Por Luisa García Pelatti
Para la mayoría de la población, que Standard & Poor’s haya degrada la deuda del gobierno de Puerto Rico es algo que les suena muy alejado de lo que son sus preocupaciones de la vida diaria. Sin embargo, como explica Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), se trata de “una advertencia clara a todas aquellas personas en Puerto Rico que no creen o no entienden la magnitud de la crisis en que nos encontramos”.
En un artículo titulado “Standard & Poor’s degrada la deuda de Puerto Rico (otra vez)“, Marxuach explica las repercusiones adversas que tendría para todos los que vivimos en Puerto Rico una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra”.
“El gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían tanto las quiebras como el desempleo. Nadie en Puerto Rico estaría inmune de los efectos de esa tempestad”.
“Nos incumbe a todos poner de nuestra parte para evitar esta catástrofe. El sacrificio tiene que compartirse entre todos: la ciudadanía en general; el sector privado, incluyendo los bancos, las farmacéuticas, y los comerciantes; los empleados públicos; y los pensionados. Creo que es imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país. Las alternativas son dejar que el país quiebre; hacer las maletas y largarnos para siempre de esta isla olvidada por Dios; o resolver esto en la calle como hizo la gente en Túnez y Egipto. ¿Qué alternativa favorece usted?”
Otro asunto que destaca el CNE es que S&P decidió no reducir a nivel chatarra la deuda que depende de asignaciones legislativas anuales (“appropriation debt”), que usualmente se clasifica un escalafón por debajo de los bonos de obligación general. Según S&P, esa deuda estaría en el segundo lugar de prioridad en caso de que los recursos disponibles no fueran suficientes para cumplir con todas las obligaciones del gobierno.
“Yo no estoy tan seguro de esa conclusión, ya que no me está claro que una obligación que por su naturaleza depende de acción legislativa todos los años se pueda categorizar como “ineludible” para propósitos de este análisis. Por ejemplo, ¿tendría prioridad esa deuda con respecto a la deuda emitida por una corporación publica que se encuentre a punto de incumplir con su repago? La verdad es que estas disposiciones legales nunca se han puesto en efecto en Puerto Rico, así que no sabemos que pasará en caso de ser necesaria su activación”, explica Marxuaxh.
