Por redacción de Sin Comillas
La Coalición del Sector Privado expresó su oposición al Proyecto de la Cámara 4029 y solicitó que se paralice el proceso legislativo que prácticamente eliminaría la Oficina de Extensión Contributiva Industrial. El proyecto crearía una oficina que manejaría más de 15 leyes de incentivos. La Coalición criticó la falta de participación de los sectores afectados, en un proyecto de ley que es trascendental para el proceso de aprobación de incentivos de la Isla.
El P de la C 4029 es un proyecto de administración, que crearía la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que dirige José Pérez Riera. A juicio de la Coalición, que agrupa a 22 organizaciones del Sector Privado, “el proyecto aunque pueda tener un principio loable de tratar de agilizar los procesos de incentivos, crea más interrogantes que soluciones además crea otra nueva oficina y una nueva posición de Director de incentivos sin precisar los costos, presupuesto, recursos y otras complejidades que requiere una estructura como esta. Otro cambio en la estructura de la otorgación de incentivos representaría un golpe más a la credibilidad de la Isla ante los ojos de los inversionistas”.
“Ante los problemas de competitividad que existe en el País, cambios adicionales a la estructura de otorgación de incentivos representa otro trastoque a la credibilidad de la Isla. Desconocemos el impacto real que pueda tener esta propuesta, y no la podemos descartar, no obstante es un tema muy sensitivo que puede afectar las inversiones. Otro cambio en las reglas del juego es un mensaje confuso para los inversionistas, por lo que hay que analizar esta propuesta con la participación y el insumo de todos los sectores afectados”, planteó la Coalición.
La nueva Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico, “afectaría a prácticamente todos los sectores económicos y nos resulta muy preocupante que no se está consultando al sector privado para obtener recomendaciones que puedan ser determinantes para el buen funcionamiento de los programas de incentivos en la Isla”, dijo La Coalición en una carta enviada a Pérez Riera.
La Coalición planteó que “aunque la creación de una oficina que centralice la evaluación y otorgación de incentivos parezca que va a simplificar el proceso, en realidad se crea una nueva escala de poder donde los usuarios van a tener que ir a las agencias expertas y en adición presentar su petición al DDEC”.
Otra preocupación de la Coalición es que se concentre el poder de decisión de otorgación de incentivos en una sola oficina y bajo un solo Secretario cuyo tiempo, por la complejidad de sus funciones es muy limitado. También cuestionó la Coalición, la procedencia de los recursos que se le asignarán a esta oficina.