Por Redacción de Sin Comillas

El Negociado de Energía ha pedido a Luma Energy que actualice sus procesos y contadores para reducir el número de facturas comerciales estimadas.

Entre enero y noviembre de 2023, 17,254 clientes comerciales e industriales recibieron facturas estimadas cada mes. Los clientes que recibieron facturas estimadas representan aproximadamente el 9% de todos los clientes no residenciales.

El Negociado de Energía realizó un informe sobre las prácticas de estimación de consumo y corrección de facturas empleadas por Luma Energy, tras una investigación iniciada en 2023, a raíz de una solicitud de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).

El informe ordenó a Luma adoptar medidas concretas para mejorar la precisión en sus procesos de lectura y facturación, incluyendo la implementación de medidores inteligentes y la elaboración de guías claras para la reconciliación de facturas, para así minimizar el número de facturas estimadas.

La investigación encontró:

  • Limitaciones en la facturación retroactiva: A partir del 18 de enero de 2024, la Ley Núm. 36-2024 establece un plazo de 120 días para realizar ajustes en las facturas estimadas, ofreciendo así mayor certeza y protección a los consumidores.
  • Se estimó que el monto mensual de las cuentas comerciales e industriales facturadas en base a estimaciones asciende a aproximadamente $18 millones. Como las facturas son estimadas, no se tiene visibilidad ni certeza de si dichas facturas subestiman o sobreestiman la cuantía real del consumo energético, lo que afecta potencialmente de forma negativa las finanzas de Luma o de algunos comerciantes.

El Negociado también identificó la necesidad de que Luma comunique más efectivamente las disposiciones de la Ley Núm. 36-2024 a sus clientes comerciales para que conozcan sus derechos y el plazo de 120 días que tiene Luma para hacer cualquier ajuste en una factura estimada. También se ordenó a la compañía a adoptar un reglamento específico que detalle los procedimientos de ajuste de facturas, garantizando así transparencia y equidad en el manejo de estas situaciones.

“Este informe reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los consumidores en Puerto Rico. Las prácticas de facturación deben ser claras, justas y ajustarse a los parámetros establecidos por la ley, siempre priorizando el bienestar de los consumidores”, comentó Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía.