[CHEQUEO DE DATOS]
Por Adriana Maldonado Raimundí | Unidad Investigativa de Género
Veredicto: Exagerado
El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo, el pasado martes, durante su tercer mensaje de situación del Estado que han habido avances significativos con relación a la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico, pero ¿cuán acertadas son sus expresiones?
“Asimismo, aunque la lucha continúa, hemos tenido grandes avances en nuestra batalla contra la violencia de género, incluyendo el procesamiento más efectivo de las órdenes de protección, apoyo a organizaciones que trabajan con las víctimas, la presencia compulsoria de un fiscal en las vistas de los casos, el reclutamiento de 48 nuevos fiscales para las divisiones especializadas de violencia doméstica, el nuevo protocolo de estadísticas, el nuevo equipo tecnológico para aligerar el procesamiento de los Safe Kits, el adiestramiento del personal gubernamental, la enseñanza con equidad y respeto en nuestras escuelas, y el establecimiento de una clara política pública para erradicar este complejo mal social que afecta nuestras familias y nuestra sociedad”, aseveró Pierluisi.
En cuanto al procesamiento “más efectivo” de las órdenes de protección…
Pierluisi anunció, el 21 de octubre de 2021, el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), una iniciativa para centralizar y procesar órdenes de protección con una estructura tecnológica robusta para diligenciar una respuesta rápida, unificada y efectiva “en el que las víctimas de violencia doméstica se sientan confiadas a la hora de presentar una orden de protección”.
Aunque el COPOP presenta un marco para agilizar el proceso de obtención de órdenes de protección, las organizaciones que trabajan con las víctimas de violencia de género continúan experimentando un proceso obstaculizado y poco eficiente.
“Nosotras seguimos viendo los mismos retos”, puntualizó la presidenta de la Red de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales.
Explicó que es común que las sobrevivientes tengan que estar en espera durante períodos de entre dos y 12 horas para solicitar una orden de protección o comenzar un proceso criminal.
“Es prácticamente el juego al desgaste”, describió.
Las personas sobrevivientes, en ocasiones, pueden haber huido de una situación de violencia en el contexto de relación de pareja. Cuando llegan a las oficinas gubernamentales, suelen estar física y emocionalmente afectadas. Al someterlas a periodos de espera prolongados, se pierde la sensibilidad, el enfoque centrado en traumas y el reconocimiento de lo que acaba de sobrevivir esa persona y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra, describió Morales.
“En la medida en que esto se atienda, las personas que son sobrevivientes van a sentir más confianza a la hora de denunciar. Si lo que ven desde afuera es que esto es un proceso que es más violento, es violencia sobre violencia, pues mucha gente siente que no es un proceso al que quiera someterse”, afirmó Leon Morales.
En relación al apoyo a organizaciones que trabajan con las sobrevivientes de violencia de género…
“En Puerto Rico, [las organizaciones sin fines de lucro] son quienes dan el servicio en su gran mayoría y responden ante las situaciones de emergencia”, dijo León Morales.
Sin embargo, los albergues de violencia de género en el país no son considerados como servicios esenciales y tampoco cuentan con fondos fijos. Esta realidad no ha cambiado durante la administración de Pierluisi.
“Esto afecta a todas las organizaciones que brindan servicios a sobrevivientes de violencia de género. Año tras año están en la cuerda floja. Año tras año están viviendo una incertidumbre sin saber al cierre del año fiscal, cómo van a mantener las operaciones”, indicó León Morales.
En el caso de los albergues, es sumamente preocupante la falta de fondos, pues de ellos depende la vida de las personas sobrevivientes y las crías que están albergadas en esos espacios.
Por su parte, la directora de Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro, planteó que “a través de[l Comité] PARE hubo una asignación de fondos a las organizaciones. Sin embargo, ha habido apoyo por una parte, pero, por otra, por ejemplo, a través de los fondos del Departamento de Justicia, se han visto recortes”.
Acerca de la presencia compulsoria de un fiscal en las vistas de los casos de violencia de género y el reclutamiento de fiscales para las divisiones especializadas de violencia doméstica…
El Proyecto de Senado 358, que exige la presencia de un fiscal durante las vistas de determinación de causa para arresto en los casos de violencia doméstica, se convirtió en ley en agosto del 2021. La medida, que también decreta el requerimiento de que la víctima esté acompañada de un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, se firmó por el Gobernador luego del asesinato de Andrea Ruiz Cotas. Durante ese caso se develó que los representantes del Ministerio Público no siempre se presentaban a estas vistas.
En efecto, León Morales reconoció la existencia del requisito de que un fiscal esté presente en las vistas de los casos de violencia de género. No obstante, no pudo atestiguar que siempre se esté cumpliendo con ese mandato.
“A veces, el grupo de fiscales de la unidad especializada, que están están preparados para trabajar en los casos que tienen que ver con violencia de género, no dan abasto y se asigna un caso de violencia de género a una fiscal o un fiscal de la corriente regular que no tiene la experiencia, que no tiene el peritaje, que no tiene el adiestramiento y se abre la puerta a que se cometan errores, a que el sobreviviente tenga una experiencia discriminatoria, a que no se le crea y a que se cuestionen cosas que fiscales que tienen un entrenamiento sobre esos temas sabrían cómo manejar”, aseguró al recordar casos recientes que conoce en los que esto ha ocurrido.
León Morales espera que el reclutamiento de los nuevos agentes alivie esta problemática.
“Entendemos que fue una buena decisión el tener una unidad especializada, pero nos parece que todo el equipo de fiscales, independientemente de que sea parte o no de esa unidad especializada, debe contar con los adiestramientos y con ese proceso de sensibilización para poder responder ante casos de violencia de género”.
Acerca del nuevo protocolo de estadísticas…
Se trata del Protocolo de investigación para casos de feminicidio y transfeminicidio establecido en enero de 2022.
“Eso es un protocolo de estadísticas que recoge la información de diferentes agencias y la va a procesar. Ellos [el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico] no tienen planeado ser un punto de referencia para dar la información ni para darle seguimiento a la información”, comentó la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui Hernández.
Es decir, que el protocolo funcionará como un sistema de vigilancia que no necesariamente tendrá la información al día en tiempo real. Para ver si es efectivo para el análisis de datos estadísticos sobre los casos de feminicidios y transfeminicidios, dijo Upegui Hernández, hay que esperar.
El nuevo equipo tecnológico para aligerar el procesamiento de los Safe Kits y el adiestramiento del personal gubernamental…
Los Safe Kits, que se le aplican a víctimas de agresión sexual, han sido tópico de discusión pública por años, ya que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) llegó a tener 3,809 de estos kits sin analizar por hasta dos decadas.
Con la intención de resolver este atraso histórico, en el 2021, Pierluisi anunció que a partir del 1 de diciembre de ese mismo año se comenzaría a utilizar una nueva tecnología para agilizar el proceso de análisis de los Safe Kits.
“La nueva tecnología, que es Rapid DNA, ya está disponible. Ya se están trabajando los casos de agresión sexual”, dijo la portavoz de prensa del ICF, Betsy Rivera.
La tecnología de Rapid DNA permite procesar muestras con semen si se analiza en las primeras 72 horas desde que ocurre la agresión. Por el contrario, el proceso “convencional” para este procedimiento podría tardar meses o hasta años.
En cuanto al adiestramiento del personal gubernamental, Rivera expresó que “se reclutó personal para eso específicamente. Está dedicado a eso, a los kits. La doctora María Conte creó un grupo especial”.
Según la portavoz de prensa, los casos nuevos que llegan se están analizando con la tecnología nueva. Los casos que estaban en reserva se enviaron a laboratorios en Estados Unidos. “De lo que se envió, ya está completado un 80%”, precisó.
La enseñanza con equidad y respeto en las escuelas del país…
De entrada, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, denunció que “la educación para la equidad y el respeto es simplemente un parche mal puesto, porque eso no fue lo que se prometió en la orden ejecutiva. Eso no era lo que estaba en el plan de trabajo de PARE y no cumple con los requisitos de una educación con perspectiva de género. Lo que se intentó fue tratar de quedar bien con dios y con el diablo en una cosa que sabemos que no va a dar los resultados que necesitamos”.
La maestra perteneciente a la Federación de Maestros y Maestras, Rosa Ferrer, declaró que la carta circular que se le envió al magisterio para la integración transversal del tema “la equidad y el respeto entre todos los seres humanos” es superficial y no establece, de forma precisa, cómo los educadores y educadoras lo deben trabajar.
“No todos los maestros están preparados ni tienen las herramientas, los recursos, el conocimiento o la literatura para trabajar esos temas que, sin duda, hay que hablarlos. No hubo un adiestramiento posterior a la carta. La carta tampoco cumple con perspectiva de género, es una carta que quedó bien ambigua”, verbalizó Ferrer.
“La carta es para tener a gusto a ciertos sectores religiosos del país o a ciertas personas, y no para llegar a la necesidad real de cada escuela y del sistema público de enseñanza del país que realmente lo que necesita es perspectiva de género”, concluyó.
El establecimiento de una clara política pública para erradicar la violencia de género…
Al preguntarle a Amárilis Pagán si considera que las expresiones del Gobernador con relación a la existencia de una política pública clara son ciertas, la directora ejecutiva de Proyecto Matria respondió categóricamente que no.
“Una cosa es una orden ejecutiva emitida en el año 2021 y renovada en el año 2022 y otra cosa es hablar de que hay una política pública clara”, dijo.
Pagán hizo referencia a la orden ejecutiva 2022-035 que declara un Estado de Emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico. Esta orden comenzó a regir el 25 de enero de 2021. Sin embargo, el Gobernador la extendió por un año. Ahora está vigente hasta el 30 de junio de 2023.
Con esta orden se pretende establecer medidas para prevenir y erradicar la violencia de género en el país. En el documento, se expresa la intención de establecer y ejecutar programas de protección, prevención y orientación.
Por su parte, Vilma González Castro expresó que “en términos de la política pública que se establece, si se piensa a través de lo que se estableció con la orden ejecutiva que da paso a la creación de PARE, pues se podría decir que eso tiene algo de cierto verdad, porque es una política que está clara en ese sentido”.
Sin embargo, la directora de Coordinadora Paz para las Mujeres confesó que, aunque considera que la política es clara, tiene sus reservas con relación a cómo se implementará en las distintas dependencias del Gobierno.
“Una cosa es lo que se establece como política pública por parte del Gobierno y otra es la implementación de esa política pública, que se tendría que dar a través de las distintas instancias del Gobierno, y en ese aspecto todavía yo veo que nos falta mucho por caminar”, concluyó.
La aseveración de Pedro Pierluisi se cataloga como Exagerada porque no es consistente con los datos y experiencias de las organizaciones que trabajan a diario con las problemáticas de violencia de género. Aunque es cierto que han habido avances, es claro que los planteamientos que hizo el Gobernador con relación a distintos aspectos que atienden la violencia de género fueron sacados de proporción.
