Por redacción de Sin Comillas

Durante los dos primeros años de pandemia de COVID-19, la mayoría de los gobiernos no estaban preparados, fueron demasiado lentos en responder a la crisis y prestaron poca atención a los más vulnerables, una cadena de fallos que costó la vida a 17.1 millones de personas. Algunas de esas muertes se podrían haber evitado, según un Informe de la Comisión de The Lancet, elaborado por 28 expertos.

Los expertos mundiales advierten que los esfuerzos por combatir la crisis sanitaria se vieron obstaculizados por la falta de cooperación internacional y por una “epidemia de desinformación”. La OMS tardó en declarar la pandemia y en reconocer que el virus se transmitía a través del aire.

La publicación del informe coincide con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afirma que el final de la pandemia está cerca y pide a los gobiernos reforzar sus políticas contra la COVID-19.

El informe también critica las respuestas de los países a la pandemia, “aisladas, desiguales y con efectos socioeconómicos y sanitarios devastadores” y que se vieron agravadas por las campañas de desinformación en los medios de comunicación y por la falta de confianza social.

El informe destaca la cooperación mundial que permitió desarrollar múltiples vacunas en un tiempo récord, las ayudas del gobierno para apoyar financieramente a los hogares y las empresas y las ayudas de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

También incluye recomendaciones para poner fin a la pandemia y afrontar futuras crisis, pero advierte que cualquier esfuerzo será inútil sin una cooperación internacional que gire en torno a una Organización Mundial de la Salud (OMS) “reformada y reforzada” e inversiones que refuercen los sistemas sanitarios y pongan especial atención a los más vulnerables. El informe también critica las respuestas nacionales a la pandemia, “aisladas, desiguales y con efectos socioeconómicos y sanitarios devastadores”.

Para controlar definitivamente la pandemia, la Comisión propone que todos los países adopten una estrategia que combine la vacunación generalizada con medidas de prevención de salud pública y las medidas financieras adecuadas.

Frente a futuras amenazas pandémicas, aconseja reforzar los sistemas sanitarios de los países, mejorar la vigilancia y el seguimiento, proteger a los grupos vulnerables y crear entornos escolares y laborales más seguros invirtiendo en ventilación y filtración. Hacerlo costaría unos $60,000 millones anuales, lo que representa el 0.1% del Producto Interior Bruto de los países de renta alta.