Ni el Secretario de la agencia ni las comisiones legislativas encargadas del sector agrícola, dominadas por el Partido Popular Democrático, han procurado en este cuatrienio los cambios para atemperar la cobertura de las pólizas de la Corporación de Seguros Agrícolas a la realidad climática que enfrenta Puerto Rico.
Por Víctor Luis Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo
A pesar de que el sector agrícola en Puerto Rico ha denunciado durante años que las pólizas de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) sólo cubren las pérdidas de las cosechas dañadas por huracanes, y no por tormentas, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, no ha tomado ninguna medida durante este cuatrienio para corregir el problema pidiendo legislación ni ha hecho gestiones con las agencias federales.
Luego del paso de la tormenta Ernesto en agosto, González Beiró dijo que para ampliar la cobertura de las pólizas “se necesita legislar” y aseguró que se reuniría con legisladores en las semanas siguientes al evento para tratar este tema. Sin embargo, a más de un mes del paso del fenómeno atmosférico, esas reuniones no se han llevado a cabo, reconoció el funcionario al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) durante la Convención de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico el 30 de agosto.
Además, los presidentes de las comisiones de agricultura en la Cámara de Representantes, Jorge Rivera Segarra, y en el Senado, Albert Torres Berríos, confirmaron al CPI en entrevistas separadas que nunca han recibido una solicitud del Secretario de Agricultura para tratar el tema de los seguros agrícolas. Advirtieron que en lo que queda de año, ya no será posible abordar ese tipo de medidas.
La Corporación de Seguros Agrícolas, creada en 1988, tiene la autoridad, desde 2002, de exigir una póliza de seguro a todos los agricultores registrados en el Departamento de Agricultura o a aquellos que reciben subsidios gubernamentales. Sin embargo, aunque los seguros adquiridos por medio de esta corporación cubren pérdidas por desastres mayores como huracanes, sequías anormales y plagas incontrolables, no aborda las pérdidas causadas por tormentas o tornados.
González Beiró dijo que, aparte de legislación, es crucial que la Corporación Federal de Seguros de Cosechas (FCIC, en inglés), que forma parte del Departamento de Agricultura Federal (USDA, en inglés), establezca los mecanismos para obtener un reaseguro que dé el capital suficiente para cubrir esas pérdidas. La FCIC es la división de Agricultura federal que asume parte del riesgo generado por el seguro de cosechas que administra el Departamento de Agricultura (DA) de Puerto Rico.
“No se trata sólo de enmendar las leyes; necesitamos que la FCIC nos proporcione el reaseguro. Si vendo el riesgo y no lo puedo reasegurar, cuando pase una tormenta en Puerto Rico que cause el mismo daño a los plátanos y guineos que un huracán, la Corporación de Seguros Agrícolas no tendrá los fondos para responder”, explicó el funcionario.
Para que la FCIC pueda considerar estos cambios, el Departamento de Agricultura local debe solicitar la expansión de las coberturas de las pólizas gestionadas por la CSA, explicó la agencia federal al CPI en declaraciones escritas. Sin embargo, la FCIC aclaró que en los últimos cuatro años no han recibido ninguna solicitud por parte de González Beiró para estos cambios. El ente federal indicó que sólo tienen en sus récords dos solicitudes recientes relacionadas con las pólizas agrícolas de Puerto Rico. El primer caso corresponde al año 2022, cuando el Departamento de Agricultura solicitó asegurar las plantas de café con seis meses de haber sido plantadas, en lugar de un año, como se hacía anteriormente. La segunda solicitud, enviada en 2023, pedía cambios en la política de seguros para los cultivos de piña. Ambas solicitudes fueron aprobadas.
La agencia federal enfatizó en que si el Departamento de Agricultura desea ampliar la cobertura de las pólizas y que el FCIC proporcione reaseguro y subsidios de primas a los productores, deben presentar una propuesta para su aprobación.
Añadió que, al igual que hay reaseguros para pólizas que cubren huracanes, también se podrían crear reaseguros para cubrir pérdidas por tormentas si hay una solicitud formal del Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
González Beiró indicó que en septiembre, personal de la FCIC visitaría Puerto Rico y que uno de los temas principales en sus reuniones sería este asunto. El funcionario no contestó por qué no hizo esta gestión antes.
Otra opción, según González Beiró, es que la Legislatura de Puerto Rico legisle un fondo especial para vender o reasegurar esa póliza. Pero esa opción no se ha planteado ante la Asamblea Legislativa, señaló el representante popular Rivera Segarra.
La tormenta Ernesto, que pasó cerca de Puerto Rico entre el 14 y el 15 de agosto, dejó mayormente entre 8 y 10 pulgadas de lluvia y causó pérdidas agrícolas de aproximadamente $23.5 millones, según el Departamento de Agricultura.
La CSA sólo tiene aseguradas 5,100 cuerdas de plátanos de las 12,000 cuerdas de terreno dedicadas a la siembra de plátanos y guineos en Puerto Rico, que en conjunto aportan a la economía alrededor de $100 millones anuales, sólo en la venta directa desde las fincas, dijo la agencia. Según los últimos registros del DA de 2020, en Puerto Rico se consumen 40 libras de plátanos por persona al año, lo que representa una reducción del 22% respecto a las 52 libras por persona que se consumían en 2017. De esa cantidad, el 98.27% se produce en fincas locales, mientras que el resto corresponde a plátanos mondados y sellados al vacío que se importan.
González Beiró dijo que pidió a la Junta de Control Fiscal (JCF) que autorizara la activación de $14 millones de un fondo de emergencia para cubrir los daños por Ernesto que no están cubiertos por la CSA. El uso de esos fondos, que están bajo la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas, fue aprobado el pasado jueves 26 de septiembre por la JCF y fue notificado por medio de una carta enviada a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Una gestión que no se ha tocado en todo el cuatrienio
El Secretario dijo al CPI que, desde que asumió el cargo en el 2021, ha estado abordando las preocupaciones del sector agrícola sobre las limitaciones en la cobertura de las pólizas ofrecidas por la CSA. Pero no accedió a una solicitud de entrevista de seguimiento en la que pudiera ampliar sobre las iniciativas que alegó ha realizado durante su administración para lidiar con los retos de los seguros agrícolas. En expresiones previas al CPI, indicó que los agricultores son conscientes de estas limitaciones y entienden el riesgo que implica cultivar productos como plátanos y guineos en un territorio frecuentemente amenazado por fenómenos atmosféricos.
“El agricultor sabe que está comprando una póliza para huracán, en el caso de plátanos, guineos, café y cítricos. El agricultor lo sabe. Yo soy agricultor de plátanos y uno casi se resigna cuando viene una tormenta”, dijo.
El funcionario señaló que ampliar la cobertura de las pólizas para incluir pérdidas por tormentas podría aumentar el costo del seguro para los agricultores. Sin embargo, no pudo especificar cuánto se incrementaría el costo de la póliza ni cuál es el costo actual. El CPI confirmó con al menos cuatro agricultores que tanto las pólizas de la CSA así como las federales varían por el tipo de plantación, cosecha, cantidad de cuerdas que se aseguren, equipo o instalaciones.
Asier Roldán Ortiz, presidente de la Asociación de Productores de Banano de Puerto Rico, explicó que, en su caso, por asegurar 135 cuerdas de terreno para su cosecha de guineos, debe pagar $40,000 cada año. Mientras que José Fabre, de Bananera Fabre, dijo al CPI que cada año invierte cerca de $96,000 en seguros para cubrir 500 cuerdas, de los que $37,000 son para asegurar la finca de guineos.
Los agricultores con alguna póliza bajo la CSA también pueden adquirir un seguro catastrófico a nivel federal que, si bien no paga prima, debe pagar un gasto administrativo de $655 por cultivo, sub cultivo, por cosecha o plantación. Los cultivos asegurados bajo el seguro catastrófico del USDA son el café, los guineos, los plátanos, la caña de azúcar, las papayas, las cítricas, la cidra, los aguacates, los mangos, la parcha, la piña y las hortalizas. Las pérdidas deberán ser causadas por huracán, fuego (sólo aplica a caña) y en el caso de inundación, solamente aplica a las hortalizas que no estén en áreas inundables o cercanas a ríos, según se establece en las Leyes y Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico.
Fabre lamentó que, además de las pérdidas por tormentas, las pólizas de la CSA tampoco cubren pérdidas por tornados, que si bien no son fenómenos usuales en Puerto Rico, al menos desde el 2006 al presente se han registrado 15 de intensidad baja o moderada, según Le Ann Inglés, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
De acuerdo con Inglés, en Puerto Rico la frecuencia de los tornados puede variar, pues dependerá de si el fenómeno es visto y reportado por la ciudadanía. A Fabre le afectó el tornado ocurrido entre Sabana Grande y Lajas en el año 2019, el cual le ocasionó pérdidas de $75,000.
“Perdí parte de la finca y nadie me pagó nada. Tuvimos una siembra de 22 de cuerdas de guineo que se perdieron completas y nadie pagó nada, ni a nivel local ni federal”, denunció.
Ambos agricultores señalaron que el tema de los seguros agrícolas ha sido un debate constante entre la industria y el Gobierno. Sin embargo, coincidieron en que, durante la administración de González Beiró, nunca se ha llevado a cabo una reunión en la que se presenten cifras claras sobre el costo de las pólizas si se amplía la cobertura para pérdidas por tormentas.
Legisladores populares no toman la iniciativa
A diferencia de las expresiones del Secretario de Agricultura, el representante Rivera Segarra comentó que, aunque el tema se ha tratado en varias vistas públicas de la comisión, durante este cuatrienio no han recibido ninguna solicitud de reunión por parte de González Beiró para pedir legislación para ampliar la cobertura de este seguro.
“Por parte del Secretario no hemos recibido nada oficial. Se podría radicar un proyecto por petición, pero nunca ha habido ese tipo de acercamientos. Sólo han habido conversaciones que han surgido durante otras investigaciones y vistas públicas, como cuando se evaluó el plan de seguridad alimentaria o del Programa Re-Grow”, dijo el representante.
Mencionó que también se discutió la necesidad de enmendar las coberturas de las pólizas de la CSA durante las vistas presupuestarias de la Comisión de Hacienda, en las que se analizó el presupuesto del Departamento de Agricultura para 2024.
“En esa vista, el presidente de esa Comisión, Jesús Santa, preguntó qué hacía falta para legislar la ampliación de ese seguro, y nosotros le pedimos a Agricultura que nos enviaran lo que hacía falta, pero eso nunca llegó”, dijo Rivera Segarra.
El CPI preguntó al representante por qué no se han avanzado esas enmiendas sin que la agencia lo solicite, pero Rivera Segarra respondió de forma general que “es complicado”.
“Hay que recordar que para legislar sobre los seguros agrícolas también entran consideraciones federales. Hay que ver qué agencia de seguros está dispuesta a pagar por ese tipo de pérdidas en un sitio que está en medio de la autopista de tormentas”, justificó.
El senador popular Torres Berríos, presidente de la Comisión Senatorial de Agricultura, afirmó por su parte que: “De parte del Secretario, yo no he recibido ninguna recomendación para enmendar [la ley de Seguros Agrícolas]. Sí he escuchado recomendaciones de diferentes sectores para que se enmiende esa Ley. Nosotros estábamos de acuerdo en que, en los últimos meses de la sesión legislativa, sentarnos en mesas de diálogo para hacer algo bastante robusto y equitativo. Sin embargo, eso quedó pendiente. Pero lo tenemos presente, sobre todo considerando lo que pasó recientemente con la tormenta Ernesto”.
Torres Berríos señaló que, incluso si se quisiera abordar el tema mediante legislación, tendría que esperar hasta la primera sesión legislativa de 2025.
“Como ya estamos finalizando el cuatrienio, si el Gobernador [Pedro Pierluisi] cita una sesión extraordinaria será para atender asuntos de su agenda; sería en enero cuando se podría iniciar un proyecto para añadir la cobertura de pérdidas [agrícolas] que no necesariamente sean causadas por un desastre mayor”, señaló el senador.
El 13 de septiembre, el gobernador Pedro Pierluisi solicitó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una extensión de 30 días para la presentación formal de la solicitud de Declaración de Desastre Mayor para Puerto Rico debido a los estragos del paso de la tormenta Ernesto basado en las disposiciones de la Ley Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias.
El USDA aclaró al CPI que una designación de desastre mayor no cambia las coberturas vigentes de las pólizas de los seguros agrícolas.
Urge reparar desfase entre seguros y realidad climática
El que un seguro agrícola no cubra las pérdidas de todo tipo de evento atmosférico incide en que algunos agricultores no vean como una inversión costo efectiva el asegurar sus cosechas, pues prefieren usar el dinero que pagarían por la póliza para levantarse luego del paso de una tormenta, explicó Mildred Cortés Pérez, profesora de economía agrícola en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Los agricultores que reciben subsidios del DA están obligados a comprar un seguro. Sin embargo, para quienes no reciben esos incentivos o subsidios, es opcional comprar una póliza.
Cortés Pérez precisó que existe un desfase entre los seguros y la realidad climática que enfrenta el agro, lo que aleja a Puerto Rico de tener una una industria agrícola estable y moverse hacia la soberanía alimentaria.
“Los agricultores viven día a día, y muchas de las cosechas son por temporadas. Son muy cuidadosos con lo que invierten. Por ejemplo, este año, si no viene un huracán, ellos se sienten probablemente que perdieron los chavos porque solo vino un temporal [la tormenta Ernesto] y de eso no recibieron nada, porque aunque hubo unas lluvias copiosas y se dañaron las cosechas, no recibieron nada de las pólizas”, opinó Cortés Pérez.
Con ella coincidió Roldán, quien señaló que, si calculara todo lo que ha tenido que invertir en seguros en los pasados diez años, tuviera un fondo de apoyo suficiente para él mismo costear cualquier pérdida ocasionada por una tormenta o incluso un huracán.
“Soy sincero. Desde el 1998 cuando pasó [el huracán] Georges, hasta el 2017 con [el huracán] María, fueron como 20 años pagando seguros. Si yo hubiese puesto la cantidad de dinero que puse en seguros, año tras año durante esos 20 años, a mí me daba para pagar las pérdidas que tuve tras María y me sobraba dinero. Pero es que es una lotería, porque a lo mejor no pasan 20 años para el próximo huracán”, dijo el agricultor.
La profesora de la UPR señaló que ampliar las coberturas de los seguros agrícolas para incluir tormentas aumentaría los costos de las pólizas. Sin embargo, esto también añadiría valor a la inversión, ya que los agricultores sentirían que vale la pena adquirir un seguro para sus plantaciones o cosechas.
“Entre más riesgos se cubran, más altos serán los costos [de las pólizas], definitivamente, pero eso redundará en que se asegure más gente. Si nos ponemos a pensar, aquí llegan huracanes, pero lo más frecuente son las tormentas”, indicó Cortés Pérez.
Destacó que si los agricultores tuvieran la certeza de que podrán contar con un reembolso por pérdidas cuando lleguen tormentas verán los seguros como aliados y no como un costo para producción.
“Me da la impresión de que el costo no sería tan alto cuando lo comparan con el riesgo que corren y lo que pierden. Algunos lo pierden todo. Emocionalmente no quedan aptos para seguir adelante con sus trabajos agrícolas”, agregó.