Por redacción de Sin Comillas
La contratación pública es una de las áreas con mayor riesgo de corrupción. Se estima que entre un 10% y un 25% del valor de los contratos públicos se pierde a causa de este problema. La organización Sembrando Sentido estima que hasta $3,100 millones del presupuesto de contrataciones se pueden perder “como resultado de la corrupción, el mal uso de recursos y/o ineficiencias en sus procesos”.
Para combatir la corrupción gubernamental, las organizaciones cívicas Sembrando Sentido y Somos Más, presentaron enmiendas al “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” de 2018. Proponen prohibir los donativos políticos de contratistas públicos, atender el nepotismo cruzado, las puertas giratorias y limitar la contratación de personas convictas por corrupción.
“Llevamos más de un año trabajando estas propuestas, junto a grupos locales e internacionales, para contribuir a medidas que apoyan un marco anticorrupción más robusto”, subrayó la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, mientras el portavoz de Somos Más, Johnny Rullán, acentuó que “estas enmiendas, particularmente la que busca atender los problemas de contratación gubernamental, van dirigidas a desalentar y desmotivar el ‘hoy por mi mañana por tí’ que se da cuando un contratista o aspirante dona a una campaña, a políticos o partidos, con el fin de garantizar contratos con el Gobierno”.
“Según nuestro sistema Contratos En Ley, al menos 5.6% de los contratistas gubernamentales son donantes políticos, acción que se prohíbe a nivel federal y en más de 20 estados de Estados Unidos”, dijo Masses, añadiendo que “proponemos prohibir expresamente los donativos políticos por parte de contratistas gubernamentales por hasta 4 años luego del cumplimiento del contrato o la presentación de cotizaciones o propuestas no agraciadas”. Masses sostuvo que siguiendo la normativa de varios estados, la prohibición no solo abarca al contratista individual –sea un individuo, o una corporación/entidad/compañía–, sino que incluye a toda persona miembro del equipo ejecutivo, equipo directivo o beneficiario final de la persona jurídica contratista.
José Atiles, profesor de la Universidad de Illinois, añadió que “según reportes recientes del Departamento de Justicia federal, Puerto Rico es una de las jurisdicciones con más casos de corrupción gubernamental en los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción entre 2010 y el 2019. “Desafortunadamente el Código Anticorrupción no logra atender la contratación pública y otras instancias que propician la corrupción política en Puerto Rico” puntualizó Atiles. Es por esto, que ambas organizaciones anunciaron, además, otros tres proyectos que van dirigidos a robustecer el proceso para denunciar actos de corrupción; enmendar y ampliar el Registro de Personas Convictas por Corrupción y fortalecer el Grupo Interagencial Anticorrupción.
