Ingrid Vila Biaggi, presidenta de Cambio. (Foto suministrada)

Por redacción de Sin Comillas

Cambio, una organización sin fines de lucro que promueve políticas y acciones sostenibles, solicitó a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) información sobre el contrato de Luma Energy y los servicios ofrecidos. “Los documentos provistos por P3 validan que Luma ha estado campeando por su respeto, negándose a proveer información y datos básicos solicitados por la P3, en clara renuencia de la empresa a rendir cuentas”, comentó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de Cambio.

Los documentos recibidos muestran que la Autoridad P3 ha enviado 16 solicitudes de información a Luma desde que la empresa tomó control del sistema eléctrico en junio de 2021. Nueve de ellas fueron durante los primeros dos meses de operación.

“La documentación también valida la timidez y laxitud del gobierno en exigir cumplimiento con las solicitudes presentadas a Luma. Luma no ofrece la información y la P3 simplemente deja de dar seguimiento al asunto, abdicando en su deber de fiscalizar para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, dijo Vila Biaggi.

“En lo que va de 2022, la Autoridad P3 apenas envió tres solicitudes de información a LUMA. Ante las deficiencias constantes del servicio que mantiene a la ciudadanía abatida por los apagones y fuegos, estas acciones son insuficientes y muestran un abandono del gobierno en su deber. Por su parte, las respuestas de Luma a la agencia siguen el patrón de arrogancia y evasivas que muestra públicamente”, añadió Vila Biaggi.

Mencionó como ejemplo que, en junio de 2021, durante un periodo con un nivel altísimo de apagones y quejas de alcaldes, ciudadanos y otros sectores, la Autoridad P3 solicitó estadísticas diarias sobre las interrupciones del servicio, tiempos de restauración, servicio al cliente y las brigadas regionales, pero Luma se negó a proveer los datos solicitados. La compañía adujo que la solicitud representaba una “carga excesiva”.

También se negó a proveer acceso a uno de sus centros de llamadas a una delegación de legisladores y un representante de la Autoridad P3. Tampoco quiso dar información sobre la localización de estos centros de llamada.

“Por esto no sorprenden las expresiones recientes de la administración indicando que no hay incumplimiento de contrato, pues el gobierno simplemente no ha hecho su trabajo de fiscalización. Lo que hay que preguntarse es si esta falta de fiscalización es por diseño para imposibilitar una determinación de incumplimiento que active el procedimiento de cancelación. Continuamos viendo el patrón de buscar favorecer a Luma por encima de los mejores intereses del pueblo”, sostuvo Vila Biaggi.

Cambio explica que el gobierno tiene la opción de cancelar el contrato en noviembre, pues la relación actual entre Luma y el gobierno se rige por un “Acuerdo Suplementario” al contrato. Este Acuerdo Suplementario vence automáticamente en noviembre, si no hay un plan aprobado para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a menos que la Autoridad P3 solicite una extensión y tanto Luma como la AEE lo avalen. Si el Acuerdo Suplementario vence sin extensión, ello significaría la terminación del contrato de LUMA e iniciaría un periodo para que la empresa salga de la isla.

Según Cathy Kunkel, gerente del programa de energía de CAMBIO, sería importante establecer por ley, antes de noviembre, una nueva estructura de gobernanza pública que sustituya a la AEE y sirva como sucesora de Luma y desistir de privatizar el sistema. “Dado el fracaso con Luma, traer a otra compañía sin conocimiento del sistema y sin empleados capacitados sería una locura”, indicó Kunkel. “Bajo una nueva estructura pública participativa y democrática, los empleados especializados que quedaron desplazados por la privatización y que hoy son subutilizados en otras agencias tendrían la opción de regresar con todos sus derechos adquiridos anteriormente”, añadió.