Martín Guzmán (izq.), ex ministro de economía de Argentina, y Daniel Santamaría Ots, director de investigaciones de Espacio abiertos. (Foto suministrada)
Por redacción de Sin Comillas
A pesar de los supuestos beneficios que debían dejar las medidas fiscales y reformas estructurales impuestas por la Junta de Control Fiscal, la economía de Puerto Rico tendrá que hacer frente a un déficit en el año 2027, cuatro años después de haber firmado el acuerdo con los bonistas y 17 años antes de lo que la propia Junta había contemplado hace un año.
Según un análisis de Espacios Abiertos, el noveno plan fiscal certificado el pasado 3 de abril revela algunas contradicciones y carece de la información necesaria. ¿Dónde están los datos que sustentan esa proyección? ¿Cuáles son los modelos utilizados para esta nueva proyección de déficit?”, cuestionó el economista Daniel Santamaría Ots, director de investigación y analista senior de política pública de Espacios Abiertos.
Por primera vez, la Junta no menciona de manera explícita en sus proyecciones los potenciales ahorros que las medidas fiscales tendrían en los próximos 30 años, algo que sí había divulgado en los ocho planes fiscales anteriores. El gobierno tenía que haber publicado los estados financieros de 2021 en marzo pasado.
“En su plan fiscal del año pasado (2022), la Junta proyectó que el déficit ocurriría para el año 2044 o sea en dos décadas. Ahora, un año después, y luego de aprobarse el acuerdo con los bonistas, la Junta en su nuevo plan lo adelanta el déficit para el 2027”, comentó Santamaría Ots y anticipa un escenario preocupante para el 2028, “aún si el Congreso aprueba un financiamiento anual de Medicaid que sea equivalente al promedio otorgado a Puerto Rico entre 2011 y 2022”.
La Junta se habría comprometido a hacer pagos de la reestructuración de la deuda en un escenario “supra optimista de supuestos ingresos” que no se han materializado, como es la renovación del financiamiento federal del Medicaid.
“La Junta ha ido ajustando hacia la baja sus proyecciones en cada plan fiscal certificado desde el 2018”, explicó Santamaría Ots, “reduciendo cada vez más las perspectivas de recuperación económica para Puerto Rico, a pesar de las medidas de austeridad impuestas al gobierno de Puerto Rico, basándose en los análisis y proyecciones de ahorro de consultores externos que han costado una millonada y cuyos posibles conflictos de interés y prácticas de puertas giratorias han sido objeto de discusión y polémica, pero no se han resuelto”.
La Junta ha pasado de proyectar un crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) de 1.51 % en 2018 a un aumento de 0.91 % en 2023.
“Instamos a la Junta de Control Fiscal a que mida en sus planes fiscales certificados el impacto en ahorros de las reformas estructurales ya implantadas para ser claros con el pueblo de Puerto Rico sobre si lo que proyectaban con sus reformas ya adoptadas por el gobierno se están materializando o no, y en qué medida alcanzarán las proyecciones que hicieron”.
Por otra parte, la economía de austeridad que la Junta ha impuesto a Puerto Rico no está dando los resultados prometidos, según Martín Guzmán, coautor del análisis de sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico (2018).
“Hasta el presente la estrategia de crecimiento de la Junta puede caracterizarse como una apuesta arriesgada con grandes desventajas que afectan la transferencia de conocimientos, mientras que las economías por las reformas estructurales son, como mucho, cuestionables”. Guzmán es profesor en la Universidad de Columbia y en la Universidad Nacional de La Plata y fue ministro de economía de Argentina.
El experto reveló que el gasto en nómina gubernamental ha disminuido en más de un 50%, mientras el gasto en consultores externos durante los últimos 15 años ha aumentado en más de un 125%. “Se observa con preocupación el deterioro institucional para proveer servicios públicos a la ciudadanía sin depender de costosos recursos externos que no necesariamente transfieren su conocimiento a las instituciones públicas que las contratan”, apuntó Guzmán.
