Por redacción de Sin Comillas
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en su primer informe sobre el Estado de la Nación, que tiene una propuesta de aumentar salario mínimo federal a $9 la hora en el 2015. La presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) expresó preocupación ante el posible impacto a las empresas pequeñas y medianas y los empleos gubernamentales, mayormente los municipales en Puerto Rico.
“Sabemos que la Ley Núm. 84 del 20 de julio de 1995 establece que cualquier aumento en el salario mínimo federal es aplicable a Puerto Rico, tanto al sector privado como gubernamental. Sin embargo, en el 2007 cuando el Congreso de Estados Unidos aumentó el Salario Mínimo federal, reconociendo que la economía norteamericana, la más poderosa del planeta, no está inmune a los efectos de un aumento del salario mínimo federal, aprobó conceder créditos contributivos montantes a $4.84 billones para las empresas pequeñas y medianas que iban a ser impactadas por el aumento, de tal suerte que no se provocaran despidos que causen desempleo”, comentó Rivera.
En aquel momento el por ciento de la fuerza obrera asalariada en Estados Unidos impactada por el aumento en el salario mínimo federal era de aproximadamente 6%, mientras que en Puerto Rico dicha cifra se estimaba por los economistas reconocidos del país que es de alrededor de 30%. “Hemos consultado a nuestros economistas y nos indican que los porcientos se mantienen en unos parámetros similares”, añadió la titular de los Industriales.
“La manufactura es posiblemente el sector de nuestra economía que mejor paga a sus empleados asalariados. Sin embargo, en la medida en que un aumento en el salario mínimo aumente los costos de otros sectores, incluyendo nuestros suplidores locales, producirá aumentos en los costos de hacer operaciones de manufactura en Puerto Rico. Pero más allá del aumento en costos para la industria, nuestra preocupación es con el país”, añadió.
“Al igual que en la ocasión anterior recomendamos al Gobernador, a la Asamblea Legislativa, y particularmente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que identifiquen fondos para proveer a las empresas medianas y pequeñas locales que serán impactadas por el aumento en el salario mínimo federal, ayudas suficientes para asegurar su solvencia y evitar despidos para que agraven la situación de desempleo por la cual atraviesa la Isla”.
