, la puertorriqueña.
La Ley de Cabotaje obliga, entre otras cosas, a utilizar barcos de bandera de Estados Unidos para el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos.
El GAO es el brazo del Congreso de los Estados Unidos a cargo de investigaciones de auditoría, evaluación e investigación
El estudio económico fue solicitado en el 2012 por el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, y el Delegado de las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Camacho Sablan.
