Miembros del Centro de Periodismo Investigativo en una foto de archivo frente al Tribunal Supremo de EEUU. (Foto CPI)

Por redacción de Sin Comillas

“La Junta no quiere darnos los documentos públicos y el Tribunal Supremo federal hoy les permite esto. Es una opinión judicial muy débil, porque su argumento principal y neurálgico es asumir que la Junta tiene inmunidad, sin entrar en los méritos de si realmente tiene esa protección. Las consecuencias que tiene esta decisión del Tribunal Supremo son perversas para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), reaccionando a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que reconoce la inmunidad soberana de la Junta de Control Fiscal.

La Junta acudió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para revocar al Primer Circuito, que le dio la razón al CPI indicando que a la Junta no le asiste la inmunidad soberana. El CPI demandó a la Junta en el 2017 para lograr acceso a información pública.

“Rechazamos de la manera más enérgica posible que el Tribunal Supremo federal haya tomado una decisión que pisotea los derechos de los puertorriqueños. Estamos ante otro capítulo más de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, esta vez, con el resultado de obstaculizar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en nuestro País”, añadió Minet.

La Junta, que se mostró satisfecha con la decisión, argumentó ante el Tribunal Supremo que es un principio fundamental del federalismo que una ley federal no abroga la inmunidad soberana, a menos que la intención del Congreso de abrogar sea “inequívocamente clara” en el texto de la ley. La decisión del Tribunal Supremo determinó que “el estatuto no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad. No autoriza expresamente la interposición de reclamaciones contra la Junta”.

“Dentro de la trayectoria de la Ley PROMESA, esta decisión es una prueba más de la intención de Estados Unidos de validar y defender el carácter colonial de Puerto Rico y a la Junta, sin distinción de partido político. La Ley PROMESA fue un acto de demócratas y republicanos, y esta decisión es una decisión de jueces republicanos y demócratas, con la participación de la única jueza puertorriqueña en el Tribunal Supremo”, comentó Oscar Serrano, cofundador del CPI.

El equipo legal del CPI está evaluando las implicaciones y posibles alternativas de respuesta ante esta decisión.