Por Redacción de Sin Comillas
Los beneficiarios de la Ley 22, ahora Ley 60, están evadiendo el requisito de ofrecer un donativo anual de $10,000 a sin fines de lucro en Puerto Rico. Para evitar hacer estas donaciones, crean organizaciones que se benefician mutuamente de los donativos que se prestan entre ellos y utilizan las organizaciones sin fines de lucro que defienden sus propios intereses, sin tener en cuenta las necesidades sociales de Puerto Rico. A esta conclusión llega un estudio realizado por Hedge Clippers, el Centro para la Democracia Popular (CPD) y la coalición PR No Se Vende.
“Nuestra investigación revela un posible patrón en el que las personas que se aprovechan de estas exenciones contributivas están encontrando tecnicismos y fundando sus propias organizaciones ‘sin fines de lucro’ para poder cumplir, al menos por escrito, con el requisito de donativos filantrópicos”, señala el informe, que se enfoca en dos organizaciones fundadas y dirigidas por beneficiarios de la Ley 22.
La primera, Rain and Rose Fund “existe para empoderar a los puertorriqueños de escasos recursos para que puedan salir de la pobreza”, se define en su página de Internet. De los casi $800,000 que recauda anualmente, donó apenas el 6% de sus fondos a organizaciones locales. Sin embargo, invirtió más de $275,000 en la celebración de un torneo de golf.
Por otra parte, el informe analiza el funcionamiento de 20/22 Foundation, una corporación sin fines de lucro con exención federal, cuya subsidiaria 20/22 Act Society le permite amplias acciones de cabildeo. Estas dos organizaciones que ayudan a que los beneficiarios de la Ley 22 cumplan con el requisito de hacer un donativo anual de $10,000 a sin fines de lucro en Puerto Rico. Esta organización no publica sus donantes y que debe al IRS la política de conflicto de interés y de balances económicos requerido a otras sin fines de lucro, explica el informe.
“La campaña Not Your Tax Haven/Puerto Rico No se Vende, y las organizaciones locales que forman parte de la coalición, llevan ya tiempo denunciando los impactos negativos de la Ley 22/60, incluyendo el desplazamiento, alzas exorbitantes en el costo de vivienda, e impactos ambientales. Pero aún así es increíble ver como hasta el requisito de donaciones filantrópicas de la ley ha sido manipulado por los beneficiarios para su propio lucro. Como si no fuera suficiente que estos individuos están exentos de impuestos y que la ley no tiene ningún requisito de inversión, ni siquiera pueden donar a organizaciones filantrópicas locales sin aprovecharse de alguna manera. Cada día se vuelve más claro que la Ley 22/60 es un vehículo para el lucro de unos pocos, que nada tiene que ver con el bienestar de la gente de Puerto Rico”, comentó Julio Lopez Varona, codirector de campañas del Centro para la Democracia Popular.
Los autores del informe piden al gobierno de Puerto Rico que enmiende los requisitos de donaciones filantrópicas bajo la Ley 22/60 para excluir aquellas organizaciones que son propiedad de, fundadas por o dirigidas por otros beneficiarios de la Ley 22. También exigen mejorar la supervisión y la transparencia.
El informe es un instrumento de la campaña Not Your Tax Haven, que denuncia la falta de transparencia gubernamental y busca que se derogue la Ley 22 (actual Ley 60).
Puede leer el informe aquí: HP78PainProfit-Act 22-Spanish_v8 (1)
