Por redacción de Sin Comillas
La Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) avaló al contrato de arrendamiento, firmado el 24 de julio de 2012, con Aerostar Airport Holdings LLC para administrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El anuncio cumple con la fecha prevista por el Gobierno, que esperaba una decisión en o antes del 26 de febrero, cuando se vencía la extensión al contrato con el consorcio que se hará cargo de la operación.
El documento de 42 páginas indica que la FAA entiende que el contrato de arrendamiento contiene suficientes provisiones para demostrar que la operación privada del aeropuerto está acorde con los términos y condiciones establecidos por la Ley federal. Está decisión está sujeta a que se cumpla con una serie de condiciones.
El gobernador Alejandro García Padilla, en una conferencia de prensa celebrada en La Fortaleza, dijo que su posición sobre la Alianza Público-Privada no había variado, pero que “la palabra de Puerto Rico se empeñó y debemos honrarla”, en referencia al contrato, que ya se había firmado en el mes de julio. “El mundo entero sabrá que lo que Puerto Rico firma lo cumplimos”.
García Padilla advirtió que sin esta transacción no se habrían podido pagar los salarios de los empleados de la Autoridad de los Puertos. Dirigiéndose a esos empleados dijo: “sus empleos están garantizados, y ahora su salario también”. Aseguró estar convencido de que “el negocio era necesario”. El Gobernador ordenó la creación de una comisión evaluadora que estará a cargo de que se cumplan las condiciones del contrato.
Recordemos que el contrato requiere que, al cierre de la transacción, Aerostar pagué $615 millones a la Autoridad de los Puertos. Durante los primeros cinco años del contrato, Aerostar pagará a Puertos $2.5 millones al año, 5% de los ingresos brutos del aeropuerto durante los próximos 25 años y 10% en los últimos 10 años.
De los $615 millones que reciba, Puertos usará $500 millones para cancelar deuda relacionada de Puerto; $50 millones para el programa de retiro temprano de la corporación; $15 millones para el fondo de reserva del Banco Gubernamental de Fomento; $20 millones para cubrir el costo de la transacción de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas; $25 millones para el fondo de reserva de los aeropuerto regionales; y el restante para otros fondos y reservas.
Según el acuerdo, durante los primeros tres años, se verá una inversión de $240 millones. Estos primeros esfuerzos van dirigidos a reparar los baños públicos, la rotulación, la iluminación, los puentes de abordaje, los sistemas eléctricos, el sistema de WiFi, las filtraciones en los techos de todos los terminales, los aires acondicionados, las escaleras, el sistema de seguridad del estacionamiento, los desagües y el ornato, entre otros. Las inversiones iniciales incluyen también la construcción de 35,000 pies cuadrados de nuevo espacio comercial.
La Autoridad de los Puertos, rescatada por el Banco Gubernamental de Fomento por no poder hacer frente a una deuda de $925 millones (de los que $400 millones eran del aeropuerto) y sin capacidad para obtener financiamiento, es incapaz de mantener las instalaciones de aeropuerto.
El contrato establece que será un requisito que un pasajero espere no más de 12 minutos por sus maletas; que la espera por taxis no exceda cinco minutos; y que los baños públicos se limpien 16 veces al día. Igualmente, los sistemas que se averíen, como aires acondicionados y escaleras eléctricas, se tendrán que reparar con puntualidad, según estipula el contrato.
