Sergio Marxuach durante la mesa redonda con periodistas. (Foto suministrada)
El contrato ofrece mejores protecciones al pueblo de Puerto Rico de algunos de los riesgos que se podrían anticipar de esta transacción
Otros aspectos del contrato no son tan buenos:
La mayoría de los servicios serán provistos por subcontratistas (¿no sería más eficiente contratarlos directamente?)
El análisis de los ahorros previstos es claramente deficiente
No queda claro que la estructura de mercado que resultará llevará a precios más bajos
Por redacción de Sin Comillas
El Acuerdo Público-Privado de Operación y Mantenimiento (O&M) de 10 años de duración entre el gobierno de Puerto Rico y Genera PR mejorará la situación del mercado eléctrico de la Isla porque se parte de un sistema eléctrico en muy malas condiciones y porque no parece haber una alternativa mejor en las actuales circunstancias. Este es la conclusión de un análisis realizado por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública de Centro para una Nueva Economía (CNE).
El análisis concluye que, “en relación con el estado actual, ¿estará el mercado eléctrico de Puerto Rico en mejores condiciones bajo Genera? Probablemente sí, pero ese punto de comparación es muy bajo”.
Marxuach añade que “sin embargo, si ponemos un punto de comparación más alto, si nos preguntamos si esta transacción ayudará realmente a Puerto Rico a alcanzar sus objetivos de generar electricidad a un costo asequible, más limpia y confiable, entonces la respuesta no está tan clara, porque lo bueno está de hecho mezclado con lo malo. El hecho es que hay mucha incertidumbre en torno a esta transacción y es difícil evitar la inquietante sensación de que se nos está presentando un fait-accompli sobre una base de tómalo o déjalo”.
Sin embargo, Marxuach advierte que mantener la situación actual no es una opción. “La verdadera cuestión es si existe una alternativa mejor a un acuerdo negociado en este caso. La respuesta, teniendo en cuenta todas las circunstancias, parece ser no”.
El Acuerdo establece el plan para la transición a la generación de energía renovable (y/o gas natural e hidrógeno) que podría proporcionar una reducción significativa en el costo de la energía a largo plazo. El contrato, de más de 300 páginas, establece las condiciones según las cuales Genera operará, mantendrá y, en su momento, desmantelará determinadas centrales eléctricas.
Actualmente, los costos energéticos en Puerto Rico son muy elevados ya que Puerto Rico depende de centrales de generación anticuadas que queman principalmente combustibles fósiles, lo que representa el 70% de los costos operativos.
Genera fue contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que es la propietaria de los activos, y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), como administradora del contrato, para prestar cuatro tipos de servicios: Servicios de Movilización, Servicios de Operación y Mantenimiento, Servicios de Desmantelamiento y Servicios de Desmovilización. A cambio de la prestación de estos servicios, Genera recibirá ciertas compensaciones. “La estructura de compensación está bien desarrollada y supone una mejoría significativa con respecto al contrato de Luma, que era deficiente en este aspecto”, señala Marxuach.
El acuerdo también incluye puntos de referencia claros para medir el desempeño de Genera, tales como filtros más fuertes para analizar las transacciones con compañías afiliadas y partes relacionadas, incluyendo una política integral para abordar los conflictos de interés de la organización; el requisito de entablar negociaciones de buena fe con los empleados actuales de la AEE para minimizar la curva de aprendizaje de la nueva operadora; y un tope fijo en los honorarios que la Operadora puede ganar durante el Período de Movilización.
Marxuach añade que “una característica novedosa (para Puerto Rico) del Acuerdo de O&M de Generación es que requiere que Genera utilice esfuerzos “comercialmente razonables” para asegurar que las compañías locales, o compañías extranjeras con una presencia significativa en Puerto Rico, sean incluidas en el proceso de adquisición de materiales y servicios bajo el acuerdo”. Además, exige a Genera que realice esfuerzos “comercialmente razonables” para seleccionar como subcontratistas a compañías establecidas en Puerto Rico o compañías que tengan “una presencia significativa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Estas disposiciones, si se aplican, tienen el potencial de generar actividad económica local y permitir que las compañías y los trabajadores locales obtengan una valiosa experiencia trabajando en un complejo proyecto de varios años de duración, subraya el analista.
Los ahorros serán insuficientes
“El gobierno de Puerto Rico ha afirmado que espera que este acuerdo genere ahorros significativos. Sin embargo, a corto plazo, los ahorros estimados por Genera serán insuficientes para ofrecer cualquier ahorro a los consumidores, aun partiendo de la premisa que la deuda de la AEE se reduce aproximadamente en un 50% a $5,000 millones y paga un 6% de interés anual, lo que significa que los consumidores tendrán que pagar $300 millones anuales para pagar el servicio de la deuda reestructurada”, opina el director de Política Pública de CNE.
Genera estima que los ahorros estimados combinados de O&M y combustible oscilan entre $100 millones y $200 millones anuales (incluyendo los ahorros de la conversión a gas natural si son aprobados por el NEPR). Según los términos del acuerdo esos “ahorros se repartirían al 50%/50% entre Genera y los consumidores de Puerto Rico. Esto supondría entre $50 y $100 millones al año para los clientes del sistema eléctrico de Puerto Rico”. Marxuach es “escéptico” sobre estos ahorros. Dice que se desconoce la metodología utilizada por Genera para calcular esos ahorros, por lo tanto no ha podido evaluar estos ahorros adecuadamente.
Las conversiones de las centrales que queman petróleo a instalaciones que quemen gas natural generarían aproximadamente el 50% del ahorro total previsto del acuerdo.
Genera es una filial propiedad 100% de New Fortress Energy, que produce y suministra gas natural. Ahí surge un conflicto de intereses. El acuerdo “incluye una política abarcadora para abordar los conflictos de intereses. Queda por ver hasta qué punto se hará cumplir y se aplicará esa política. Además, el Acuerdo no identifica quién pagaría los gastos de capital necesarios para tales conversiones ni explica cómo se verán afectados los ahorros previstos una vez que se tome en cuenta el costo del capital”.
El análisis del acuerdo dejó a Marxuach con una serie de preguntas que debería contestar la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas:
- El acuerdo establece un elaborado sistema de incentivos y penalidades para monitorear el desempeño de Genera. ¿La AAPP dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo una supervisión efectiva y exigir el cumplimiento del acuerdo?
- El acuerdo impone penalidades específicas en relación con el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad en el trabajo. ¿Cómo comparan las penalidades en dólares de dichas sanciones con las cantidades de las sanciones reglamentarias establecidas en los reglamentos vigentes de la EPA y la OSHA?
- ¿Cómo calculó FTI Consulting el ahorro previsto? ¿Realizó alguna verificación o corroboración independiente de las declaraciones de Genera en relación con el ahorro previsto? De no haberlo hecho, ¿cuál es el nivel de confianza de la Autoridad P3 acerca del análisis de FTI sobre el ahorro previsto?
- El acuerdo prohíbe que Genera, New Fortress Energy y sus filiales lleven a cabo negocios con cualquier persona ubicada, organizada o residente en un País Sancionado. No obstante, Rusia no está incluida en la lista de países sancionados que figura en el acuerdo. ¿Existen planes para comprar, adquirir u obtener combustible de Rusia o de cualquier persona ubicada, organizada o residente en Rusia? En caso afirmativo, ¿cuál es el fundamento jurídico para esas transacciones
- Aproximadamente el 50% del ahorro previsto proviene de convertir las unidades de combustión de petróleo existentes en unidades de combustión de gas natural o hidrógeno. En el caso de las conversiones no financiadas por el gobierno federal, ¿quién pagará los gastos de capital necesarios? ¿No prolongarían dichas conversiones la vida útil de un activo que debería ser desmantelado? ¿Cómo se ve afectado el importe del ahorro previsto una vez que se tiene en cuenta el costo de capital?
- El Anejo VI del acuerdo establece una política integral para abordar los conflictos de interés corporativos. ¿Dispone la AAPP de los recursos necesarios para hacer cumplir y aplicar eficazmente esta política? ¿Qué salvaguardas existen para evitar que personas con información privilegiada (directivos de Genera) pasen información no pública a New Fortress Energy para obtener una ventaja sobre otros competidores, por ejemplo, al licitar por un contrato de combustible?
- Al permitir el cambio a gas natural como medida de ahorro de costos de combustible, el contrato de Generación enfrenta a Genera a una serie de incentivos potencialmente incompatibles. Por un lado, Genera se queda con el 50% de cualquier ahorro de combustible generado por la aplicación de cualquier Iniciativa de Ahorro de Costos de Combustible. Por otro lado, Genera se queda con el 50% de cualquier ahorro que genere cuando el proceso de desmantelamiento de un activo heredado acabe costando menos de lo presupuestado originalmente. En la mayoría de los casos, si no en todos, la cantidad de dinero representada por el derecho a cobrar el 50% de cualquier ahorro realizado en costos de combustible superará la cantidad de dinero representada por el derecho a cobrar el 50% de los ahorros generados por el desmantelamiento con éxito de un activo legado un 10 o 15% por debajo del presupuesto. Por consiguiente, es probable que Genera prefiera los proyectos en los que las unidades de generación pasen a quemar gas natural, sobre todo si el combustible lo suministra NFE o alguna de sus filiales. ¿Qué salvaguardias establecerá la AAPP para garantizar que esta situación no ocurra?
- New Fortress Energy ha declarado públicamente en su informe anual más reciente presentado ante la SEC que invertirá en tecnología de hidrógeno verde. Sin embargo, esa tecnología aún no es comercialmente viable, pero el acuerdo permite la conversión de las unidades de generación existentes para que quemen hidrógeno como medida de ahorro en el costo del combustible. ¿Permite el Acuerdo de O&M el uso de “hidrógeno gris”? ¿Qué protecciones puede implementar la Autoridad P3 para garantizar que la isla no se utilice una vez más como un “laboratorio” para experimentar con tecnologías no probadas, que pueden imponer altos costos y producir poco o ningún beneficio para los residentes de Puerto Rico?
- Si la producción de hidrógeno verde eventualmente llega a ser comercialmente viable, ¿qué medidas implementará la Autoridad P3 para asegurar que tanto la tecnología como el conocimiento sean transferidos a compañías e ingenieros puertorriqueños para que la isla no dependa una vez más de un recurso que no produce y no controla para generar su energía?
- A largo plazo, la mayor parte del ahorro generado por el acuerdo procederá del desmantelamiento de antiguas unidades de generación que utilizan combustibles fósiles y de la integración de nueva generación que utilice energía procedente de fuentes renovables. Por lo tanto, el desmantelamiento de los activos legados de generación tiene que ir de la mano del despliegue de la generación renovable a gran escala. ¿Tiene la AAPP capacidad para supervisar eficazmente este complejo proceso? ¿Qué ocurre si se retrasa el desmantelamiento de los activos legados? A la inversa, ¿qué ocurre si Genera obtiene buenos resultados, pero se retrasa el despliegue de la generación renovable? En ese caso, ¿qué impediría a Genera simplemente solicitar permiso para convertir las unidades de generación existentes para quemar gas natural y/o hidrógeno?
- El Informe dela AAPP afirma que una de las justificaciones de política pública de la transacción es introducir un “elemento de competencia de mercado” en el sector eléctrico de Puerto Rico. ¿Cómo genera competencia en el sector energético de Puerto Rico la estructura de mercado resultante, post-Luma y post-Genera? Específicamente, ¿de qué manera esta estructura de mercado conduce a precios más bajos, genera eficiencias en la inversión de recursos y/o produce aumentos significativos en el bienestar del consumidor?
- ¿Qué mecanismos legales puede utilizar la AAPP para garantizar el cumplimiento del requisito de que Genera realice “esfuerzos comercialmente razonables” para contratar compañías y mano de obra locales como proveedores y subcontratistas?
El Centro para una Nueva Economía (CNE) es un “think tank” independiente y no partidista que aboga por el desarrollo de una nueva economía para Puerto Rico. Fundado hace más de 20 años, tiene oficinas en San Juan y Washington, D.C.
