Los muelles no tienen ningún otro acceso terrestre que no sea el de las propiedades del hijo del Gobernador. Foto tomada de Facebook

Veredicto: Falso

Por José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo

Cuando el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que “todo está en ley” con relación a los permisos y operación de dos propiedades de alquiler a corto plazo en la bahía de Guánica, que son parte de los negocios de su hijo, Anthony Pierluisi Rojo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no había emitido ninguna “concesión”, como exige el Reglamento 4860 para el aprovechamiento de los muelles en áreas de dominio público que son promovidos como uno de sus ofrecimientos.

Para ceder a un ente privado o gubernamental “el aprovechamiento a largo plazo de bienes del dominio público marítimo terrestre que conlleva la instalación o uso de construcciones permanentes o inamovibles”, el DRNA tiene que emitir una concesión. Los muelles en la propiedad de Pierluisi Rojo no están entre las construcciones que tienen concesiones del DRNA, según se desprende de los datos que la agencia envió al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE en inglés), por medio  de su portavoz, Luis Deyá, también confirmó que “el USACE no ha podido localizar una solicitud o permiso” para ninguno de los muelles en cuestión. Una construcción en terrenos sumergidos necesita cumplir, por ejemplo, con el Acta de Ríos y Puertos federal de 1899 (Rivers and Harbors Act), que prohíbe la obstrucción o alteración no autorizada de cualquier agua navegable de los Estados Unidos y sus territorios.

Por medio de su representante legal, Leonardo Aldridge, Pierluisi Rojo afirmó que los muelles que conectan con el complejo de alquileres a corto plazo Mary Lee’s by The Sea no son parte de sus propiedades. En declaraciones a El Nuevo Día, el abogado catalogó los muelles como “estructura pública” y que “no le pertenecen ni son administrados por Silver Beach, LLC”, compañía inscrita en el Departamento de Estado bajo el nombre de Pierluisi Rojo.

No obstante, a menos que se entre por el mar, los muelles no tienen ningún otro acceso terrestre que no sea el de las propiedades del hijo del Gobernador, constató el CPI. Asimismo, las ofertas de alquiler de este complejo que circulan en las plataformas cibernéticas sí los promueven como parte de la experiencia que se alquila a un costo base de casi $700 por noche.

El complejo consta de dos unidades, que se mercadean como Tu casa at Mary Lee’s by The Sea y Villa Pacífica at Mary Lee’s by The Sea, y fue adquirido en noviembre de 2021 a un costo total de $1.8 millones.

Las aceras de cemento que están en el patio de los dos inmuebles conectan con los dos muelles, y parte de esas construcciones también sobrepasan los límites de los bienes de dominio público, según se aprecia en las imágenes del complejo y en tomas satelitales del catastro. Lo mismo ocurre con una plataforma en madera ubicada sobre rocas al límite del mar. Tanto la acera como la plataforma existían antes del 2021, cuando Pierluisi Rojo adquirió la propiedad.

Foto satelital de 2017. Captura de pantalla de mapa de la Junta de Planificación

Sin embargo, al comparar imágenes del complejo, correspondientes al 2017 y 2018, con imágenes posteriores se observa que el área fue restaurada por alguien luego de los temblores del 2020, a pesar de que en los registros públicos no se documenta ningún permiso para esa obra, ni los dueños anteriores o los actuales tienen una concesión vigente del DRNA para el disfrute privado de esa área, que es un bien del Pueblo de Puerto Rico.

En su reacción a una querella presentada por el aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, por posibles violaciones de Ley y reglamentos en este complejo, Pierluisi Rojo se limitó a negar públicamente que los muelles fueran parte de su propiedad.

Esa afirmación contrasta con lo expresado en la solicitud de permiso que hizo la compañía de alquiler a corto plazo de Pierluisi Rojo el 24 de agosto de 2022. En esa solicitud, que pretendía la obtención de una recomendación ambiental, sí se reconocen los muelles como parte de la propiedad.

“La instalación cuenta con dos muelles existentes, los cuales permanecerán inalterados. El formato principal propuesto es continuar con un diseño de unidades múltiples con áreas compartidas entre unidades”, lee la primera parte de la obra de remodelación propuesta, a un costo de $750,000.

Además, el aprovechamiento de los muelles resulta esencial para el tipo de negocio que promueve Pierluisi Rojo, según detalla la descripción de la acción propuesta a la OGPe cuando dice que “la propiedad ha sido adquirida recientemente por West Indies Vacation Rentals (otra compañía de Pierluisi Rojo) con la visión de remodelarlo y convertirlo en un destino temático de deportes acuáticos con conciencia ecológica con una piscina o piscinas con vista al Mar Caribe y un inventario completo de equipo de deportes acuáticos para disfrutar sus alrededores”.

En 2015, la antigua propietaria, Susan Lee Álvarez Grossman, recibió una determinación de cumplimiento ambiental de la OGPe mediante exclusión categórica para una de las unidades del complejo. Además, propuso someter al DRNA una certificación de deslinde y endoso para concesión de un “muelle existente para embarco y desembarco de personas en Cayo Aurora, Isla de Guilligan”. Lo solicitado se le otorgó por un año y expiró en 2016, según OGPe. No existe ninguna renovación en los archivos digitales de OGPe.

Luego de los huracanes Irma y María en 2017, Álvarez Grossman solicitó a la OGPe una consulta para certificación de deslinde y concesión de muelle el 31 de julio de 2018 para la otra unidad de su propiedad. Esa solicitud fue denegada por OGPe.

Unos meses después, Álvarez Grossman volvió a someter ante OGPe una solicitud de deslinde y concesión para legalizar la estructura del muelle que conecta con esta propiedad, y también fue denegada por la agencia.

¿Cómo remodelaron sin permisos?

El único permiso aprobado fue solicitado el 9 de mayo de 2022, bajo la administración de Silver Beach, LLC, por el ingeniero eléctrico Eduardo Dominguez, para aumentar carga eléctrica “de facilidades existentes a ser remodeladas” en Mary Lee’s by The Sea.

El 24 agosto de 2022, la corporación Silver Beach, LLC presentó otra solicitud de permiso, pero fue archivada por la OGPe sin ser aprobada. Su archivo se dió porque los solicitantes no sometieron la documentación que le requirió la OGPe, confirmó al CPI la portavoz de la agencia, Brenda Vázquez Colón.

El proponente le dijo a la OGPe que las obras que quería hacer no tendrían “un impacto ambiental significativo”. Los trabajos propuestos eran: “mejoras a una instalación existente, incluyendo la construcción de nuevas amenidades, como una piscina, baños, y paseos tablados”.

En la solicitud de permiso de agosto de 2022 se indica que para minimizar cualquier impacto a los cuerpos de agua en el área, durante la construcción se implantarían “medidas para el control de la erosión y prevención de sedimentación efectivas, así como para controlar las emisiones fugitivas de polvo. Estas medidas incluirán, pero sin limitarse a: la instalación de mallas sintéticas (silt fence) y pacas de heno y/o cualquier otra medida de control que se entienda necesaria para proteger los sistemas pluviales antes mencionados”.

El documento añade que “después del huracán María, el propietario [anterior] abrió parcialmente la hospedería hasta que ocurrió el terremoto del 7 de enero de 2020, cuando debido a los daños sufridos fue cerrado definitivamente”. El permiso solicitado por Silver Beach incluía mejoras estructurales y estéticas en la hospedería localizada en el sector Punta Jacinto, en Guánica.

El documento reconoce que los daños sufridos por la propiedad llevaron a su cierre y la necesidad de mejoras estructurales. La propiedad se ofrece como un lugar de lujo para renta a corto plazo sin que esté claro cómo se hicieron las reparaciones que permiten su uso comercial si no existe permiso alguno de construcción otorgado para ninguno de los dos inmuebles que comprenden el complejo.

El aspirante popular, quien antes fue senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que luego de presentada la querella con fecha del 16 de abril “lo dejaron así”. No se han comunicado conmigo para nada”.

Cambios notables en la infraestructura colindante al dominio público

Cuando se comparan las imágenes publicadas entre 2010 y 2018, previas a la compra del complejo con las actuales, es notable que se han hecho múltiples cambios en la infraestructura, incluyendo algunos de los que estaban en la solicitud de permiso que fue archivada por la OGPe, y por lo tanto, para la cual no había un permiso para reconstruir o mejorar.

Al menos en el exterior, contrasta el estado previo y el actual de la plataforma de madera al límite del mar que sirve como una especie de terraza. Si no se construyó una nueva completamente — que es lo que parece — al menos es evidente que se hizo una escalera nueva y que se cambiaron las barandas y se añadieron tensores metálicos. La madera de la terraza y su sincronía con el diseño general de ambas unidades de alquiler y con el tablado del muelle muestran que allí se hizo una obra de construcción.

Si como admiten sus dueños en los documentos sometidos a la OGPe, “la instalación cuenta con dos muelles existentes” y ninguno de ellos tiene una concesión del DRNA, según confirman los datos entregados por la agencia, los manejadores de Tu casa at Mary Lee’s by The Sea y Villa Pacífica at Mary Lee’s by The Sea se aprovechan sin autorización de bienes de dominio público.

De igual manera, si como reconocen en ese mismo documento, la propiedad se vio forzada a cerrar en 2020 por los daños en la estructura provocados por los temblores en la zona, las obras de construcción que facilitaron su apertura y puesta en alquiler, se hicieron sin el permiso de la OGPe, según muestra el archivo de la agencia de la solicitud de la remodelación presentada en 2022, cuando la corporación de Pierluisi Rojo ya era dueña de los inmuebles.

Ni DRNA ni el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos cuentan con documentación que autorice el aprovechamiento de muelles ni remodelaciones en el área.

Por lo tanto, es falsa la afirmación del Gobernador de que en este caso “todo está en ley”.