Por Redacción de Sin Comillas
Una auditoria realizada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico revela que se realizaron varias emisiones de bonos con ingresos de repago insuficientes para cubrir la deuda.
La Oficina del Contralor analizó ocho emisiones de bonos realizadas durante el periodo de 2007 al 2014 por un total de $13,806 millones. La auditoría concluyó que la aprobación de las emisiones de bonos se realizaron de acuerdo con la ley.
Sin embargo, las fuentes de repago, que podían ser asignaciones legislativas, impuestos o ingresos propios resultaron ser insuficientes. El uso de los fondos recibidos de las emisiones de bonos se evaluará en otra auditoría más adelante, informó la Oficina del Contralor.
Sobre las emisiones de bonos con asignaciones legislativas como fuente de repago, la auditoría reveló que el Fondo del Servicio de la Deuda ingresó sólo el 28% de los $9,929 millones requeridos en el periodo de 2000 al 2016. Además, el Fondo General tuvo un déficit de $10,665 millones del 2002 al 2014, y del 2011 al 2020 no tuvo fondos en la reserva.
Por otro lado, del 2000 al 2020, la partida de bonos por pagar aumentó un 398%, y el índice de endeudamiento del gobierno subió de 87% al 114% del 2000 al 2016, lo que significa que el gobierno tenía más deudas que activos.
En 2014, la emisión de bonos por $3,500 millones (General Obligation Bonds of 2014 Series A) elevó el margen prestatario al límite máximo que establece la Constitución, 15% del promedio de los ingresos de los dos años fiscales anteriores. Las agencias calificadoras de deuda, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, otorgaron una clasificación de Ba2, BB+ y BB, respectivamente, por los elementos especulativos e las incertidumbres para cumplir con los compromisos.
La Corporación para el Financiamiento Público (CFP), una subsidiaria del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF), no recibió en 2016 los fondos necesarios de asignaciones de la Asamblea Legislativa para pagar los bonos vigentes, contrario a lo que establece la Ley 164-2001. Por eso, la CFP no tuvo los fondos para el pago de $518 millones en deudas de bonos, incluida la emisión de junio de 2012 que las agencias calificadoras habían estimado como especulativa y de riesgo moderado.
La auditoría señala también que, entre 2000 al 2016, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) tuvo que recurrir a líneas de crédito por un total de $1,949 millones otorgadas por el BGF y a emitir bonos por $4,498 millones para hacer frente a su programa de mejoras capitales y cumplir con el pago de servicio a la deuda. La AEP dependía para sus obligaciones y operaciones de los fondos del gobierno y del financiamiento del BGF.
Entre 2000 y 2013, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) realizó 11 emisiones de bonos para un total de $9,217 millones. Según la auditoría, la agencia tuvo una pérdida operacional acumulada por $5,177 millones entre los años 2000 y 2021.
El examen detectó que en 2007 la ACT sólo obtuvo el 83% de los ingresos, procedentes de impuestos a la gasolina, diésel y petróleo, como fuentes de repago de una emisión de bonos de $2,184 millones. Del 2018 al 2021, no tuvo ingresos para el repago de $1,342 millones y el nivel de endeudamiento aumentó al 97%.
Por otro lado, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) aprobó una emisión de bonos por $4,118 millones cuya fuente de repago serían las recaudaciones del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). La auditoría encontró que durante los años fiscales del 2008 al 2010, del 2012 al 2014 y el 2019, COFINA no tuvo los ingresos suficientes para el pago de la deuda. Además, del 2008 al 2021 alcanzó déficits ascendentes a $110,986 millones y su índice de endeudamiento fluctuó entre 94.28% y el 97.19%. Según el informe de la Oficina del Contralor, las obligaciones y los bonos de COFINA deben ser considerados deuda extraconstitucional, debido a que este fondo no es una obligación directa que compromete la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Gobierno de Puerto Rico.
La auditoría también evaluó las emisiones de bono de la Autoridad de los Puertos (AP), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del BGF, cuya fuente de repago son sus propios ingresos.
El BGF acumuló pérdidas operacionales de $6,659 millones del 2014 al 2015, del 2017 al 2018 y del 2020, tras una emisión de bonos de $1,796 millones en el 2011 y 2012. El índice de endeudamiento aumentó de 108% a 430% en dicho periodo.
“La disminución y el retraso en los pagos de los préstamos de las entidades gubernamentales y privadas impactó de forma adversa el balance de los fondos disponibles del Banco. La liquidez de los activos del BGF dependían en gran medida de la capacidad del gobierno y sus corporaciones públicas de repagar su deuda”, destaca el informe.
Los ingresos del BGF por concepto de inversiones, honorarios como agente fiscal e intereses sobre préstamos otorgados, disminuyeron un 99.95% del 2000 al 2020. Además, el balance de los préstamos otorgados al sector público, proyectaban un riesgo entre 29% a 100% de ser incobrables.
Por otro lado, la AEE realizó 23 emisiones de bonos por $11,899 millones del 2000 al 2016. La emisión realizada el 7 de abril de 2010, por $822 millones, fue calificada de bajo riesgo por las agencias calificadoras, que consideraban que la capacidad de pago de los compromisos financieros era adecuada.
Sin embargo, al 30 de junio de 2009, ocho meses antes de la emisión, la AEE había registrado $147 millones en pérdidas y tenía un índice de endeudamiento con respecto a sus activos de 100%. El balance de cuentas por cobrar aumentó un 91%, de $403 millones a $769 millones del 2000 al 2020, y el importe de bonos por pagar aumentó un 123%, de $3,743 millones a $8,330 millones.
La auditoría explica que “la AEE enfrentó desafíos comerciales como la volatilidad de los precios del petróleo y la recesión económica del ELA. Los cobros se vieron afectados por los reclamos de los seguros, aumentos por ajustes de combustible y por la facturación, entre otros”.
La Autoridad para la Financiación de la Infraestructura (AFI) realizó una emisión de bonos por $669 millones en favor de la Autoridad de Puertos (AP) el 28 de diciembre de 2011, a pesar de pérdidas operacionales que totalizaba $39 millones en el 2010. Al 30 de junio de 2020, la AP adeudaba $193 millones de los préstamos al BGF.
Las medidas tomadas por la AP, como el arrendamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, no generaron los fondos de financiamiento suficientes para honrar el pago del servicio de la deuda. El pago de los préstamos dependía de los fondos del gobierno y la aprobación legislativa.
La auditoría le recomienda al Gobernador de Puerto Rico velar que el principal oficial de finanzas públicas y el director ejecutivo de la AAFAF, continúen implementando la política pública dirigida a la reducción de deudas y el uso sostenible de los recursos públicos para que no se repitan estas situaciones.
Aqui puede acceder al imforme de auditoría OC-25-39
