Edwards Lifesciences utiliza óxido de etileno (EtO) para esterilizar equipos y materiales médicos. (Foto: Joaquín A. Rosado Lebrón | Centro de Periodismo Investigativo)

En la Isla hay siete empresas que usan el óxido de etileno y están en los municipios de Añasco, Salinas, Fajardo, Villalba, Juncos, Dorado y Arecibo. No será hasta el 2023 que, por reglamento, se les exigirá reducir a un 99.99% las emisiones del químico.

Por Joaquín A. Rosado Lebrón | Centro de Periodismo Investigativo

Desde 2016 la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) comenzó a exigir a siete compañías que usan el óxido de etileno para esterilizar equipos médicos en Puerto Rico medidas para mitigar impactos sobre las comunidades, como es el peligro de cáncer por la exposición a largo plazo. Pero, no será hasta el 2023 que habrá un reglamento que exija reducir a un 99.99% las emisiones de este químico, reconoció Carmen Guerrero Pérez, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe en EPA.

La reglamentación actual solo exige a estas empresas la reducción del 99% de las emisiones de EtO, a pesar de que desde 2016 se sabe que la exposición al químico puede ocasionar cáncer.

De las siete empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico, EPA señaló a cuatro como las más riesgosas para las comunidades: Edwards Lifesciences Technology Sarl, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; y Medtronic Puerto Rico, en Villalba. Las tres restantes son Medtronic, en Juncos; Guidant Puerto Rico (ahora Boston Scientific), en Dorado; y St. Jude Medical, también conocida como Abbott, en Arecibo.

En 2018, los datos de la Evaluación Nacional de Tóxicos en el Aire revelaron altas concentraciones de EtO que se identificaron como riesgosas para la población inmediata de las plantas en Estados Unidos incluído Puerto Rico. Durante los dos años siguientes, EPA recopiló datos de emisiones de las instalaciones que usan el compuesto para determinar dónde se concentran las áreas de mayor riesgo, cuyos resultados se publicaron a principios de agosto.

Mixtas las reacciones de los vecinos de las empresas 

Vecinos de las comunidades en el entorno de las cuatro compañías que más les amenazan su salud viven entre el enfado, por los efectos que sus operaciones tienen sobre la calidad del aire, y el agradecimiento por tener una fuente de empleo, según varios testimonios.

Juan y Edna Mosquera son residentes de la comunidad La Margarita en Salinas donde está la compañía Steri-Tech que, según la EPA, registró una de las mayores cantidades de emisiones de óxido de etileno en Puerto Rico y Estados Unidos.

Durante una reunión comunitaria organizada por la EPA para alertar sobre el alto nivel de riesgo por las emisiones cercanas tras publicarse el informe, la pareja se marchó a mitad de la presentación indignada por la información sobre las estrategias para manejar la contaminación que les presentaba José Font, director adjunto de la División de Protección Ambiental del Caribe (CEPD, en inglés) de EPA.

En un aparte con el CPI, la pareja expresó que se molestaron porque según ellos, la EPA no expuso la magnitud del problema y presentó estimados “conservadores” que indican que las probabilidades de riesgo de cáncer debido a este químico es de una entre 10,000 personas por una exposición prolongada durante 70 años. Algunas de estas compañías operan en Puerto Rico desde hace más de tres décadas, como es el caso de Edwards, Medtronic y Boston Scientific.

“Ellos están minimizando todo el problema que existe aquí. Él dice que va a tomar 70 años a largo plazo. A una gente que está enferma, que está mayor, les da esa enfermedad… Ellos están presentando esto como si trabajaran para la compañía, no para la EPA”, dijo Juan Mosquera.

Con ellos coincidió Lillian Melero, residente de la misma comunidad, al manifestar su preocupación por la incidencia de cáncer que ha afectado a su familia — su prima falleció de cáncer de mama —. Melero dijo que mudarse a otra parte no es económicamente viable para los residentes.

Otra vecina, Nora López, expuso en la reunión la poca credibilidad que, por experiencia propia, tiene la afirmación de la EPA respecto a que los contaminantes emitidos por estas fábricas pueden ser perjudiciales tras una exposición por siete décadas.

“No, no creo en eso. Tres veces he tenido cáncer y yo soy una persona de la tercera edad. Lo que más me apena es mi nuera, una mujer joven, productiva, [que] trabajó en Steri-Tech, vive en La Margarita, tiene dos niños pequeños y tiene un cáncer que la está matando. Oigo muchos tecnicismos, oigo muchas promesas, pero y la vida, ¿a quién le interesa la vida de los enfermos de cáncer?”, exclamó López.

Una preocupación similar cargan Ildefonso Ruiz y Milagros Roldán, quienes residen en el barrio María en Añasco, a pasos de la empresa Edwards Lifesciences Technology Sarl, otra de las compañías señaladas por EPA por usar el compuesto.

La pareja reconoce que la empresa es una fuente de desarrollo económico y empleo en la zona noroeste, pero les preocupa que las emisiones de EtO puedan ser dañinas para la salud humana, por lo que ocasionalmente se trasladan a una segunda residencia que tienen en Moca para evitar “estar tan expuestos” al tóxico. La pareja también sembró plantas y árboles frente a la casa para “protegerse de químicos”, dijeron.

Edwards Lifesciences, registrada en Puerto Rico en 1972 y que comenzó a esterilizar dispositivos médicos en 1989, emplea a 850 personas, principalmente de los municipios de Añasco, Moca y Mayagüez. Según datos de la EPA, en el periodo entre 2012 y 2021, Añasco fue la octava ciudad de entre todos los estados y territorios con el mayor registro de emisiones de EtO en Estados Unidos.

A pasos de Edwards Lifesciences, reside una exempleada quien trabajó por 31 años allí hasta su retiro y que prefirió no identificarse. Indicó que estuvo “fascinada” con su experiencia ocupacional por la proximidad a su hogar y el sustento económico que le proveyó. Contó que, para protegerse de las sustancias químicas en la fábrica, usaban mascarillas, guantes, gorros y botas, pero conoció casos de compañeros de trabajo cuya salud se vio comprometida.

La empresa aseguró al CPI que está en contacto con la EPA desde 2015 para atender las emisiones que, insisten, no se han excedido de los límites establecidos por la agencia federal y que han cumplido con las medidas tanto de la EPA como del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Edwards Lifesciences alegó que mejoró el sistema de control de óxido de etileno por medio de procesos que permiten la recopilación de partículas gaseosas para convertirlas en un elemento sólido que permita descargarlos de manera más segura.

“Se ha verificado que el nuevo sistema de control de nuestras cámaras de esterilización elimina más del 99.99 % de las emisiones de EtO”, dicen las declaraciones escritas de la compañía.

A paso lento los procesos de regulación

En 2016, la EPA ajustó el valor de toxicidad del óxido de etileno que permanecía igual desde 1994, a pesar de que la Ley Federal de Aire Limpio establece que se debe revisar cada ocho años. En 2006, se determinó que el riesgo según los estándares existentes era aceptable y proporcionaba un amplio margen de seguridad.

No obstante, cuando se publicó la Evaluación Nacional de Tóxicos en el Aire en 2018 con el nuevo valor de toxicidad, la agencia federal se percató del alto riesgo de contaminación en las instalaciones que usan el compuesto. El valor actualizado se determinó de acuerdo con la “nueva ciencia” que se desarrolló en la agencia, la cual todavía no se usa en los estándares federales establecidos en la reglamentación actual, explicó Guerrero Pérez.

Carmen Guerrero Pérez, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe, indicó que el año que viene habrá un reglamento que exigirá reducir a un 99.99% las emisiones de EtO. (Foto: José “Pipo” Reyes | Centro de Periodismo Investigativo)

“Al recibir nueva información científica de que el óxido de etileno es mucho más potente de lo que se pensaba anteriormente en inducir riesgos a la salud humana a largo plazo, es que la agencia tiene que reevaluar la política pública, en este caso, la reglamentación para controlar ese contaminante de aire”, abundó.

Aún así, Guerrero Pérez advirtió que una reglamentación más agresiva para mitigar el impacto del químico no se tendrá hasta el 2023.

La demora en la regulación ha sido repudiada por las comunidades aledañas a las esterilizadoras y organizaciones ambientales como Earthjustice, que envió en septiembre un aviso de intención para iniciar una acción civil en contra de la EPA por esta falta. La organización declinó comentar sobre la demanda debido a que actualmente continúan en conversaciones con grupos de interés en Puerto Rico, dijo Robert Valencia, portavoz de Earthjustice.

En 2021, la agencia federal requirió a las compañías que manejan el compuesto someter sus datos de emisiones al aire. Tras este pedido, la CEPD obtuvo los datos de las compañías en Puerto Rico, confirmó Guerrero Pérez.

La funcionaria añadió que están informando a las comunidades sobre la situación para integrarlas en las acciones que tomará la EPA en conjunto con los gobiernos locales, municipales y agencias estatales, como el DRNA, para buscar distintas estrategias de reducción de emisiones.

Fuga de gases son el mayor riesgo

Según el ingeniero ambiental de la División de Protección Ambiental del Caribe, Alex Rivera, el riesgo para las comunidades cercanas es la fuga de emisiones que salen por las chimeneas de los edificios. Sin embargo, advirtió sobre el potencial daño de las emisiones fugitivas no reguladas que se pueden escapar de los cuartos de aireación luego de las esterilizaciones, donde hay mayor concentración del químico.

Para estimar la cantidad de emisiones fugitivas potenciales en estas empresas, la EPA consideró la cantidad de químico que usa cada compañía, el tamaño de su edificio y su ubicación, abundó Rivera.

“La cantidad de [emisiones] fugitivas que pudiese generarse en el edificio depende de cuánto tiempo permanece el producto en la facilidad. Siempre se va a retener algo y ese algo es lo que no queremos que salga”, elaboró.

El ingeniero recalcó que cada empresa opera distinto aunque use el mismo compuesto, lo que afecta el cálculo de la fuga de emisiones. Por ejemplo, las empresas que son contratadas para esterilizar instrumentos quirúrgicos, como Steri-Tech y Customed, Inc., son propensas a registrar más emisiones que aquellas que usan el compuesto solo para su inventario, como Medtronic.

En el estudio de riesgo se consideró cuán cerca están las comunidades a las esterilizadoras y el potencial de fuga de emisiones, indicó el perito. Ilustrar el alcance de esas emisiones es complicado porque, en vez de usar una ubicación precisa, como una chimenea, se utiliza el edificio completo como “hot spot”, lo cual distribuye el potencial de emisiones por toda la instalación.

“Cuando tú modelas eso, tiene un efecto bastante significativo en cuanto a determinar el riesgo. Yo entiendo que ese detalle, [en] facilidades como Medtronic, que tiene tres edificios, tiende a proveer un riesgo más alto de la cuenta”, agregó el ingeniero.

Medtronic realiza operaciones de esterilización desde 1998. En diciembre de 2019, tras una inspección de la EPA, se emitió una notificación de violación por no someter los informes bianuales de exceso de emisiones y muestreo continuo. Foto por Joaquín A. Rosado Lebrón | Centro de Periodismo Investigativo

El análisis de alcance de estas emisiones está sujeto a los datos que las mismas compañías proveen, destacó Rivera.

Para reducir las emisiones de las chimeneas al 99.99 %, Rivera explicó que algunas de estas empresas están en proceso de instalar o ya han instalado nuevos equipos de remoción y control, como reactores de cama seca, depuradores húmedos y oxidantes catalíticos. Pero, la fuga de emisiones no se atiende igual. Según el ingeniero, los cuartos de esterilización deben estar bajo presión negativa para evitar escapes.

El químico Osvaldo Rosario explicó que, a menos que la empresa cuente con el equipo necesario para mantener un monitoreo constante, es difícil recopilar evidencia de estos tipos de escapes porque químicos como el óxido de etileno no permanecen mucho tiempo en el ambiente.

“Donde quiera que se usan materiales como este, hay ese riesgo e inevitablemente, tarde o temprano, habrá un escape, por un mal sellado o un error del equipo de control”, sostuvo el ex profesor del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico.

No obstante, aunque estos equipos estén instalados, no se pueden usar hasta que no se completen las pruebas de alcance de eficiencia y se corrobore bajo qué condiciones se pueden utilizar, explicó el ingeniero de la CEPD.

Antes de realizar la prueba, explicó Rivera, la empresa esterilizadora tiene que contratar una compañía que prepare el protocolo para las pruebas con todos los pasos que van a realizar para cumplir con la Ley Federal de Aire Limpio. Estas pruebas se pueden realizar dentro de una semana, mientras que el informe de resultados puede tardar entre 45 a 60 días en finalizar.

Estos informes deben pasar primero por la revisión y aprobación de EPA y, entonces, se entregan al DRNA para que dé el visto bueno a los permisos de construcción y operación, que establecen los límites de función de la esterilizadora.

Tras la aprobación de la Ley 171 de 2018, al DRNA se transfirieron todas las funciones y poderes de la extinta Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales. Estos deberes adoptados incluyen la aprobación de permisos de construcción y operación para instalaciones con fuentes de emisiones, según dispone el Reglamento para el control de la contaminación atmosférica.

Tres años esperando que se pongan en vigor las sanciones

Carmen Heredia Torres, quien vive en la urbanización Vista Bella en Villalba, detrás de Medtronic, dijo que conoce personas que trabajaron en la empresa y han desarrollado cáncer, pero que, al menos ella, no siente olores provenientes de la compañía ni ha tenido complicaciones de salud que pueda relacionar a esa operación.

“Hay químicos que no dan olor, pero son mortales”,  reconoció la residente.

Por otro lado, su vecino Carlos Juan Torres Santiago, quien padeció de cáncer, no le “achaca”  la condición a la compañía. La mayor molestía que le causa esa operación industrial es el ruido que produce.

Medtronic opera en Villalba desde 1974, realiza operaciones de esterilización desde 1998 y actualmente emplea a 1,429 personas directa e indirectamente.

En diciembre de 2019, tras una inspección de la EPA, se emitió una notificación de violación por no someter los informes bianuales de exceso de emisiones y muestreo continuo, ni estatus de cumplimiento con los estándares, no realizar pruebas de eficiencia en 13 oxidantes catalíticos y por tampoco entregar una renovación del permiso de operación.

A pesar de los señalamientos, Medtronic justificó el uso del EtO y dijo que están comprometidos con minimizar los riesgos asociados con el químico.

“Cuando se utiliza de forma controlada, [el] EtO es un método de esterilización seguro, eficaz y necesario. Medtronic se toma muy en serio la salud y la seguridad de nuestros empleados y la protección del medio ambiente y las comunidades en las que operamos. Hemos establecido estándares y procedimientos para trabajar de manera segura y empleamos profesionales de salud ambiental en el sitio que ayudan a garantizar el cumplimiento”, sostuvo la empresa.

Al este de Puerto Rico, en Fajardo, la comunidad más cercana a la instalación de Customed es la urbanización Montemar, con unas 115 casas. Allí tres residentes dijeron al CPI que conocen de vecinos con diagnósticos de cáncer.

Customed, en Fajardo, es una de las empresas que operan en Puerto Rico que se dedican a esterilizar instrumentos quirúrgicos. En ese proceso utilizan el óxido de etileno. Foto por Joaquín A. Rosado Lebrón | Centro de Periodismo Investigativo

Amelia Bacetty, una de esas residentes, confirmó ser sobreviviente de cáncer de mama desde hace diez años, pero le atribuyó el padecimiento a su genética.

Customed opera desde 2005 con 48 empleados en Fajardo. La empresa no estuvo disponible para reaccionar a esta investigación.

Mientras, en el sur, Margarita Pérez Valdivieso, residente de la comunidad La Margarita en Salinas desde 1972, contó al CPI que está en constante exposición a las emisiones de la compañía esterilizadora Steri-Tech, ubicada frente a su hogar, desde su fundación en 1986. Hace más de diez años Pérez Valdivieso presentó querellas ante la desaparecida Junta de Calidad Ambiental (JCA) por los ruidos de las plantas eléctricas y por los olores ácidos y los humos que llegan a su hogar, que ensucian y contaminan su espacio personal, dijo.

La JCA solo atendió la reclamación de ruido y realizaron pruebas que concluyeron que el estruendo superaba los decibeles aceptados, lo que llevó a la construcción de una pared para minimizarlos. Luego del huracán María, contó Margarita Cruz Pérez, hija de Pérez Valdivieso, la empresa cambió la planta eléctrica por una menos ruidosa, pero aún les llegan los gases a la casa.

“Uno no se opone porque están generándole ingreso a personas, pero, ¿por qué no mueven lo que está haciendo daño a un sitio donde no afecte a nadie? Todo esto es monetario, pero te evitas un montón de problemas”, manifestó Cruz Pérez.

Según Andrés Vivoni, gerente general de Steri-Tech, desplazar la maquinaria no cambia el panorama de contaminación.

La compañía se ha expandido y añadió más edificios en el lote frente a la casa de Pérez Valdivieso.

Entre el 10 y 17 de agosto, la EPA realizó un proyecto para recopilar información del alcance de EtO en La Margarita. Recogieron 48 muestras de seis puntos donde distribuyeron los monitores: cuatro dentro de La Margarita, uno en el hospital Sur-Med y otro en la urbanización Valles de Salinas, explicó el ingeniero Rivera.

Michael Regan, administrador general de la EPA, expresó al CPI que esperan recibir los resultados de este proyecto de monitoreo en diciembre.

“A partir de ese momento, revisaremos cuidadosamente los datos y evaluaremos todas las opciones que tenemos a nuestra disposición para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de la salud pública y el medio ambiente. Vamos a organizar otra reunión pública para presentar estos resultados y realmente asegurarnos de que todos entiendan, desde el punto de vista de la transparencia, cuáles serán nuestros próximos pasos en relación con la información de EtO en Salinas”, dijo.

No obstante, a preguntas de este medio, la EPA en Puerto Rico indicó que no será hasta enero cuando se entregue la información recopilada en Salinas y se presenten los resultados a la comunidad, debido a los recesos laborales de diciembre.

Actualmente, Steri-Tech emplea a alrededor de 44 personas, mayormente de la zona sureste.

En 2019, a raíz de una inspección referida por la EPA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) sancionó a la empresa con una multa de $12,600 por exposición de diez empleados a óxido de etileno.

Y, en junio de 2021, Steri-Tech recibió una notificación de violación por parte de la EPA por realizar pruebas de rendimiento que no reflejaron la cantidad exacta de emisiones de óxido de etileno ni someter un permiso de construcción ante el DRNA para un cuarto de aireación y la instalación de un generador, entre otros incumplimientos.

Lucía Fernández Fontán, jefa de la División de Muestreo de Aire, Validación y Manejo de Datos del Área de Calidad de Aire (ACAi) del DRNA, dijo que esperan por la determinación de EPA para saber cómo se procederá con la multa de la violación. Según la funcionaria, es posible que se realice una negociación en la que se reduzca la multa o que la compañía se comprometa en conseguir equipos de control para manejar las emisiones.

El DRNA dijo que no se involucra directamente con esta notificación de violación por ser resultado de una inspección que EPA realizó, confirmaron por separado Fernández Fontán y Amarilys Rosario Ortiz, gerente del ACAi.

A un año del señalamiento, todavía están en proceso de negociación entre los abogados de la EPA y la planta para determinar si las violaciones siguen en efecto y cuáles serían las acciones que tomará la agencia federal, dijo Guerrero Pérez.

El dueño de la operación, Jorge Vivoni, dijo que tiene un compromiso con la comunidad para atender estas quejas.“Díganos cuáles son las molestias para nosotros estar enterados y actuar sobre ellas. Lo de nosotros es vivir en convivencia con los vecinos, que son los de aquí”, expresó.

En julio, el DRNA emitió un permiso de construcción a Steri-Tech sujeto a que se incluyeran más controles de las emisiones de EtO, dijo Leimarys Delgado, jefa de la División de Permisos e Ingeniería en DRNA.

Steri-Tech impugnó el permiso condicionado amparándose en que la empresa está cobijada por el reglamento vigente que solo les exige controlar el 99% de las emisiones del químico. A pesar de eso, la empresa se comprometió a invertir en el equipo de control necesario para alcanzar el 99.99 %, dijo Alex Rivera de la EPA.

El DRNA no aclaró si la empresa ya hizo las modificaciones solicitadas. No obstante, en una reunión comunitaria en agosto, Andrés Vivoni de Steri-Tech insistió en que los nuevos equipos de control se instalaron y esperan por la aprobación del permiso para utilizarlos. Tres representantes de la Asociación de Residentes de La Margarita, Wanda Ríos, Elsa Modesto y Miriam Santiago, visitaron los predios y validaron la instalación de los equipos.

Rosario Ortiz señaló que también se emitieron modificaciones a los permisos de construcción y operación de Edwards Lifesciences y Medtronic Villalba para incluir mejoras a los controles de emisión de óxido de etileno de manera que cumplan con los Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos para estas instalaciones. La funcionaria indicó que estas nuevas normas se publicarían en 2023 y se abrirá a comentarios de la ciudadanía.

De acuerdo con el químico Osvaldo Rosario, “cualquier compañía que vaya a comenzar operaciones que usen sustancias que hacen daño a la población, no debe estar cerca [de comunidades] ni en regiones donde haya inversión atmosférica, donde el aire se vaya a estancar”.

A modo de solución para asegurar el cumplimiento estricto de estas empresas, Rosario recomendó que las comunidades presionen a las agencias reguladoras, como OSHA, EPA y DRNA, para que fiscalicen, inspeccionen y monitoreen a las empresas esterilizadoras y exigir instalación de equipos de monitoreo de las emisiones cerca de las   comunidades para asegurar que los niveles estén bajo los límites.

Exhortó a las comunidades que sean “activas en tomar parte en ese proceso de monitorear la calidad del ambiente al que están expuestos porque DRNA no da a basto porque está limitado en todo”.

Las siete compañías que emiten EtO están ubicadas en zonas residenciales o comerciales, corroboró el CPI en visitas a los cuatro municipios donde están las principales empresas que EPA identificó con mayor emisiones y con vistas aéreas en mapas para las tres restantes.

 

Europa limita el EtO mientras en América incrementa su uso y producción

Según el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos, el uso de óxido de etileno en la Unión Europea está permitido solo para esterilización de equipos médicos, pero está prohibido como pesticida de plantas desde 1991 y para producción de alimentos desde 2011 por ser cancerígeno y genotóxico, es decir, que puede causar alteraciones a nivel genético.

No se permite un valor mayor de 0.1 mg/kg o 0.05 partes por millón en alimentos. Por tal razón, en agosto de 2020, cuando el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, en inglés) encontró la presencia de 1,000 veces el límite del residuo de EtO en semillas de sésamo importadas de India, se retiraron de la Unión Europea, según establece un informe del 2020 del RASFF.

La compañía Oxiteno, fundada en 1970, tiene instalaciones manufactureras de este compuesto químico en Brasil, México y Uruguay.

Y, en Estados Unidos, se usa como fumigante en la agricultura y la esterilización de equipos médicos, según la OSHA. El óxido de etileno está entre los 25 químicos más producidos en ese país, con una capacidad de producción actual de aproximadamente 6,100 millones de libras por año, indican los CDC.

Según datos del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI, en inglés), Puerto Rico se ubica entre los primeros 10 estados o territorios con mayores emisiones de EtO en los pasados diez años.

Múltiples los químicos que van a parar al aire en Puerto Rico

Además del EtO, las diez emisiones de industrias manufactureras más comunes en Puerto Rico incluyen el ácido sulfúrico, amonia, diclorometano, ácido hidroclórico, sulfuro de hidrógeno, n-Hexane, éteres de glicol, estireno, metanol y acetonitrilo, según la EPA.

El Perfil de Emisiones Tóxicas 2016 de Puerto Rico, publicado en 2018 por el Instituto de Estadísticas, explica que el que “una sustancia sea la más emitida no necesariamente la hace la más dañina”. El riesgo depende del tipo de sustancia, el grado y la duración de la exposición.

Además del óxido de etileno, la empresa Edwards emite otros compuestos entre los cuales se destaca el diclorometano, que se vincula con síntomas semejantes a los que causa el EtO y también con cáncer de pulmón.

Aunque estos químicos se pueden identificar en las instalaciones, el total de emisiones liberadas al aire de cada compañía no aparece en el TRI porque no se les requiere someter los datos si no cumplen con ciertos requisitos establecidos por la EPA, dijo Rivera de CEPD. El funcionario añadió que Medtronic, por ejemplo, no aparece en el TRI porque no es una esterilizadora a nivel comercial, sino que solo utilizan el óxido de etileno para su inventario.

Michael Regan, administrador de la EPA, afirmó estar dispuesto a usar las capacidades de cumplimiento de la agencia federal para obligar a que estas industrias cumplan con estos informes.

“Cualquier lugar en el que veamos o pensemos que tenemos una violación de la ley o emisiones que excedan el umbral de salud, lo cuestionaremos a fondo. Ahora estamos trabajando con las comunidades para identificar esas fuentes de contaminación y podemos realizar inspecciones de rutina y no rutinarias para determinar si están en violación”, dijo en un aparte con el CPI durante una visita a Puerto Rico en julio.

Si hay violaciones, añadió Regan, la EPA tomará medidas incluso si las autoridades estatales, y locales no lo hacen.

“Tomaremos las medidas apropiadas en función de la infracción y que van desde una sanción financiera hasta cerrarlas. Nuestro objetivo es proteger a todas las comunidades de este país”, sostuvo.

Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI y fue posible en parte gracias al apoyo de Open Society Foundations.