Por redacción de Sin Comillas

La transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) actualmente vigente en Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SPAN) significará un aumento en asistencia nutricional de aproximadamente $2,600 millones en el año fiscal 2023 a $4,500 millones en el 2031, según un análisis del Centro para una Nueva Economía (CNE).

El CNE explica que con SNAP, el número de beneficiarios aumentaría entre un 9 y un 12% (dependiendo de las normas que se adopten); y la cantidad máxima de beneficios sería mayor, en algunos casos podría ser el doble de la cantidad actual. Sin embargo, algunos grupos de beneficiarios del PAN podrían perder la elegibilidad para la asistencia nutricional o calificar sólo para beneficios menores. Además, el SNAP tiene un requisito de trabajo para los participantes de entre 16 y 59 años.

Según el estudio, el aumento del gasto en nutrición tendría un efecto multiplicador de ingresos positivo en la economía local, tanto en el sector de la venta de alimentos como en el sector agrícola local, así como un impacto positivo en el empleo general.

Sergio M. Marxuach, director de Política Pública y autor del análisis, explica que, por otro lado, los costos de implementación podrían superar los $400 millones en un periodo de 10 años, en un momento en que la Junta de Control Fiscal ha estado recortando los presupuestos de todo el gobierno.

El gobierno de Puerto Rico tendría que prepararse para la implementación de varios componentes del SNAP que actualmente no operan en Puerto Rico, como el programa de Empleo y Capacitación del SNAP (“SNAP E&T”); el programa de Educación Nutricional del SNAP (“SNAP-Ed”); y el SNAP para Desastres.

El PAN no impone ningún requisito de trabajo. Sin embargo, el SNAP tiene un requisito de trabajo general para todos los participantes del SNAP de entre 16 y 59 años que no cumplan con los criterios federales de exención, así como un requisito de trabajo específico para los Adultos Físicamente Capaces sin Dependientes (“ABAWD” por sus siglas en inglés). El gobierno de Puerto Rico tendría que implementar estos requisitos de trabajo en el marco del SNAP. En la mayoría de los casos, el incumplimiento de los requisitos de trabajo resulta en la pérdida de la elegibilidad para el SNAP.

Marxuach señala que, “los beneficios de implementar el SNAP en Puerto Rico superan los costos, siempre y cuando se tomen medidas adecuadas para tratar de proteger a, o reducir el impacto sobre, aquellos que puedan verse afectados negativamente por la transición del PAN al SNAP. En una transición como la que se propone, siempre habrá ganadores y perdedores, pero debemos tratar de minimizar las consecuencias negativas que enfrentarían grupos particulares”.

Además, concluye que otro argumento a favor de extender el SNAP para Puerto Rico es poner fin a la discriminación del Congreso contra los residentes de Puerto Rico en la aplicación de los programas de asistencia nutricional.

CNE ha abogado durante años por una transición del PAN al SNAP, al igual que por un acceso equitativo a otros programas federales incluyendo Medicaid, SSI y el Crédito por trabajo.