Opinión
Por Enrique Vázquez Quintana*
Se estima que en Estados Unidos hay casi 2,000 casos de condenas erróneas. Las causas son malas identificaciones, confesiones falsas, testimonios de informantes falsos, mala conducta de los oficiales y la conducta deficiente del abogado.
El Proyecto Inocencia fue creado en Estados Unidos en el 1992 por los abogados Barry C. Sch√eck y Peter Neufeld. Ambos defendieron a O.J. Simpson en su juicio del 1995. El Lcdo. Scheck se ha dedicado a eliminar las sentencias injustas como director del Proyecto Inocencia.
El Proyecto Inocencia trabaja para liberar a los inocentes, prevenir las condenas injustas y crear un sistema de justicia justo, compasivo y equitativo para todos. El trabajo está guiado por la ciencia y basado en el antirracismo. Además, ayuda a crear reformas en el sistema de justicia penal para prevenir futuras condenas injustas. Ese proyecto ha sido exitoso. Los datos indican que miles de condenas injustas han sido revocadas en Estados Unidos utilizando las pruebas de ADN.
Existe un Proyecto Inocencia en casi todos los estados y varios países, incluyendo a Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Holanda y Puerto Rico. El Proyecto Inocencia de California en se fundó en el 1999 con tres objetivos: liberar a personas inocentes, proveer una formación de excelencia a los estudiantes de derecho, cambiar las leyes y los procedimientos para reducir el número de condenas erróneas y mejorar el sistema de justicia.
En Puerto Rico el Proyecto Inocencia lo fundó Julio Fontanet en el 2012. Localmente ya se han liberado cinco inocentes utilizando las pruebas de ADN. Tanto en los estados como en Puerto Rico el Proyecto Inocencia ha sido exitoso en liberar los inocentes que cumplían cárcel injustamente. Lo que no se ha trabajado de la intención original del Proyecto Inocencia es enmendar el sistema judicial penal. Tampoco se atiende el sistema judicial civil en el que en ocasiones se dictan sentencias descabelladas y reñidas con la ciencia.
El ejemplo más bochornoso y humillante es cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico sentenció que un cirujano le causó demencia a una paciente luego de una operación de tiroides y paratiroides que resultó con el calcio bajo. Un perito norteamericano testificó falsamente que el calcio bajo le causó pérdida de memoria a la paciente. Los tribunales fueron inducidos a error o aprovecharon ese error para castigar al cirujano porque éste le había ganado una demanda a una abogada que presentó una demanda frívola en su contra.
Para resolver el asunto de los nombramientos de los jueces tenemos que mirar a otros países, tenemos que salir del insularismo. Al presente los jueces no les responden a los ciudadanos, son seleccionados por el gobernante y confirmados por el Senado. El Proyecto Inocencia no ha podido mejorar el sistema penal ni la judicatura del país. En Puerto Rico solo se designan al Tribunal Supremo populares o PNP’s. En Estados Unidos se nombran liberales y conservadores. En nuestro país los abogados indican y aceptan que los jueces tienen inmunidad, impunidad e infalibilidad; ¡¡los jueces no se equivocan!!! Escoger los jueces por votación de los ciudadanos sería un error descomunal.
Para resolver el asunto se debe designar un Panel de la Judicatura con no más de cinco miembros que se encarguen de proveerle una preparación mayor a los abogados que les interese la judicatura. Deben tomar cursos de ética, filosofía, humanismo, ciencia y los principios legales que deben regir su comportamiento como juez/a. Cuando ocurra una vacante le someterán tres nombres al gobernador y éste seleccionaría uno y lo sometería a la consideración del Senado. De esta forma se eliminaría la política partidista en la selección de los jueces; se podrá designar a libres pensadores y apolíticos. La Oficina de Administración de los Tribunales no realiza esa función ya que es una dependencia del Tribunal Supremo. El Código de Ética judicial debe aplicarse también a los jueces del Tribunal Supremo.
- El autor es doctor en medicina y fue presidente del Colegio Médicos de Puerto Rico