Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico y Comercio. (Foto tomada de Facebook)

En el 2021, el Gobierno prometió mano dura contra los infractores, una auditoría a cada beneficiario y cambios a la ley para requerir mayor inversión en Puerto Rico para otorgar el incentivo. La auditoría no se ha terminado, los esfuerzos para enmendar la ley han quedado detenidos por el PPD y hace más de un año que no cancelan un decreto por incumplimiento.

Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

Cuando le preguntan sobre cómo se está fiscalizando a los inversionistas extranjeros de la llamada “Ley 22”, Carlos Fontán hace referencia a los 311 decretos que la oficina de Incentivos que dirige en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha intentado revocar por incumplimiento.

“Han habilitado al Departamento de Hacienda — porque las revocaciones son retroactivas — a instar procesos para recobrar más de $24 millones en pago de contribuciones sobre ingresos”, dijo en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Pero la cifra de 311 decretos que se intentaron cancelar es la misma que se dio en agosto de 2022. Es decir, hace más de un año que el DDEC no intenta cancelar un decreto de Ley 22 por incumplimiento. Además, entre esos 311, hay cuatro casos en los que se dejó sin efecto la cancelación, y otros 29 cuya revocación no es final y firme debido a recursos de revisión que continúan sin resolverse. En realidad hay 278 decretos cancelados a esta fecha.

Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. (Foto tomada de Facebook)

De los $24 millones que deben en contribuciones quienes perdieron su decreto, sería una sorpresa que se haya recobrado $3 millones, admitió el secretario de Hacienda Francisco Parés, quien advirtió que cobrar esta deuda es cuesta arriba.

Desde que comenzó el programa del incentivo en el 2012 hasta el 2020, el DDEC nunca verificó si los beneficiarios de la Ley 22 cumplían con los pocos requisitos que tiene la ley: presentar un informe anual, realizar donativos a entidades sin fines de lucro y residir en Puerto Rico. En marzo del 2021, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, anunció una auditoría de cumplimiento sobre cada decreto otorgado y advirtió que habría mano dura contra los infractores. También prometió cambios a la Ley 22 — ahora bajo la Ley 60 del Código de Incentivos — para requerir más inversión en Puerto Rico a quienes obtengan el beneficio.

Dos años después, nada de esto ha ocurrido, según la investigación del CPI. La ley sigue sin enmendarse y la auditoría no ha finalizado, a pesar de que Fontán dijo en aquel momento que “parte del proceso” terminaría a finales del 2021. Mientras, la pluma de decretos de Ley 22 sigue abierta: entre finales del 2020 y febrero de este año, el número de “residentes inversionistas” acogidos al beneficio contributivo aumentó de 3,146 a 5,010, o casi 60%.

 

Una auditoría millonaria que no ha terminado en dos años

El CPI pudo identificar al menos 11 casos de beneficiarios de Ley 22 que mantienen decretos vigentes a pesar de haber sido acusados de delito o señalados por irregularidades en el manejo de sus negocios, deudas contributivas y por residir en otras jurisdicciones y no en Puerto Rico, como requiere el incentivo.

Por ejemplo, como parte de una candidatura al Congreso, el “criptomagnate” Brock Pierce aseguró en el 2021 ser residente de Vermont cuando consideró aspirar a una candidatura al Senado federal, al mismo tiempo que mantenía un decreto de Ley 22. Al día de hoy, Pierce continúa con su decreto activo, según datos del DDEC.

Según Fontán, de los casos de irregularidades de beneficiarios de Ley 22 reseñados, “la prensa menciona meras alegaciones. O sea, yo tengo que revocar los casos por las razones específicas que establece la ley. Te voy a dar un ejemplo: que esa persona no está en Puerto Rico. Una alegación. La realidad del caso es que eso se tiene que probar y no puedo revocar un decreto para que la persona — como tiene el debido proceso de ley — vaya al tribunal y entonces el tribunal me diga, ‘esa revocación es inválida’”. El funcionario rechazó comentar sobre investigaciones de beneficiarios del incentivo que lleva a cabo su oficina. La agencia tampoco quiso precisar cuántas investigaciones activas tienen al día de hoy.

El DDEC nunca ha revocado un decreto por incumplimiento con el requisito de residencia en Puerto Rico. Tampoco lo ha hecho por otras causales como dejar de notificar su mudanza aquí, no realizar el donativo anual a organizaciones sin fines de lucro, incumplir con la responsabilidad contributiva o solicitar y obtener el decreto mediante fraude.

Según Fontán, la única causa para revocar decretos ha sido incumplir con la entrega del informe anual, un formulario donde los beneficiarios detallan sus ingresos, activos financieros, propiedades, negocios y otros datos personales.

“Estamos investigando las alegaciones que se hacen de los distintos individuos y cuando se dé la evidencia fehaciente y los hechos materiales que nos permitan revocar esos decretos, así lo haremos”, añadió.

Fontán dijo que su oficina requiere a los beneficiarios información electoral, la licencia de conducir, planillas de contribución sobre ingresos y los informes anuales que “nos dicen cuántos días pasaron en Puerto Rico”. Sobre esto último, la ley requiere al menos 183 días al año, pero esto no está escrito en piedra.

“Puedes estar 160 días, para darte un ejemplo, y aún así ser residente porque demuestras que ‘por la naturaleza de mi trabajo, yo tuve que viajar, pero mi esposa y mis hijos están en Puerto Rico, tengo licencia en Puerto Rico, tengo bote en Puerto Rico’. Le pedimos recibos de pasajes, estados de cuenta, estados de cuenta de las tarjetas de crédito, para constatar que […] esta persona definitivamente fue residente de Puerto Rico”, dijo.

El DDEC indicó por escrito que requieren esta documentación como parte de la auditoría que realiza desde el 2021.

Para auditar a los beneficiarios de la Ley 22, el DDEC contrató a Ecoval LLC, una firma de consultoría financiera con oficinas en Guaynabo.

Incorporada en el 2014 bajo Soria LLC — cambió su nombre a Ecoval en el 2020 — la firma ha conseguido más de $25.7 millones en contratos con 27 agencias de Gobierno. Desde abril del 2021, Ecoval suma $4.9 millones con el DDEC por servicios que incluyen auditar el cumplimiento de los decretos otorgados bajo la Ley 22 y otras leyes de incentivos.

El principal oficial de la compañía es Eduardo Soria Rivera, un abogado CPA donante del Partido Nuevo Progresista (PNP). Para la compañía trabaja José Marrero, el ex director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo la administración Rosselló Nevares. Mientras estuvo en OGP, Marrero otorgó al menos $665,000 en contratos a Soria LLC.

En el 2021, Soria Rivera fue nombrado por el tribunal como administrador judicial en la liquidación de JR Asphalt, una asfaltera contratista del Gobierno cuyos principales oficiales se declararon culpables de corrupción. El nombramiento de Soria ocurre luego que los dueños de la asfaltera lo recomendaran para esta tarea.

Engavetados por el PPD los cambios propuestos a la Ley 22

Salil Zaveri, quien obtuvo los beneficios de la Ley 22 en el 2016, mató a un perro mientras jugaba golf en Río Grande. El “inversionista residente” fue acusado, encontrado culpable y sentenciado a un año de prisión. Su decreto de Ley 22 fue cancelado, pero la causa de revocación, en lugar de su conducta delictiva, fue incumplir con la radicación de su informe anual.

Se desconoce si el incumplimiento vino antes de resultar convicto, ya que el DDEC nunca entregó este dato, a pesar de múltiples solicitudes del CPI. La agencia solo compartió los nombres de las 278 personas que perdieron sus decretos y cuyas revocaciones advinieron finales y firmes.

Como Zaveri, existen otros casos de beneficiarios de Ley 22 acusados de delitos, como Raheel Naviwala (acusado de fraude a Medicare), Aaron Vick (acusado de corrupción por la venta de pruebas de Covid-19), y Rishi Shah y Shradha Agarwal (ambos convictos por fraude a inversionistas).

A diferencia de Zaveri, los “inversionistas residentes” Naviwala, Vick, Shah y Agarwal todavía aparecen con sus decretos vigentes, encontró el CPI.

En mayo del 2021, el representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro Suárez, presentó el proyecto de la Cámara 790 para “añadir como causa de revocación de un decreto que el concesionario sea declarado culpable de delito grave en Puerto Rico”. La medida está engavetada desde entonces en la Comisión de lo Jurídico, que preside el representante del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente de la Cámara, Rafael Hernández.

“Se presentó y cabildeamos para que se le diera paso y vistas públicas. Pero está durmiendo el sueño de los justos, en alguna gaveta en alguna comisión”, dijo  Navarro, quien apoyó el incentivo “siempre y cuando se le haga uno que otro ajuste” como el que propone.

El representante del PNP rechazó que la falta de acción se deba a cabildeo en contra de su medida, sino más bien a que no es un proyecto presentado por la delegación en mayoría PPD.

A pesar de las fallas sistémicas del incentivo y los llamados a proveer más “garras” para fiscalizar estos decretos, ninguno de los proyectos de ley que se han presentado para enmendar la legislación ha salido a flote. Hay al menos siete proyectos de ley engavetados en la Legislatura. Algunos proponen eliminar el incentivo, otros aumentar sus requisitos de inversión y permitir la cancelación de un decreto si la persona comete un delito.

Uno de ellos, el proyecto del Senado 684 del senador del PPD Juan Zaragoza, “murió por asfixia” según su autor. La medida, que busca requerir mayor inversión y creación de empleos, además de añadir la comisión de delitos como causal de cancelación, fue referida a la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, que presidía la entonces senadora del PPD Gretchen Hau, y ahí se ha quedado.

“Le di seguimiento 200 veces, ella [Hau] me dijo que tenía instrucciones de no moverlo”, dijo Zaragoza. Quién dió las instrucciones de no moverlo “es uno de los misterios de este edificio”, agregó.

Zaragoza, quien preside la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que luego de que su proyecto quedará engavetado, se unió como coautor a una medida similar, el PS 490 del senador del PNP Thomas Rivera Schatz. Este proyecto fue atendido en la comisión que preside Zaragoza y aprobado con enmiendas el pasado mes de mayo. Desde entonces está en la Comisión de Reglas y Calendario, que preside el senador del PPD Javier Aponte Dalmau.

“Ahí está muriendo por asfixia de nuevo. Estoy pendiente hace meses a una reunión con Aponte Dalmau sobre el tema, y se supone que fuera el lunes. No fue. Ayer me dijo que me iba a atender, no me atendió. Todos los días le doy seguimiento para que me diga cuál es plan: si es matarlo o dejarlo que vaya a votación. No sé qué corriente subterránea hay ahí”, dijo Zaragoza.

Por otro lado, la medida de ajustes contributivos que impulsa la administración Pierluisi no contempla cambios a los requisitos del incentivo bajo la Ley 22. El gobernador anunció en julio que extendería el beneficio contributivo que tienen los beneficiarios de la Ley 22 a todos los residente de Puerto Rico.

“Ese es el lado bueno de la medida. El lado oscuro es que, de los pocos requisitos que tenían, ahora los Ley 22 no van a tener ninguno. El planteamiento de que había que ponerle dientes y demás a la Ley 22, lo que harían [con la medida de ajuste  contributivo] sería sacarle el único diente que tiene. Ahora sí que se abrieron las compuertas”, dijo Zaragoza.

Hacienda: el interés económico lo tiene el IRS

A la misma pregunta sobre el estatus de la fiscalización de la Ley 22, el secretario de Hacienda Francisco Parés tiene otro punto de vista. Para él, “el interés económico de las revocaciones de decreto principalmente lo va a tener el IRS”, o el Servicio Federal de Rentas Internas por sus siglas en inglés.

Francisco Parés, secretario de Hacienda. (Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

La antigua Ley 22, que ahora está bajo el Código de Incentivos de 2019, permite que aquellas personas extranjeras que se muden a Puerto Rico y se acojan al incentivo, no paguen contribuciones en su lugar de origen sobre las ganancias de capital, intereses y dividendos que generen. Estos ingresos, como regla general, tributan en el lugar de residencia, en este caso Puerto Rico, donde reciben una exención del 100%.

“Pero, ¿qué ocurre si puedes probar que la persona no es residente [de Puerto Rico]? Pues en esencia esas ganancias de capital igual no hubiesen tributado en Puerto Rico por carencia de jurisdicción. Por eso, el rol del Departamento de Hacienda pierde un poco de relevancia económica, puesto que, al final del día, el cobro de contribución se daría más a nivel federal que a nivel estatal”, sostuvo el secretario de Hacienda.

En junio, el IRS confirmó que investigan a un centenar de beneficiarios de la Ley 22 por posible evasión contributiva, al tiempo que anticiparon la radicación de cargos a nivel federal. Hasta el momento, no se conoce de ningún caso en el cual el IRS  haya intervenido con algún beneficiario de Ley 22 por motivo de su decreto en Puerto Rico.

A preguntas del CPI, la agencia federal se limitó a confirmar que han identificado casi 100 beneficiarios de Ley 22 que estarían incumpliendo con su responsabilidad contributiva a nivel federal. También dijo que esta acción responde a una campaña en curso desde febrero del 2021 sobre beneficiarios de la Ley 22 que incumplan con las reglas de residencia y de fuente de ingresos.

“Estos individuos ricos están tratando de evitar pagar impuestos federales sobre ingresos que están sujetos a impuestos en Estados Unidos”, agregó por escrito la agencia.

Por su parte,  Parés indicó que “en términos prácticos, para mirar esto por números, obviamente todos aspiramos a que Puerto Rico sea una jurisdicción de ley y orden, pero en términos numéricos, si ya el IRS está asumiendo la jurisdicción haciendo esa investigación, pues lo sensato — porque tampoco nos sobran los recursos a nosotros — es ayudarlos a que ellos llenen esos propósitos”.

El CPI preguntó directamente al IRS en qué consiste la colaboración con el Gobierno, pero la agencia federal no contestó esta pregunta.

Según el Secretario de Hacienda, es muy retante cobrar la deuda retroactiva de los decretos cancelados ya que hay, por ejemplo, “personas que no tienen presencia en Puerto Rico” o cuyas cuentas bancarias están fuera de la isla.

“Eso no significa que no se hacen gestiones de cobro. Se le envían notificaciones de  que tienen deuda contributiva y luego se expiden las notificaciones de embargo”, aseguró Parés, quien momentos antes dijo que le sorprendería que la cantidad recobrada exceda los $3 millones.

El CPI solicitó en varias ocasiones la cifra exacta de lo recobrado, pero la agencia nunca proveyó el dato.