Vista aérea de Dorado Beach East donde han comprador propiedades varios inversionistas que se benefician de la Ley 22
Por redacción de Sin Comillas
“El gobierno de Puerto Rico aprobó la ley 22 en 2012 con el propósito de atraer lo que se han denominado, ‘individuos inversionistas’. Dicha ley no contiene un solo requisito de inversión pública y hoy, luego de 10 años y de otorgar sobre 4,000 decretos, aún no tiene el gobierno la capacidad para fiscalizar y publicar los informes que establece la propia Ley como requisito”, indicó Julio López Varona, director de campañas del Centro para la Democracia Popular.
La entidad es parte de una coalición de organizaciones comunitarias que ha desarrollado una campaña educativa y de movilización bajo el lema, “Not Your Tax Haven”, para exponer la ineficiencia gubernamental en el cumplimiento de la ley 22 y propone su eliminación si no cumple con su propósito de atraer inversiones. La organización creó la página prnosevende.com e invita a personas interesadas a sumarse a la campaña a enviar el código LEY22 al 25463 por mensaje de texto para recibir actualizaciones periódicas sobre esta iniciativa. La campaña además cuenta con una estrategia paralela en la esfera federal.
La coalición busca detener la otorgación desmedida de generosas exenciones contributivas a inversionistas, empresarios y empresarios extranjeros, la falta de transparencia de las agencias envueltas en este proceso, además de denunciar el impacto económico, ambiental y en la vivienda.
La Coalición destaca que durante este año fiscal se estima que ascenderán a $342 millones los ingresos no captados por concepto de la Ley 22, según el último Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda. Para el periodo de 2017 a 2013, se habrían perdido $2,200 millones como consecuencia de los decretos otorgados a través de la Ley 22, estima el Gobierno.
“La ineficiencia del gobierno para cumplir con su propia ley, no nos permite tener claridad de las consecuencias económicas y sociales que han tenido los decretos, información y datos que son necesarios, máxime en medio de la crisis económica que enfrenta el país. Peor aún, el único efecto real y constatable de la ley ha sido el desplazamiento de muchas comunidades en Puerto Rico sin ningún beneficio real para ellos ni para nuestro País”, señaló López Varona
“Durante estos últimos 12 años, la población de Puerto Rico se ha reducido en un 12%. Alrededor del 40% de la población puertorriqueña vive bajo el nivel de pobreza y las personas se van porque continuamos recortando servicios esenciales y derechos laborales, supuestamente para pagar la deuda del país. No obstante y a pesar de la crisis económica, continuamos otorgando estas exenciones contributivas sin ningún requerimiento mínimo de inversión en la isla y manteniendo la carga económica sobre la población que permanece en Puerto Rico”, comentó Sandra Cruz, portavoz de la organización VAMOS.
Por otra parte, aún no existen datos oficiales sobre el impacto de la Ley 22 y las inversiones y compras realizadas por los tenedores de decretos, en el mercado de vivienda local y el desplazamiento físico y social de comunidades.
Ayuda Legal Puerto Rico estará colaborando en la abogacía por el derecho a la vivienda mientras que exigen la fiscalización y la rendición de cuentas. “El gobierno endosó un sistema que facilita especular con la vivienda y promover desplazamientos, sin beneficio o consideración alguna por el desarrollo económico equitativo o el derecho al techo de la gente que hoy no puede pagar una renta o hipoteca. Ante la inseguridad de la vivienda y la preferencia de inversionistas sobre las comunidades, nuestro rol es defender a las familias y abogar para eliminar esta política”, indicó Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico
La coalición está compuesta por organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria directamente afectadas por la Ley 22 que incluyen: el Centro para la Democracia Popular (CPD Action), Construyamos Otro Acuerdo, VAMOS Puerto Rico, Mi Patria, Proyecto Metamorfosis, Proyecto Revivir PR, Puerta de Tierra No se Vende, Abolish Act 60, Residentes de Puerta de Tierra, Asociacion de Residentes de Viejo San Juan, Escambron Unido, Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Residentes Machuchal Revive, Puerta de Tierra se Defiende, entre otros.
