Por Luisa García Pelatti

La deuda pública supera ya los $67,000 millones. Este año habrá que reservar $4,308 millones para pagar por el servicio de la deuda, un 15% del presupuesto consolidado. Y aunque en los últimos cuatro años el crecimiento se ha moderado, se trata de una deuda poco productiva porque la mayoría de la deuda no se ha utilizado para invertir en infraestructura, sino para reducir el déficit y repagar deuda. El gobierno parece haber caído en una “trampa fiscal”: emitir deuda adicional para pagar deuda existente.

De la deuda pública, de las futuras emisiones, del déficit presupuestario y de la salud financiera del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hablamos con Juan Carlos Batlle, presidente del BGF. Esta es la tercera y última entrega de esa entrevista.

La deuda pública está compuesta por la deuda constitucional, que ascendía a $10,672 millones en el 2011, 16% del total de la deuda; deuda municipal ($3,331 millones, 5%); corporaciones públicas ($28,195 millones, 44%); deuda extra-constitucional ($2,957 millones, 4%); y otra deuda ($5,358 millones, 8%). A eso hay que añadir los $14,218 millones de COFINA (22%).

Las emisiones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), creada para pagar la deuda extra constitucional que no tenía fuente de repago, han tenido que ser utilizadas también para reducir el déficit, para pagar la nómina y a los suplidores; y sólo $500 millones se ha utilizado para incentivar el crecimiento económico.

“Siempre he dicho que me encantaría pensar qué impacto habría tenido si los $15,000 millones de COFINA se hubieran podido meter en la economía. Pero esa oportunidad la perdimos”.

“Vale la pena recalcar que la deuda extra-constitucional hoy en día cuenta con fuentes de repago en su totalidad en la forma de apropiaciones legislativas que se incluyen en el presupuesto todos los años. Esta cantidad contrasta con el balance pico que tuvo la deuda extra constitucional de $8,600 millones en el 2005”, comentó Batlle.

El presidente del BGF explicó que la deuda de Obligaciones Generales que se originó en los años 80 y 90 empiezan a madurar, lo que considera “una oportunidad” para reestructurar parte de la deuda.

Sobre las recientes emisiones de bonos, defiende que se ha emitido deuda nueva pero también que se ha refinanciado deuda existente. Dice que no es los mismo emitir deuda que refinanciar. “Es un debate que he tenido con algunas personas que me dicen: estás refinanciando y te estás endeudando más . El mismo concepto es si yo tengo una hipoteca y logro bajar un poco la tasa. Es un beneficio”.

La deuda pública creció a una tasa anual de entre 9% y 10% en el período del 2000 al 2008. Mientras que en los últimos cuatro años el aumento de la deuda ha sido menor, de entre 5% y 6%. “Creo que lo ideal sería que el crecimiento de la deuda esté por debajo del crecimiento económico, pero en estos tiempos es sumamente complicado”, explica Batlle, en referencia a los seis años de crecimiento económico negativo.

“Estamos poco a poco ayudando a la economía, poco a poco, y por eso tienes que emitir deuda. Yo creo quela deuda bien utilizada no es mala. Es un vehículo necesario”.

En torno al déficit presupuestario, Batlle insiste en hablar de un déficit estructural de $610 millones –“que se ha perpetuado desde que se está gastando más de lo que se ingresas”– y el plan es eliminarlo en dos o tres años.

“Hemos tratado de ir reduciendo ese ‘gap’, pero es complicado cuando tienes una base de gastos tan alta, con un base de ingresos como la que estamos proyectando. ¿Cómo haces para cerrar ese gap sin dañar la economía? Estamos ahí, poco a poco.

Algunas fuentes hablan de una deuda escondida dentro del BGF. Batlle explica que los $67,000 millones incluye toda la deuda. “Nosotros sí tenemos $5,000 millones que no están en esos $67,000 millones ¿Por qué? Porque ese dinero que levanto lo utilizo para prestar. Si incluyera ese dinero en los $67,000 estaría contando doble porque ahí está la deuda que le he prestado a PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica) a PRASA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados). Realmente no es que esté escondida. Es la fuente de ‘funding’ del banco”.

El BGF tenía en el año fiscal 2008 $1,470 millones de capital y este año podría terminar con $2,050 millones.

“Ahí están los $200 millones que estoy utilizando para el programa de ‘Impulso Empresarial’, para ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Ese dinero se va a quedar aquí, no se saca porque yo no estoy poniéndolo en un vehículo de tercero para que la gente lo use”. Se queda en el banca como garantía de los préstamos, explica.

Emisiones futuras

El BGF está a punto de sacar al mercado una emisión de la Autoridad de Energía Eléctrica de alrededor de $450 millones para refinanciar una línea de crédito que la corporación pública tiene con el BGF y para el plan de mejoras capitales.

‘Si pudiéramos aumentarla un poco se aumentaría a $600 millones como mucho para poder incluir todo el plan es mejoras capitales”, dijo Batlle.

Para el tercer trimestre, está pendiente una emisión de Edificios Públicos de $180 millones (refinanciamiento) y otra de la Autoridad de Carreteras que puede alcanzar los $1,000 millones, también para refinanciar deuda.

“Nos llegó una propuesta interesantísima para hacer un refinanciamiento de COFINA de $170 millones, que resultaría, dependiendo del momento en que se haga, en un ahorro de entre 15% y 16% en el servicio de la deuda”, reveló Batlle.

Está pendiente para el mes de julio la emisión de Obligaciones Generales que se autorizó en noviembre. Se aprobaron $290 millones. “Ya tenemos una línea de crédito de la banca privada. Pero no quiero salir al mercado hasta que se desembolse el dinero”.

Otras posibilidad es una emisión de la Autoridad para el Financiamiento Municipal. “Esa entidad agrupa préstamos que el BGF y la banca privada hace a los municipios y los tira al mercado para lograr un ahorro a los municipios. Este mecanismo se dejó de utilizar durante cuatro o cinco años porque las tasas estaban bajas”.

Por otro lado, se estudia una emisión de la Universidad de Puerto Rico. “No me gusta mucho la idea”, dice Batlle por que Moody’s Investors Service (Moody’s) cambió el mes pasado la clasificación de esa deuda a perspectiva negativa. “Si es para traer ahorros eso no va a traer ningún problemas, al contrario, ayuda y en ese caso lo miraríamos”.

El Gobierno no anticipa que las agencias clasificadoras de deuda han cambios en los “ratings”. Standard & Poor’s es la que tiene la clasificación más baja, BBB (el penúltimo escalón antes de caer en “chatarra”) con perspectiva estable. Fitch Ratings le da a la deuda de Puerto Rico una nota de BBB+ con perspectiva estable y Moody’s la clasifica Baa1 con perspectiva negativa.

“Tenemos comunicación constante con las agencias y no percibimos que vayan a tomar ninguna acción. Hemos sido bien claros. La situación aquí de mayor preocupación es el Retiro”, comentó Batlle.

Extender la vida del Sistema de Retiro

El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno tiene un déficit actuarial de $25,000 millones –7 veces el presupuesto–, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2022. Recordemos que el Gobierno ya aprobó en el verano del 2011 dos medidas: un aumento en la aportación del Gobierno y una inyección de $162 millones; ambas medidas le han extendido la Sistema del 2014 al 2022.

“Hemos sido bien abiertos con las casas acreditadoras. En verano del año pasado tomamos unas medidas, pero no es la solución permanente. Ni cerca, lo sabemos, lo reconocemos. Es una situación sumamente sensitiva pero tampoco podemos hacer lo necesario para arreglarlo mañana a costa del Fondo General, que es una preocupación que ellos tienen”.

“Con lo que se hizo el año pasado, extendimos a 2022 la vida de los activos y ahora estamos evaluando alternativas para ver qué combinación de cosas sería la solución permanente”.

Si no se hace nada, en 15 o 20 años, el Gobierno tendría que pagar parte de los beneficios y para ello tendría que usar el 8% del Fondo General. “El otro día, en Estados Unidos, un inversionista me dijo que el 8% no está mal, pero ese 8% tengo que quitárselo a alguien, a educación o a Salud. Sí es malo. Hay que seguir buscando alternativas”.

Y las alternativas son: o paga más el patrono, o pagan más los empleados o se reducen los beneficios. El Gobierno ya aumentó su aportación, así que sólo quedan las otras dos opciones, que son medidas antipáticas en un año de elecciones. Lo otro es identificar nuevas fuentes de ingresos. Pero aunque no parece que nada vaya a pasar antes de las elecciones, habrá que tomar una decisión pronto para evitar que toda la población pague.