Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la UPR, recinto de Mayagüez. (Foto suministrada)
Por redacción de Sin Comillas
El costo económico de la corrupción en el Gobierno sobrepasa los $527 millones al año, según un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).
En general, la evidencia estadística sugiere que si Puerto Rico hubiera logrado estabilidad en la calidad de su gobernanza durante las primeras dos décadas del siglo XXI, la depresión económica que comenzó en 2006 habría sido menos profunda y hoy estaríamos más cercanos a retornar a niveles precrisis.
“El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico” fue elaborado por Julio C. Quintana Díaz del Centro de Apoyo Estadístico de la PUCPR; y Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez e investigador asociado del Observatorio. La investigación, además, contó con la colaboración del director del Observatorio, Hernán Vera.
“Estudiamos la relación entre los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial y la economía puertorriqueña. Encontramos que los indicadores de gobernanza en Puerto Rico han disminuido significativamente desde mediados de la década del 2000, coincidiendo con la depresión económica que inició en 2006. Además, específicamente, los renglones de voz y rendición de cuentas y control de la corrupción fueron las variables de gobernanza que mostraron tener el mayor impacto en la economía”, apunta Fuentes Ramírez,
Uno de los hallazgos principales es que el deterioro de la capacidad para controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7,400 millones, o en promedio de $527 millones anuales. En el caso de voz y rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $11,600 millones, o en promedio $1,289 millones anuales.
“Típicamente asociamos la corrupción gubernamental con sobornos o con la apropiación de fondos públicos. Pero este mal social, al cual penosamente el país está acostumbrado, incluye muchas otras formas de lograr beneficio privados, como establecer políticas públicas, o procesos de compra y contratación de servicios en el gobierno, donde se favorecen amigos, familiares, socios comerciales, o donantes”, destacó Quintana Díaz. “Desde una perspectiva económica, un gobierno corrupto erosiona la confianza, lo que podría motivar a personas y empresas a preferir vivir e invertir en otro lugar. La pérdida de fondos públicos ya sea por robo o por pagar más de lo debido por un servicio, implica menos fondos disponibles para invertir en salud, educación y desarrollo”.
Según los investigadores, para poder fortalecer las instituciones de gobierno es crucial establecer y fortalecer una buena gobernanza en las instituciones públicas, particularmente en áreas como la efectividad gubernamental y la voz y rendimiento de cuentas.
Señalaron además que, para rescatar las instituciones públicas, deben aislarse de “la influencia corrosiva del partidismo y de la captura del gobierno por parte de élites e intereses privados”. Entre las herramientas más fuertes para evitar la corrupción y la pobre gobernanza destacaron el sistema de mérito para ocupar posiciones de alto nivel, la transparencia en la información pública y el proceso de toma de decisiones, una participación ciudadana abarcadora, y el establecimiento de mejores prácticas de administración y política pública.
“Esto implica grandes cambios en la cultura de la política puertorriqueña y, lamentablemente, esta es quizás una de las áreas donde más desesperanza abunda en la sociedad civil puertorriqueña. A la ciudadanía, rescatar nuestras instituciones públicas de la influencia corrosiva del partidismo le parece una tarea inalcanzable. Sin embargo, recalcamos, es la tarea más urgente para la nación puertorriqueña si se pretende combatir la corrupción, e iniciar un proceso de recuperación y reconstrucción económico y social”, destacaron Quintana Díaz y Fuentes Ramírez.
Los indicadores usados en el estudio fueron: voz y rendición de cuentas (que mide cuánto los ciudadanos de un país pueden participar en las decisiones de gobierno, así como la libertad de expresión, de asociación y de prensa); estabilidad política y ausencia de violencia (mide la posibilidad de amenazas violentas a, o cambios en, el gobierno, incluyendo el terrorismo); efectividad gubernamental (mide la capacitación de la burocracia y la calidad de la prestación de servicios públicos); calidad regulatoria (mide la incidencia de políticas hostiles a la competencia de mercado); estado de derecho (mide la calidad del cumplimiento de contratos, la policía, y las cortes, incluyendo la independencia judicial, y la incidencia del crimen) y el control de la corrupción (la medida en que el poder público se ejerce en beneficio privado, incluyendo la “captura” del estado por élites e intereses privados).
