David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal presentó una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el propósito de anular la Ley de Reforma Laboral (Ley 41-2022).
La ley entró en vigor el pasado 20 de julio, excepto para las microempresas, y los pequeños y medianos comerciantes cuya vigencia empieza el 18 de septiembre. La ley disminuye el periodo probatorio y restablecen las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.
La Junta sostiene que la Ley 41 “derogaría incluso las limitadas reformas laborales recientes destinadas a aumentar el empleo y mejorar la economía, y en su lugar añadiría requisitos de la legislación laboral que afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico”.
Según un análisis económico de la Junta, la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, que provocaría la pérdida de empleos, una mayor emigración, menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales. “La Ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial”, señala la Junta, que acusa al Gobierno de promulgar la ley “sin sopesar plenamente su efecto”.
“Al promulgar la Ley 41, el Gobierno hizo caso omiso al Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y a las advertencias previas de la Junta de Supervisión de que la Ley incumple con PROMESA”, añade en un comunicado.
Durante la firma de la Ley, Pierluisi dijo que la Junta se equivoca al decir que es incompatible con la ley PROMESA y aseguró que es una especulación afirmar que la ley afectará negativamente la participación laboral y el crecimiento económico.
