Por Redacción de Sin Comillas

Varias organizaciones se unieron para reclamar al gobierno, a la Comisión Estatal de Elecciones, al Contralor Electoral y a los funcionarios encargados de facilitar el proceso electoral, que se adopten todas las garantías necesarias para proteger el derecho de participación política.

“Recordamos que el ejercicio del voto es un derecho humano fundamental, inalienable, y crítico para la seguridad y confiabilidad de la gobernanza democrática”, señalaron ACLU de Puerto Rico (ACLU-PR), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico (AIPR), entidades independientes, no partidistas.

“Expresamos profunda preocupación ante la multiplicidad de denuncias y querellas presentadas, que identifican serias irregularidades en los procesos de inscripción del registro de votantes, violaciones a la confidencialidad de la información personal de electores, múltiples fallas en el sistema de registro electrónico, falta de controles en los procesos de solicitud y trámite del voto adelantado en todas sus modalidades, especialmente en lo que concierne a personas adultas mayores, y falta de claridad sobre la participación de observadores electorales. Exigimos transparencia, pulcritud y confiabilidad en el proceso electoral de Puerto Rico”, indicaron las organizaciones en un comunicado.

Algunas de las denuncias divulgadas públicamente por la prensa y diversos medios de comunicación “reflejan un serio quiebre institucional que pone en duda la confiabilidad del proceso electoral, entre las que se encuentran las siguientes”:

  • De acuerdo con una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, el Registro Electrónico de Electores (eRE), presenta múltiples fallas que obstruyen, desalientan o limitan la posibilidad de registrar nuevos votantes. Se ha denunciado que la plataforma rechaza documentos válidos, se congela o tarda periodos muy prolongados en responder.
  • Las fallas en el servicio eléctrico han sido constantes y prolongadas, provocando el cierre temporero de centros de inscripción.
  • La CEE no implementó con tiempo de anticipación y suficientes recursos humanos, el proceso de inscripciones en escuelas superiores, centros universitarios y lugares de acceso al público general. Lo anterior, es particularmente preocupante ante la decisión adoptada en el Código Electoral e implementada por la CEE en el 2022 de reducir las Juntas de Inscripción Permanente en Puerto Rico de 94 a 12.
  • Se registran largas filas, y tardanzas extremas en los procesos de inscripción de votantes que provocan que muchas personas decidan abandonar los centros de inscripción sin haber logrado el registro.
  • La divulgación de información personal y confidencial de votantes a terceras personas por parte de funcionarios de la CEE.
  • El uso de “formularios” diseñados para obtener información personal de adultos mayores, particularmente, aquellos que residen en égidas o centros de cuido, incluyendo su correo electrónico, contraseña, entre otros. Preocupa además, la creación de cuentas de correo electrónico y registros en e-Re, así como la presentación electrónica de solicitudes a nombre de adultos mayores, incluida la falta de transparencia en cuanto a la custodia y almacenamiento de dicha información por parte de personas asociadas a partidos y candidatos/as.

Las organizaciones exigen:

  • La extensión del periodo de inscripción de votantes, asegurando suficiente tiempo para el registro, y aumentando la cantidad de funcionarios disponibles para atender a los electores en los centros de inscripción. Tomando en consideración los factores que han contribuido a acortar aún más el periodo de inscripción, este tiempo debe extenderse al menos hasta 30 días antes de los comicios, según establece el Código Electoral del 2020.
  • La CEE debe informar claramente a los electores sobre la forma y manera en que se permite el ejercicio del voto adelantado en todas sus modalidades y asegurar una investigación pronta y adecuada sobre las denuncias de visitas a égidas y centros de envejecientes para la obtención y uso de información personal y confidencial de los electores de edad avanzada.
  • Se debe establecer un proceso de notificación adecuada, en coordinación con el Departamento de la Familia, para informar a los familiares o encargados de las personas que viven en égidas y centros de cuido, sobre las visitas de funcionarios electorales, o de terceros vinculados a partidos o candidatos políticos.
  • Realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de divulgación de información confidencial de electores a terceras personas, o para propósitos ajenos al funcionamiento del registro electoral. Estos casos deben ser referidos a las autoridades correspondientes.
  • Responder a las solicitudes de acreditación de observadores electorales locales e internacionales, y hacer público el proceso para designar fondos públicos a tales fines, así como proveer todas las herramientas educativas necesarias para el adiestramiento de observación electoral.

La ACLU-PR solicitó la acreditación de la CEE como observadores independientes en todos los componentes del proceso electoral, sea durante el día de las elecciones, el proceso de escrutinio y en todas las etapas de trámite y procesamiento del voto adelantado o ausente ante la Junta Administrativa del voto ausente y voto adelantado (JAVAA). Lo propio estarán haciendo otras organizaciones.

Las organizaciones invitan a las personas que entiendan que sus derechos como electores han sido violentados, a que presenten las querellas correspondientes ante la CEE, la Policía de Puerto Rico, el Procurador de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Justicia y al Departamento de Justica Federal.

Se ha habilitado un enlace https://forms.gle/6X8w56dtm51mPZBE7 al que pueden enviar copia de estas denuncias, para que las organizaciones puedan darle seguimiento. También pueden enviarlas a querellavoto2024@amnistiapr.org