El Plan Fiscal certificado concluye que la AEE no podrá imponer ningún aumento adicional en las tarifas para el servicio de la deuda adicional a las tarifas necesarias para pagar los costos de mantenimiento de la red eléctrica
Por Luisa García Pelatti
El Gobierno tendrá que identificar fondos estatales para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que asciende a unos $10,000 millones y está en proceso de reestructuración desde hace siete años. La alternativa, aumentar las tarifas del servicio eléctrico para pagar la deuda, representaría una carga insostenible para los consumidores, concluye la Junta de Control Fiscal, que acaba de publicar el Plan Fiscal certificado de la AEE, que fue aprobado el 6 de febrero.
El estado de deterioro del sistema eléctrico es de tal magnitud que sólo para cubrir los gastos de mantenimiento, operación y reparación de la red sería necesario aumentar la tarifa un 45%, hasta 30.5 centavos por kilovatio hora (kWh). Para un consumidor típico, con un consumo promedio de 425 kWh, significaría pasar de pagar $89 mensuales a $130 mensuales en el año fiscal 2026.
Si a eso hubiera que añadir un incremento en tarifa para cubrir el pago de la deuda, la Junta estima que habría que subir la tarifa otros 9 centavos por kWh, un 29.8% adicional o $38 mensuales, que sumado al aumento anterior elevaría la factura mensual típica hasta $168, casi $80 mensuales más de lo que se paga en la actualidad.
La Junta concluye que la AEE no podrá imponer ningún aumento tarifario adicional para el servicio de la deuda más allá de las tarifas necesarias para cubrir los costos de operación del sistema energético.
Explica que sólo con el aumento necesario para cubrir los gastos de mantenimiento, operación y reparación de la red, las familias dedicarán más del 6% de su ingreso anual al pago de electricidad. Añadir otro incremento sería insostenible.
Décadas de descuido, mantenimiento aplazado, actualizaciones del sistema que no se hicieron, falta de planificación a largo plazo e interferencia del gobierno en la administración dejaron a Puerto Rico con un sistema anticuado, vulnerable a impactos e incapaz de mantenerse al día con el paso del tiempo. Los apagones masivos del 12 de junio de 2024 dejaron sin servicio a unos 350,000 abonados, y los del 31 de diciembre de 2024 a más de un millón. La contracción poblacional y el declive económico de Puerto Rico exacerbaron los problemas.
Las recientes mejoras en la estructura operacional, el aumento de los esfuerzos para dar mantenimiento y mejorar el sistema y la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía no fueron suficientes para restaurar el sistema, y mucho menos para proporcionar una fiabilidad sostenida.
La Junta señala que el margen identificado en los Planes Fiscales certificados en años anteriores, para imponer un cargo para pagar la deuda, ya no existe porque los costos de funcionamiento han seguido aumentando mientras el sistema eléctrico continúa deteriorándose.
La Junta presentará una propuesta para usar fondos del Gobierno para el pago de $2,600 millones de la deuda (que representa una quita del 80%), pero advierte que el uso de ese dinero “probablemente afectará los recursos que, de otro modo, se dedicarían a proporcionar mejoras muy necesarias a otras funciones gubernamentales o a realizar inversiones críticas para mejorar la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico”. Sin embargo, dados los recursos limitados de la AEE y la imposibilidad de aumentar aún más la tarifa eléctrica “no existe una alternativa mejor”.
El nuevo Plan Fiscal certificado para la AEE refleja las inversiones necesarias para restaurar y operar adecuadamente un sistema energético en deterioro. Luma Energy espera que las inversiones financiadas con fondos federales y no federales permitan a Puerto Rico reducir la frecuencia de las interrupciones en un 75-85% en los próximos 10 años.
“El despliegue coordinado de fondos federales es crucial para reparar y dar un mantenimiento adecuado al sistema, pero no será suficiente”, aseguró Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta.
“Es evidente que el sistema energético de Puerto Rico se está deteriorando más rápido de lo que la AEE y los operadores de la red y de las plantas generatrices lo pueden reparar, y el nuevo Plan Fiscal (…) refleja esa realidad”.
Las proyecciones indican que en el 2040 los costos de funcionamiento del sistema energético de Puerto Rico superarán en más de un 60% los del Plan Fiscal certificado en 2023.
Además, Luma Energy estima que se requerirá financiamiento federal hasta el año fiscal 2034 para reconstruir, dar mantenimiento y operar plenamente una red limpia, fiable y resiliente, cuyas futuras necesidades no cubiertas oscilan entre $18,000 millones y $24,000 millones.
“Nuestro objetivo es fortalecer el sistema energético, completar la transformación energética y sacar a la AEE de la quiebra con un Plan de Ajuste que sea justo y refleje la realidad que enfrenta la AEE hoy para que pueda dar un mejor servicio a Puerto Rico mañana”, añadió Mujica.
