Por Luisa García Pelatti
Las compañías farmacéuticas no querían que pasara como en el 2010, cuando la aprobación de la Ley 154 les cogió por sorpresa. Por eso ahora han sido los primeros en mover ficha y han pedido una reunión con el equipo económico del Gobierno de Alejandro García Padilla. La reunión, que se celebró el miércoles, en un hotel de Isla Verde, a petición de la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, por sus siglas en inglés), se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las contribuciones que pagan estas compañías representan el 40% de los recaudos del Fondo General.
Por parte del gobierno participaron la secretaria de Hacienda, Melba Acosta; el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó; el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el presidente de su junta de directores, Javier Ferrer y David Chafey; Antonio Medina, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial; Ingrid Rivera, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo; y el Gobernador. Por parte de las farmacéuticas asistieron los oficiales en contribuciones de siete compañías. Nunca antes ejecutivos a cargo de las contribuciones de estas empresas se habían reunido con miembros del gobierno.
En una mesa redonda con periodistas de negocios, Acosta y Bacó explicaron que los funcionarios del gobierno hicieron una presentación sobre la situación financiera del gobierno y que las compañías les plantearon cuáles son los retos a los que se enfrentan, entre ellos el vencimiento de las patentes. Las farmacéuticas plantearon una propuesta enmienda al Código de Rentas Internas “que sería beneficiosa para Puerto Rico. Les pedimos más detalles”, comentó la Secretaria de Hacienda.
Las partes acordaron mantener reuniones sobre temas más específicos y volver a reunirse en el mes de marzo.
En medio de la crisis del sector, el reto, explicó Bacó, es que no se cierre ninguna planta aquí. “No queremos que cierren ninguna planta. Haremos lo posible para que no se vayan”.
“Nos están pidiendo apertura y que los consideremos antes de tomar cualquier decisión, que la discutamos con ellos. Por nuestra parte, le pedimos que cualquier decisión de cierre de plantas nos la informen para ver qué podemos hacer”, dijo Bacó.
En la reunión se habló de la Ley 154, aunque no fue el tema principal, explicaron los funcionarios. “Se les dijo que el gobierno necesita aumentar los recaudos y bajar los gastos. Les estamos dando el espacio para que traigan opciones con la Ley 154 o con otras opciones”, apuntó Acosta.
“La preocupación de ellos no fue la ley, si no cómo se hizo,eso los hirió y nos restó credibilidad”, expresó
El Gobierno espera reunirse antes de marzo con las agencias clasificadoras de deuda.
