Por Redacción de Sin Comillas
El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) acudió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la validez del esquema de aumentos impuesto por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desde junio de 2022. El 1 de julio entró en vigor un alza de 2% en la tarifa de la AAA
“Los abonados de la AAA son clientes de una corporación pública que registra pérdidas de agua de 65%. Por lo que deben tener mecanismos efectivos disponibles para no tener que pagar por las deficiencias operacionales que le son cobradas en sus tarifas. La necesidad es mayor cuando se trata de aumentos a servicios básicos monopolizados por el Estado”, comentó José Pou Román, investigador jurídico principal del ICSE.
“Dentro del esquema tarifario actual, estos aumentos pueden continuar año tras año sin la consulta del consumidor y de los sectores productivos del País”, dijo Pou.
Este esquema tampoco ha sido revisado por los Tribunales de Puerto Rico ya que estos se declararon sin jurisdicción (o impedidos) para atender los recursos pasados del ICSE.
“A nuestro juicio, es incorrecto que una agencia pueda evadir el escrutinio de las Cortes sobre sus acciones. En Puerto Rico se presume que los Tribunales siempre tienen jurisdicción para revisar las decisiones de las agencias como la AAA. Lo que quiere decir que la pregunta no es si se puede presentar nuestra reclamación ante un tribunal de justicia, sino ante cuál tribunal de justicia. Por lo tanto, consistente con las determinaciones judiciales anteriores, comparecimos esta vez ante el Tribunal de Apelaciones”, explicó Pou.
En el recurso, el ICSE replantea que la AAA tiene que regirse por la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, también conocida como la LPAU (Ley 38-2017). Esta ley vincula a todas las agencias administrativas para establecer salvaguardas de participación ciudadana, transparencia y procedimientos claros y efectivos para acudir a los tribunales de Puerto Rico. A pesar de esto, la AAA aplicó una ley de hace 39 años, la Ley 21-1985, para imponer la tarifa actual, la cual no detalla procedimientos para la revisión judicial de las tarifas, dejando a la ciudadanía sin herramientas para proteger sus intereses.
Si el Tribunal acogiera el recurso presentado por el ICSE, la AAA tendrá que celebrar un procedimiento de revisión nuevo bajo la LPAU, en donde se permita a todos los puertorriqueños presentar evidencia a su favor, confrontar los testigos de la AAA y poder acudir al Tribunal de quedar inconformes con la nueva revisión tarifaria.
El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica es una organización sin fines de lucro educativa y exenta bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal. Su objetivo es investigar, educar y coordinar alianzas estratégicas para abogar por reformas de infraestructura pública que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar socioeconómico de Puerto Rico.
