Por redacción de Sin Comillas
“Es esencial que Luma permanezca como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica para continuar encaminando el proceso de reestructuración de la deuda de $9,000 millones de la AEE bajo el Título III, así como para evitar resultados negativos severos para Puerto Rico”, defendió Omar Marrero, presidente de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
Marrero, junto al gobernador Pedro R. Pierluisi y Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de la AAPP, informaron que tanto la Junta de Directores de la AAPP como en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobaron la extensión del periodo del acuerdo suplementario bajo el cual la empresa Luma funge como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla.
Advirtieron que la cancelación del contrato podría costar entre $300 millones y $600 millones en lo que un nuevo proceso de APP se lleva a cabo. Además habría que hacer frente a posibles costos de litigación relacionados al cargo de terminación del contrato.
Fontanés Gómez apuntó que, “en un principio, el acuerdo suplementario se firmó como una medida provisional con el propósito de otorgar un periodo de 18 meses para la culminación de la reestructuración de la deuda de la AEE. Al día de hoy, dicho proceso no ha culminado, y es fundamental dar continuidad a los planes y trabajos de reconstrucción que ya se han comenzado. Ese es el objetivo y compromiso de todas las partes”.
La extensión de contrato no representa “una nueva transacción creando una alianza público-privada para la administración de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es cuando la Junta de Directores de la Autoridad de las APP tiene ante su consideración una transacción de esta naturaleza que la Ley 120 del 2018 que regula la transformación energética en Puerto Rico requiere el voto afirmativo de los miembros de su Junta que representan el interés público. La extensión del acuerdo suplementario obliga a Luma a continuar administrando y mejorando el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico hasta tanto la AEE complete su proceso de reestructuración de deuda, el cual se está llevando a cabo ante el Tribunal federal conforme al Título III de la Ley Promesa. Los términos del acuerdo y la compensación de LUMA se mantendrán igual que al presente durante ese periodo de tiempo”, explicó Pierluisi.
El proceso de la quiebra de la AEE puede acabar de dos formas. Por un lado, el Tribunal puede confirmar un plan de ajuste de deuda para la AEE y entrarían en vigor todas las disposiciones del contrato de 15 años entre la Autoridad de las APP, la AEE y Luma que se firmó a mediados del 2020. En ese momento, cambiará la cuantía del pago a la empresa y se establecerá un sistema de bonificaciones o penalidades a Luma a base de su desempeño.
Si el Tribunal desestima la petición de quiebra, Luma tendría que continuar rindiendo sus servicios conforme a un plan de transición que ya ha sido acordado por las partes y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.
“La reconstrucción del sistema de energía eléctrica está encaminada y no puede detenerse. Es un servicio esencial que tiene que ser transformado. Además, es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de la isla. No hay espacio para mirar hacia atrás. Puerto Rico necesita seguir moviéndose hacia soluciones que representen y resulten en cambios reales y cuantificables. Solo así lograremos llevar nuestra red eléctrica al nivel óptimo que todos los puertorriqueños merecemos”, reclamó Fontanés Gómez.
El gobernador recordó que aún con esta extensión, a Luma se le puede cancelar el contrato si incumple sustancialmente con sus obligaciones y que no corrige ese incumplimiento en el tiempo establecido en el contrato. Igualmente, el Negociado de Energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a Luma si su desempeño se aparta de las mismas o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico.
