William E. Miranda Torres, alcalde de Caguas. (Foto: Wanda Liz Vega | Centro de Periodismo Investigativo)

A la empresa se le imputa haber retenido indebidamente $1.5 millones en sus operaciones en Caguas, hacer representación falsa del Municipio e inflar sus facturas.

Por Damaris Suárez y Wilma Maldonado | Centro de Periodismo Investigativo

El Municipio de Caguas canceló el contrato con Universal Properties Realty Government Services, LLC., luego de que una investigación interna confirmó irregularidades en el proceso de la declaración de estorbos públicos y su venta por parte de esa empresa en Caguas, dijo el alcalde William Miranda Torres en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El Municipio notificó a Universal Properties la terminación del contrato el pasado 16 de mayo alegando que la empresa retuvo indebidamente $1,569,173.19. Esa cifra incluye $128,603.19 en multas y contribuciones cobradas por la empresa y que no ha remitido al Municipio; y otros $48,000 que le corresponden al Municipio por la compraventa de varias propiedades que Universal Properties realizó a nombre del Ayuntamiento.

Asimismo, Miranda Torres solicitó que se le entregue al Municipio $1,392,570 que los compradores ya han pagado en adelanto a Universal Properties para adquirir inmuebles declarados estorbos públicos, pero cuyos casos de expropiación no han sido presentados aún en el Tribunal.

Universal Properties representa legalmente al Municipio de Caguas en  procesos de expropiación de inmuebles.También se encarga del trabajo técnico de tasación y mantenimiento de la propiedad y de su posterior venta.

El abogado de Universal Properties, Antonio Alvarez Torres, dijo que la empresa le solicitó una reconsideración al Municipio toda vez que el gobierno municipal canceló el contrato de manera unilateral, en violación a los acuerdos alcanzados entre las partes y sin disponer de toda la información para tomar una determinación ponderada.

La compañía pidió otra reunión, pero no se le concedió. El abogado dijo que esperan, entonces, por la respuesta a su solicitud de reconsideración en la que niega cualquier actuación ilegal de su parte.

De repente se levantaron banderas rojas

Miranda Torres no quiso precisar cuándo se identificaron estas presuntas irregularidades, pero desde el 30 de marzo el CPI le ha hecho solicitudes de información al Municipio sobre los contratos para el manejo de estorbos públicos. El 13 de abril de 2023, el CPI les solicitó la lista de estorbos públicos asignados a las compañías que prestan estos servicios de identificación y venta de estas propiedades para el Ayuntamiento. Así como el detalle de los ingresos recibidos por el Municipio producto de la venta de inmuebles expropiados, copias de todos los contratos firmados con posibles compradores y de los informes de progreso o cualquier otro documento sometido por las compañías para actualizar y detallar los servicios prestados.

“Se empezaron a levantar banderas, así que le pedí a mi asesora legal [Mónica Vega] junto al equipo que comenzaran una investigación de todos los casos. En esa investigación se da cuenta de un mal manejo de fondos y otras cosas más”, explicó Miranda Torres, quien además, designó al abogado y contador Alex Rivera Longchamps como oficial investigador en este asunto.

“Cuando se mira la factura, la realidad es que de tan solo verla se levantan muchas banderas rojas. La forma en que se estaban haciendo y cobrando las tasaciones, los estudios de título, y de ese asunto se formaliza el proceso de intervención y se notifica a las tres compañías contratadas”, indicó Rivera Longchamps.

El Municipio de Caguas designó al abogado y contador Alex Rivera Longchamps como oficial investigador. (Foto: Wanda Liz Vega | Centro de Periodismo Investigativo)

Esas facturas que Universal Properties somete al Tribunal formaban parte de los expedientes que debía supervisar la Oficina de Permisos del municipio de Caguas. Hasta hace unas semanas, y previo a la designación de Rivera Longchamps como oficial investigador, el director de esa oficina, Jaime Plaza Velázquez, le dijo al CPI que estaba complacido con la labor de Universal Properties y con la de las otras dos compañías que manejan los estorbos públicos en Caguas, el bufete Francis & Gueits y City Renewall.

“Nos mantenemos en seguimiento con reuniones mensuales con cada contratista y vamos afinando el proceso”, había dicho el ingeniero Plaza Velázquez en entrevista con el CPI hace menos de ocho semanas. “Consistentemente estamos dándoles seguimiento a las compañías”, dijo entonces.

En la carta en la que solicita al Municipio que reconsidere su decisión de cancelar el contrato, Universal Properties alega que el ayuntamiento conocía, porque fue discutido en reuniones de seguimiento mensuales, prácticamente todos las acciones que ahora señala como deficiencias.

El ingeniero Jaime Plaza Velázquez, director de la Oficina de Permiso del Municipio de Caguas. (Foto: Wanda Liz Vega | Centro de Periodismo Investigativo)

El martes pasado, durante la entrevista al alcalde Miranda Torres, el director de la Oficina de Permisos no pudo explicar cómo el ayuntamiento pasó de estar “satisfecho” con el trabajo de Universal Properties a rescindir de sus servicios, así como a referir ese contrato al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

“Había reuniones periódicas donde intercambiábamos impresiones y solicitábamos información sobre los procesos, cómo estaban. Hay situaciones que, como bien indica el licenciado, se detectan una vez se entra a ver en detalle el expediente legal en el Tribunal y ahí es que se detecta este tipo de anomalías”, dijo Plaza Velázquez cuando el CPI le preguntó sobre cómo supervisaba ese servicio.

Complicada representación

Durante su investigación, a Rivera Longchamps también le llamó la atención que en uno de los casos presentados en el Centro Judicial de Caguas, el abogado de Universal Properties — al que no identificó —, ante una orden del Tribunal para que se produjeran documentos que detallaran el monto facturado, optó por someter una moción de desistimiento, sin que esa hubiese sido la voluntad del Ayuntamiento porque ni siquiera se le consultó.

Rivera Longchamps explicó que, luego de revisar los expedientes judiciales de expropiación forzosa presentados por Universal Properties y percatarse de la falta de los justificantes o evidencias de gastos incurridos, se tomó la decisión de investigar todos los casos de manejo de estorbos públicos en manos de las tres compañías.

“La investigación es al 100% de los casos, fue mi instrucción”, aseveró el alcalde cagueño. “Se van a coger todos los casos, así sean mil casos”, agregó.

En el referido de los hallazgos al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, el Municipio señala que durante una reunión que personal del Ayuntamiento tuvo con ejecutivos de Universal Properties la empresa admitió que “las facturas presentadas al Tribunal incluyen gastos que no fueron realmente incurridos o, cuanto menos, fueron incurridos por cantidades menores a las presentadas en sus facturas”.

Otra presunta irregularidad referida por el Municipio es el otorgamiento “de por lo menos una escritura de compraventa sin que se hubiese completado el trámite judicial mediante la publicación del edicto sobre la sentencia recaída en el proceso de expropiación”.

Este es el segundo referido que se hace a Justicia y al Contralor sobre los contratos de Universal Properties. El primero fue sometido por los legisladores independentistas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez.

Veintidós alcaldes populares y novoprogresistas delegaron en la compañía Universal Properties Realty Government Services los procesos de declaración de estorbos públicos en sus municipios, una práctica que ha resultado en que no se pague la justa compensación a muchos de los propietarios originales y en demandas judiciales, halló una investigación del CPI.

La privatización del manejo de estorbos públicos ha hecho que esta compañía tenga control de todo el proceso, desde la declaración de estorbo público, la tasación de la propiedad, la notarización de documentos, la representación legal de los municipios ante el Tribunal para la expropiación forzosa, hasta la tramitación de la compraventa de las propiedades.

Tras la publicación de la investigación del CPI, además de Caguas, en las pasadas semanas los municipios de Arroyo y Guayama también cancelaron sus contratos con Universal Properties. Previamente, Loíza, Canóvanas, Ponce, Guayanilla y Arecibo habían terminado sus acuerdos con esta compañía.

El Municipio de Caguas confirmó que hasta el momento 16 propiedades han sido expropiadas y vendidas a un tercero aunque no especificó cuántos de esos casos fueron tramitados por Universal Properties. El Municipio no ha tenido ingresos por las propiedades expropiadas y vendidas a un tercero por Universal Properties.

“Yo estoy ahora buscando cómo sigo haciendo los ajustes para que sea justo [el remedio] para esa gente a la que la han cogido de boba y para mí también porque hay chavos míos [del Municipio] envueltos”, dijo el alcalde de Caguas.

El Alcalde asegura que se enteró del problema por la pesquisa iniciada por Rivera Longchamps, la que se le asignó después de requerimientos de información del CPI al Municipio, reportajes de prensa y del referido de los legisladores independentistas.

“Como parte del requerimiento de información se está pidiendo [a Universal Properties] evidencia específica de todos ellos [contratos de compraventa]. Incluye [el requerimiento] la presentación de la copia de la escritura tal y como se firmó, evidencia del pago recibido según el notario da fe en la escritura y constatándose que esa es la realidad que se dio en el negocio jurídico se le está requiriendo el dinero en cuestión”, explicó Rivera Longchamps.

Dinero público para negocio privado

En la decisión del Municipio de terminar el contrato con Universal Properties influyó que en una reunión, el vicepresidente y director de la División Legal de la empresa, José Deyá y el licenciado Abraham Freyre, respectivamente, supuestamente admitieron que el pago recibido de posibles compradores de estorbos públicos no fue depositado en una cuenta especial, sino en la cuenta de la corporación privada y que el dinero depositado fue utilizado “en el curso ordinario de los negocios de Universal Properties”, lee el documento de terminación de contrato. También, que en algunos casos, la compañía ha formalizado contratos y recibido dinero de más de un comprador por la misma propiedad.

“[En la reunión] no hubo una explicación razonable para esas inconsistencias por decirlo finamente. Producto de esa reunión se les hicieron unos requerimientos. Ellos contestaron el requerimiento de manera tardía y de manera insatisfactoria. Ya con datos específicos y nada especulativo se le presentó al Alcalde. Sobre esa base fue que el Alcalde tomó la decisión [de cancelar el contrato y hacer los referidos]”, explicó Rivera Longchamps.

En la misiva que Universal Properties envió al alcalde alega que el Municipio conocía que el dinero de los compradores se depositaba en la cuenta de la empresa y que parte de esos fondos se utilizaba para la operacionales de la empresa. Argumentó que no era necesario depositarlos en una cuenta especial porque supuestamente Universal Properties no ejerce funciones como agente de bienes raíces, sino que es un intermediario entre el Municipio de Caguas y el comprador.

La empresa también niega que haya retenido indebidamente $1.5 millones y que haya hecho gestiones de venta para una misma propiedad con dos compradores distintos. Alegó que lo que ha hecho es sustituir un comprador por otro cuando el primero se arrepiente y que ese proceder era conocido por el Municipio.

“[Universal Properties] nunca se ha negado a remitir el pago por concepto de contribuciones” o multas o contribuciones, según menciona la carta, y que solo pidió tiempo para conciliar los libros de contabilidad, dilucidar las cantidades exactas de cada partida y realizar el trámite correspondiente para certificar los cheques a favor del Municipio.

En la solicitud de reconsideración dijeron que la empresa “nunca ha retenido ni pretende retener para sí fondos públicos que le corresponden al Municipio”.

Mirada a las otras compañías que manejan estorbos

El Municipio también les ha hecho requerimientos de información a la firma Francis & Gueits Law Office y a la empresa City Renewall. Rivera Longchamps dijo que el Municipio canceló únicamente el contrato a Universal Properties porque, hasta el momento, el Municipio solo ha podido constatar las deficiencias de Universal Properties en el manejo de su contrato con Caguas.

En el caso de Francis & Gueits — que también cobra por factura y no de fondos municipales —, se le ha requerido información específica de la facturación que incluye los contratos de los servicios que han subcontratado. Sostuvo que aún no ha revisado los expedientes judiciales de los casos de expropiación forzosa que fueron o son manejados por este bufete para corroborar la corrección de los procesos y de la facturación.

“Queremos constatar que lo que ellos facturan como cargos de servicios sean efectivamente contratados. En otras palabras, no solamente queremos ver quién le hizo el estudio de título, tasación y la limpieza, sino que estamos pidiendo examinar los contratos con esas personas y la evidencia de que se dice que le pagaron efectivamente se lo pagaron”, dijo.

El contrato que Caguas mantiene con City Renewall es distinto al de las otras dos compañías porque factura al Municipio por hora trabajada hasta un máximo de $60,000 al año. El Municipio también le reembolsa — una vez sometida la factura del proveedor — los gastos que haya incurrido en tasación, estudios de título, certificaciones registrales, mensura, radicación de casos, emplazamientos, peritos y otros. La compañía carga a esas facturas de los subcontratistas un 15% de manejo hasta un máximo de $40,000 anuales.

Universal Properties Realty Government Services y el bufete Francis & Gueits no cobran al Municipio directamente por sus servicios. El monto de sus facturas — cerca de $20,000 — se le resta al valor de la propiedad a expropiar y se queda como una deuda pendiente del dueño registral, pero también es cobrada a la persona que, mediante compraventa, adquiere el inmueble expropiado.