Foto suministrada por el municipio de San Juan
La Oficina del Inspector General alertó a la agencia que no podía contratar con la organización cuyo socio incorporador fue convicto federal por malversación, algo que reveló el CPI en septiembre.
Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo
En una plataforma para encontrar empleo, Camila Sánchez-Longo e Ivelisse Méndez solicitaron trabajo en la Escuela Pública Alianza para las Culturas Internacionales y las Artes en un Programa Dual (EPACIAD) que ofrecía un salario anual de $40,000. Una maestra del sistema de enseñanza público gana alrededor de $33,000 al año, por lo que la atractiva oferta impulsó a estas educadoras a renunciar a sus trabajos sin sospechar que dos meses más tarde quedarían sin empleo luego que el Departamento de Educación (DE) cancelara el contrato de la escuela.
El 6 de octubre de 2022, Educación canceló el contrato o carta constitutiva de la que sería la filial de la South Bronx Charter School for International Cultures & the Arts (SBCSICA) en Puerto Rico. La terminación del acuerdo ocurrió luego de que la Oficina del Inspector General (OIG) ordenó a la agencia “a mostrar causa sobre la otorgación del contrato”, 20 días después de que el CPI revelara que esa charter tuvo señalamientos de la Oficina del Contralor de Nueva York y que un incorporador de la Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico (NAICA-PR), Richard Izquierdo Arroyo, se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en Nueva York. NAICA-PR sería la organización sin fines de lucro que administraría la EPACIAD.
La OIG pidió a Educación que le argumentara la razón por la cual formalizó un acuerdo con esta corporación sin fines de lucro que, según los estatutos del Gobierno de Puerto Rico, tenía “el impedimento o inhabilidad permanente” de recibir contratos gubernamentales por tener un socio incorporador exconvicto. Además, la OIG pidió al DE demostrar las razones por las cuales no debía “proceder con emitir resolución y orden declarando la nulidad del contrato”.
Richard Izquierdo Arroyo es uno de los incorporadores de Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico, Inc.
Foto oficial de la página de NAICA-NY
El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEBDI), adscrito a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ya le había cedido en alquiler a NAICA-PR la Escuela Jesús María Quiñones de Santurce, que había sido cerrada en 2017. Al momento de la cancelación del contrato la entidad neoyorquina no la había habilitado.
A este trasfondo se suman las evaluaciones condicionadas que recibieron por parte del Comité Asesor de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA) casi todos los planes sometidos por la South Bronx Charter a finales de noviembre de 2021, según se desprende del resumen de recomendación que sometió el Comité. De los cuatro planes sometidos por la organización con sede en Nueva York, sólo el financiero cumplió el estándar pese a que la rúbrica del CPA Hans R. Mercado González destacó que no proveyeron estados financieros o bancarios desde la fecha de incorporación de la entidad. Incluso, Mercado advirtió que “los aspectos importantes del plan académico y operacional están parcialmente considerados en la plantilla de presupuesto, lo que no garantiza que la implementación de estos planes ocurra en su totalidad”.
En cuanto al plan académico, los señalamientos surgieron porque la solicitud no contenía una descripción de los retos, necesidades y desafíos académicos de la población a servir con datos recientes de su perfil sociodemográfico. La entidad falló en especificar cómo atendería a estudiantes aprendices de español e inmigrantes. Tampoco presentó un protocolo para atender incidentes disciplinarios, ni el cupo por salón y tope de matrícula.
La South Bronx Charter no llevó a cabo actividades de consulta entre la comunidad de barrio Obrero en Santurce, donde pretendía abrir su filial en la Escuela Jesús María Quiñones. El CEDBI le notificó al Departamento de Transportación y Obras Públicas, titular de la escuela cerrada, sobre la cancelación del contrato de NAICA-PR para que no formalizara el arrendamiento del plantel con la organización.
El proyecto educativo se pretendía ubicar en la Escuela Jesús María Quiñones, en Santurce.
(Foto: Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)
Asimismo, el Comité condicionó la aprobación del plan operacional a que la organización actualizara la información sobre los roles y responsabilidades de cada miembro de la Junta Escolar y sobre cómo determinarían los salarios y aumentos del personal docente y no docente.
El grupo asesor de la OEPA lo integran el catedrático auxiliar Carlos Marichal Lugo y la instructora María I. González Resende, ambos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Bayamón; la profesora asociada del Recinto Universitario de Mayagüez, Rebecca Orama Meléndez, la decana interina del Departamento de Educación del Recinto de Río Piedras, Mayra Chárriez Cordero; y la decana de la Pontificia Universidad Católica, Ana Báez Rodríguez.
A principios de agosto de 2022, NAICA-PR firmó contrato con el DE y a mediados de ese mes Sánchez-Longo y Méndez tomaron talleres sobre el modelo educativo de la entidad tras firmar una carta de oferta de empleo. Desde septiembre se reportaron en la Casa Dominicana en Santurce, donde “no podíamos hacer planificación cuando no teníamos libros ni currículo. Nunca se nos dio un currículo ni un manual de empleados”, relató Sánchez-Longo al CPI.
Méndez y Sánchez-Longo firmaban hojas de asistencia para recibir su paga bisemanal, pero nunca recibieron un contrato para formalizar su empleo con la Escuela Alianza. Cada vez que cuestionaban al principal o al gerente de operaciones sobre cuándo comenzarían las clases ninguno podía ofrecer respuestas claras asegurando que no tenían comunicación continua con la directora ejecutiva de la South Bronx Charter y firmante del contrato con el DE, Evelyn Hey.
No fue hasta el 15 de septiembre que Hey reunió al personal en la Casa Dominicana para solicitarles que crearan un calendario escolar que “impresionara” al DE, contó Méndez, “para trabajar hasta los sábados, comenzando clases en octubre”. Luego, hicieron un inventario de muebles y equipos donados para la escuela alianza por parte de la Escuela Superior Monsignor Scanlan de Nueva York.
Después de estas tareas, Méndez aseguró que “nos dejaron en el limbo”. Aunque Educación notificó la cancelación del contrato el 6 de octubre, no es hasta el 16 de ese mes que Hey se comunicó por videollamada con el personal contratado para informar que “no se pudo dar [la apertura de la escuela]. Lo lamentamos y estamos muy decepcionados”.
Una compañera maestra preguntó a Hey si vislumbraba abrir la escuela más adelante pero su respuesta fue que “Puerto Rico no está listo para cosas mejores”, recordó Sánchez-Longo.
Méndez, quien había renunciado como maestra preescolar en un centro Head Start donde laboraba hace cinco años, pudo recuperar ese empleo.
Al momento de la cancelación del contrato, EPACIAD tenía contratados a un principal, un gerente de operaciones, una instructora, un asistente y cinco maestras. Nunca recibieron una notificación escrita de la terminación de empleo que Hey les informó por videollamada.
